La Xunta gana el pulso a Moncloa tras el aval del Constitucional a la Lei do Litoral

Finalmente, la Xunta ha salido victoriosa del pulso que mantenía con el Gobierno central con respecto a las competencias sobre la gestión y regulación de usos de la costa gallega. Así es, ya que, de forma unánime, el pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer tumbar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra la Lei do Litoral de Galicia, aprobada en el pasado mes de julio en el legislativo autonómico con los votos a favor del PPdeG y la abstención de los dos grupos de la oposición: BNG y PSdeG.

Los magistrados del tribunal de garantías han avalado, de esta manera, la totalidad de la norma a excepción únicamente de dos preceptos, descartando que la comunidad debiera modificar su Estatuto de Autonomía –como aseveraba Moncloa– para conseguir la transferencias de competencias a fin de otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público marítimo terrestre (DPMT) –la franja de tierra más próxima a la costa–.

Precisamente, esta demanda del Ejecutivo central a la Xunta de modificar su norma institucional básica para asumir estas competencias fue lo que llevó al presidente del Gobierno autonómico a considerar que el recurso presentado por Moncloa obedecía más a criterios políticos que judiciales. “Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Galicia respecto a la ordenación del litoral son exactamente iguales. Por ello, no se entiende el rigor extremo que lleva al Ejecutivo central a recurrir la ley al Constitucional, mientras que al PNV se le dice que la transferencia se puede hacer sin ningún problema”, denunciaba Rueda en noviembre.

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Otra de los puntos que el Gobierno central criticaba sobre la regulación aprobada por el Parlamento gallego era que “las comunidades pueden ir más allá en la protección del litoral, pero nunca a menos en la protección de sus costas”, tal y como apuntaba la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, al explicar los motivos de Moncloa para recurrir esta normativa. El Tribunal Constitucional niega la mayor también a este respecto, ya que los preceptos impugnados por Moncloa no contravienen la normativa estatal y la Lei do Litoral salvaguarda, en su artículo 31, el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley de Costas. Además, los magistrados señalan en su fallo que las facultades del Estado “permanecen incólumes”, como titular del dominio público marítimo terrestre si, en el caso concreto, la Xunta autorizase o aprobase un proyecto que incumpliese la legislación en materia de costas.

Sin embargo, una de las magistradas, pese a estar de acuerdo con el fallo, planteó un voto concurrente, en el que expone su criterio en relación con el insuficiente alcance de la cobertura estatutaria de la competencia autonómica. Su voto hace hincapié en los riesgos de que algunos de los argumentos de la sentencia puedan conducir, a largo plazo, a una rebaja de los estándares de protección medioambiental.

Dos puntos inconstitucionales

De este modo, de los 72 puntos de la Lei do Litoral recurridos por el Estado, el Tribunal Constitucional únicamente declara inconsitucionales dos de ellos: la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el DPMT y el trato privilegiado que pretendía dar la regulación autonómica a las embarcaciones gallegas frente al resto de buques.

Así las cosas, la pelota queda en este momento en el tejado de Moncloa, que debe aprobar el traspaso de competencias a través de una norma con rango de ley, dotando a Galicia de los medios suficientes para que la comunidad pueda comenzar a gestionar su propio litoral.

Reacciones

Una vez se publicitó el fallo del tribunal de garantías, las reacciones al mismo no tardaron en llegar. El propio presidente de la Xunta, apuntaba a través de su cuenta de X –antiguo Twitter– que “Galicia podrá ejercer su derecho a ordenar su costa, nuestra riqueza. Lamento la falta de diálogo y el trato discriminatorio del Gobierno Central, que ahora lo dejan quedar en evidencia. Esto era perfectamente evitable”.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fue la encargada de mostrar ante los medios de comunicación la “satisfacción por parte de todo el Gobierno gallego” tras este fallo que “refrenda el trabajo hecho desde Galicia y para los gallegos”.

Vázquez valoró que en este proceso “participaron los mejores, desde el Observatorio do Litoral, pasando por científicos, académicos, juristas y la cadena mar-industria”. Un trabajo en el que reconoce el papel de Alfonso Rueda, que “quería de una vez por todas ese reconocimiento para Galicia a quien se le estaba negando mientras sí se le estaba dando a otras comunidades”.

La exvicepresidenta de la Xunta apuntaba además que, en este camino, los populares se habían encontrado también con la negativa de los grupos de la oposición, aunque ninguno de ellos votó en contra de esta legislación el pasado 4 de julio.

En este sentido, la portavoz de Mar del BNG, Rosana Pérez, apuntaba ayer, a través de un audio distribuido por la formación nacionalista a los medios de comunicación, que el voto de abstención de su grupo no derivaba de ninguna discrepancia constitucional, sino que se debió a “cuestiones que aparecen en la Ley con las que nosotros no concordamos”, como la tramitación de la “eólica marina”. A la par, recordaba que su formación siempre ha entendido que “el Estatuto reconoce la competencia de Galicia de ordenar y gestionar su litoral”.

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Alivio para el sector mar-industria

La decisión del Constitucional supone, sobre todo, un importante alivio para las empresas del sector mar-industria asentadas en el DPMT, a quienes la Lei aprobada por la Cámara gallega el pasado año pretendía dar mayor seguridad jurídica. El fallo del Constitucional afirma a este respecto que “los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria podrán ocupar terrenos del DPMT o comprendidos en la zona de servidumbre de protección cuando requieran la captación y retorno de agua de mar para el desarrollo de sus procesos productivos o comerciales siempre que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, valoraba en declaraciones a este diario que el fallo del Constitucional “supone que el sector mar industria contará con seguridad jurídica y con un marco que permita a Galicia gestionarse como ya hacen otras comunidades autónomas con estatutos de autonomía idénticos o muy parecidos”.

El líder de la patronal gallega recalca la necesidad de esta ley autonómica, “sin perjuicio de revisar y actualizar la normativa estatal”, con el objetivo de equilibrar la protección de la naturaleza con la actividad empresarial e industrial que se desarrolla en el litoral gallego. Unos trabajos que, en opinión de Vieites, deben ser preservados y reforzados, “siempre en términos de sostenibilidad y con un marco jurídico que dé protección a los establecimientos ya existentes y a los de nueva creación”.