Fiscales del Supremo piden a García Ortiz que actúe contra los "ataques" de Junts a los jueces

Un total de 21 fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo se han vuelto a dirigir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la referencia al 'lawfare' (persecución judicial sin fundamento del opositor político) presente en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts. Si en el primero reclamaban una defensa de los fiscales del 'procés', en este le piden que "sin más dilación" adopte las "medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales" de los "ataques" a jueces.

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En su escrito, los fiscales del Supremo muestran su "más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas" por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, "contra varios magistrados del Tribunal Supremo, del Constitucional y altos funcionarios de la Guardia Civil, así como contra varios periodistas, a los que señala por haber actuado profesionalmente por motivos políticos e ideológicos en algunos procesos judiciales en los que han intervenido".

En opinión de la cúspide de la carrera fiscal, esos comentarios "no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática.

La veintena de fiscales firmantes entiende que García Ortiz debe actuar por lo establecido en el artículo 124.1 de la Constitución, que declara que “el ministerio fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. Añaden que esa obligación también se recoge en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

"La sujeción a ese mandato constitucional y estatutario", explica el escrito, les obliga a reclamar al fiscal general a que "proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales, y a que adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones ya referidas".

El fiscal general rechazó en un primer momento salir en defensa de los fiscales del 'procés', lo que motivó un primer escrito de los representantes del ministerio público del Supremo, al que luego se sumaron los de Anticorrupción. Finalmente el pasado día 11, en la junta de Fiscales Superiores de toda España, celebrado en A Coruña, García Ortiz aseguró “de manera solemne” y de forma expresa que defenderá “como corresponde a la más alta representación de esta institución, a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el 'procés' independentista de Catalunya”.