Centenares de familias gallegas se organizan para vetar el uso del móvil en los colegios

“No podemos normalizar que un niño de doce años, edad a la que entra en el instituto, salga de casa con un teléfono móvil en la mano”, reflexiona Tania Martínez. Siguiendo el caso de Barcelona, ciudad en la que un grupo de padres se unieron para exigir medidas que regularan el uso del smartphone en menores de 16 años, esta profesora viguesa decidió poner a funcionar una red similar en Galicia. Junto a otra compañera creó un grupo de Whatsapp y, lo que empezó siendo una comunidad que albergaba apenas a un par de familias, cuenta diez días después con casi 500 miembros. Martínez explica el éxito a través del boca a oreja. Ahora, para organizarse y elaborar acciones concretas, programan una primera asamblea.

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“Somos un montón de familias las que pensamos parecido. Nos preguntamos: ¿qué podemos hacer para impedir esto? ¿Que herramientas hay?”, indica la profesora. Para ella, intentar buscar una respuesta común es lo que genera conciencia. “Este año ha sido el bum de la información contra las tecnologías en la infancia. La idea ahora es recopilar el conocimiento, ordenarlo y ayudar a las familias para que tengan herramientas”, continúa. La idea, en palabras de Martínez, es “meter presión a las instituciones para que prohíban difinitivamente el uso dentro de los centros, no solo en el aula”. Por lo de pronto, el método pasa por informar a las ANPAs de los colegios de sus hijos para meter presión. “Va muy despacio porque la gente no está informada de todo. Algunos dicen: ¿pero esto qué es?”, explica.

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Primera asamblea en Santiago

Por eso, para organizarse y decidir cómo proceder, programaron una primera asamblea en Santiago de Compostela. Celebrarla en la capital gallega no es casualidad. Hiceron una encuesta por el grupo y comprobaron que gran parte de los integrantes residían en la ciudad o en los alrededores. A la espera de encontrar local y decidir una hora deifinitiva, se celebrará el próximo día dos de diciembre. “Se está haciendo en todas las comunidades autónomas y aquí no podemos quedarnos astrás”, explica. “Hai moitas ideas pero non hai nada en claro. Se queres chegar a algo, tes que empezar a organizarte”, explica Iria, otra de las madres del grupo. Sobre los objetivos de esta reunión antepone, primero, que la gente se conozca. Después, “marcar unhas liñas comúns de actuación”. Para Martínez, la clave también es la organización. Paralelamente al grupo de Whatsapp, gestiona un canal de Telegram en el que, por la estructura de la red, todos los miembros están organizados por provincias.

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Actualmente, Galicia es una de las comunidades –junto a Madrid y Castilla la Mancha– que prohíbe el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Fue en 2015, bajo el mando de Feijóo, cuando la Xunta aprobó mediante decreto el veto de uso en horario lectivo, durante las clases, aunque dejando como posibilidad el uso para “motivos pedagógicos”. Ahora, la Xunta se plantea aplicar medidas todavía más restrictivas. Sanidade es partidaria de ampliar la prohibición, lo que podría afectar, por ejemplo, a los recreos.

Este mismo mes, Alfonso Rueda incidía de nuevo en el tema. “Está sobre la mesa”, confirmó el presidente de la administración autonómica, que aclaró que, en todo caso, esa regulación debe consensuarse con la comunidad educativa y las familias. “Hasta dónde debe llegar la prohibición es algo que deberíamos hablar y ver si se debería prohibir de forma más taxativa”, apuntó el presidente.

En la misma línea, ayer se conocía que el Fiscal de Sala Coordinador de Menores en la Fiscalía General del Estado, la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pedían el apoyo de todos los partidos políticos a un Pacto de Estado para la protección de niños y adolescentes en el ámbito digital, que aboga por limitar los móviles en las aulas, entre otras medidas. En un encuentro con motivo del Día de la Infancia, en el que reclamaron una legislatura “de consenso” en algo “tan sagrado” como garantizar la “salud de la infancia”, lo que pasa, en su opinión, por el mencionado Pacto de Estado. En relación con el uso de los teléfonos móviles, esta propuesta aboga por promover la regulación igual en todas las comunidades autónomas para limitar su uso en los centros educativos y adecuar el uso de otros elementos tecnológicos en el aula por edades.