Los conservadores del CGPJ fuerzan al pleno a pronunciarse sobre las comisiones parlamentarias

Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrados en su día a propuesta del PP, con excepción del actual presidente del órgano, Vicente Guilarte, le han pedido que incluya en el orden del día del pleno del próximo día 21 un pronunciamiento sobre los ataques realizados a jueces y magistrados, lo que sin duda entra dentro de las funciones habituales del órgano de Gobienro de los jueces, pero la propuesta también incluye un análisis de las relaciones entre el Poder Judicial y el resto de poderes del Estado, así como sobre la legalidad de las comisiones de investigación.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los vocales firmantes proponen al presidente del CGPJ que incluya un nuevo punto en el orden del día del último pleno ordinario de 2023, para realizar un "examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado", tras los que añaden la "legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces".

Los vocales firmantes justifican su petición en "el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial".

Por ello, dicen en su escrito, "exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho". Para ellos no es suficiente el compromiso de la Comisión Permanente de permanecer vigilante sobre el desarrollo de esas comisiones. Tampoco lo fue para los vocales que forzaron ese pronunciamiento, que salió adelante gracias al voto de calidad del propio Guilarte, que, según el Reglamento del Consejo, prácticamente está obligado a incluir el punto en el orden del día del pleno. Si se hubiera solicitado una vez vez ya comenzada la reunión, habría hecho falta la unanimidad de todos los vocales.

Reunión pospuesta

La petición firmada por los vocales José María Macías, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea, no menciona la reunión que este martes suspendió el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que finalmente se realizará el próximo día 19.

La decisión de Marín Castán respondía al malestar que habían producido en el Supremo los ataques que desde la tribuna del Congreso había efectuado la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, contra el expresidente del alto tribunal Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el instructor del 'procés, Pablo Llarena, y la magistrada Carmen Lamela, que instruyó el procedimiento que se siguió en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que acabó siendo absuelto.

Los ataques de Nogueras llamándoles "personas indecentes" y reclamando su enjuiciamiento se produjo precisamente en el debate para la constitución de las comisiones de investigación del presunto espionaje con Pegasus, de los atentados del 17-A y de la "Operación Cataluña". Entre los jueces que citó también estaba la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, cuyos compañeros han acordado este jueves por unanimidad "hacer constar en acta el apoyo y solidaridad" con ella, de la que dicen que "siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial". El pleno del TC también ha mostrado "su preocupación por el cuestionamiento que se ha producido de forma pública, en el ámbito parlamentario".

En la comisión celebrada por Pegasus en el Parlament se citó a declarar al magistrado del Supremo encargado del CNI, Pablo Lucas, que cuando excusó su asistencia por tratarse de información clasificada, fue advertido de que podía incurrir en responsabilidad penal y se le adjuntó una fotocopia del Código Penal.

Las palabras de la portavoz de Junts hicieron que el presidente del Supremo y el del CGPJ hicieran públicos sendos comunicados en los que el primero denunciaba que el ataque "carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho", y el segundo, lo calificaba de "señalamiento" y decía que "resulta inadmisible en un Estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes".

El ataque a los jueces ya ha sido denunciado ante Bruselas, aunque esta vez no ha sido por los vocales. La vicepresidencia de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, envió este jueves sendas cartas al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la comisaria de Estado de Derecho, Vera Jourova, para que intervengan y eviten el ataque que "sin precedentes" que, a su juicio, se está cometiendo en España contra la independencia de los jueces y la separación de poderes en España, con la creación de comisiones parlamentarias contra lo que se ha denominado 'lawfare'.