Las preocupaciones de las zonas costeras el 28M: la mejilla y la gestión del litoral

El 28 de mayo los gallegos irán a las urnas para elegir alcaldes y habrá quienes acudan a votar con la mente puesta en sus condiciones laborales, como es el caso de los vecinos de las zonas costeras de Galicia.

Principalmente son dos las cuestiones que inquietan a los trabajadores del mar en la actualidad: la crisis de la mejilla que enfrenta a bateeiros y percebeiros, por un lado y, por otro, la gestión del litoral con la supuesta amenaza de cierre de empresas del sector mar-industria.

El conflicto por la mejilla, la cría del mejillón, ha sido una de las preocupaciones de las candidaturas municipales en las agrupaciones de todos los colores políticos de las zonas de Arousa (Pontevedra) y O Barbanza (A Coruña).

Por ello, muchos de los partidos han consensuado parte de su programa electoral con cofradías para, entre las promesas de cara al 28M, hacer un hueco a la "especial atención" que merece el sector y su importancia en las economías locales.

De hecho, esta pugna entre bateeiros y percebeiros se ha trasladado a discrepancias entre las cúpulas autonómicas de los partidos y las agrupaciones locales como se ha visto, por ejemplo, en la ría de Arousa, donde algunos de los dirigentes y alcaldables del Partido Popular han optado por posicionarse públicamente del lado de los trabajadores del mejillón y contra las restricciones impuestas por la Xunta.

Situación contraria a la dada en los municipios costeros de Costa da Morte (A Coruña), en la que los principales partidos que concurren a las elecciones -PP, PSOE y BNG- rubricaron manifiestos de apoyo al sector del percebe e incluso dirigentes locales de las formaciones participaron en las concentraciones para proteger las zonas destinadas a la recolección de este crustáceo.

Algo similar sucede con las dudas surgidas respecto a la tramitación de la nueva Ley de ordenación del litoral de Galicia (Lolga), con la que la Xunta dice que busca garantizar el autogobierno pleno sobre la franja costera aunque el Gobierno la ve inconstitucional; y la Ley de cambio climático impulsada por el Ministerio en Madrid.

El PP asegura que la Ley de cambio climático supondrá un peligro para las actividades económicas relacionadas con el mar, como depuradoras de marisco, plantas acuícolas o conserveras, y, por ese motivo, dice que afectará a muchas empresas de la costa gallega.

En este caso, son los alcaldes y candidatos socialistas los que evidenciaron el malestar de empresarios, trabajadores y vecinos de sus respectivas localidades y los que hicieron que la dirección gallega del PSdeG, a un mes de los comicios locales, anunciase que su formación política apoyará en el Parlamento la tramitación de la norma autonómica.

Al dar el paso de respaldar una propuesta de la Xunta, los socialistas insistieron en que para la formación es más importante "defender los intereses de Galicia" y de las 40.000 familias que viven del sector, que los propios intereses del partido, en referencia a la postura en Madrid, que ve la norma gallega como una invasión de competencias mientras no se reforme el Estatuto de Autonomía y lo incluya de forma expresa.