Los centros de trabajo situados en bajos de 283 concellos tendrán que medir su radón antes del 22 de junio

El plan de prevención contra el gas en lugares de trabajo entra en vigor el 22 de junio, después de 18 meses de moratoria

“Las compañías vendrán en el último minuto”, auguran las consultorías especializadas

Unas trabajadoras, durante su jornada laboral.

Unas trabajadoras, durante su jornada laboral. / Xoán Álvarez

Una amenaza inolora, incolora e insípida, pero sobre todo, silenciosa. El radón, un gas radioactivo que emana de rocas como el granito, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Galicia, se calcula que se cobra 110 vidas al año, a tenor del último informe del Ministerio de Sanidad. Después de casi dos años de moratoria, el nuevo plan contra el radón entrará en vigor el próximo 22 de junio. En él, se introduce una obligación sin precedentes que tiene incidencia directa en los trabajadores: todos los centros laborales ubicados en planta baja o bajo rasante y establecidos en concellos de alta incidencia de radón estarán obligados a medir el nivel del gas en sus dependencias.

Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha publicado la lista de municipios en que se aplicará la medida, lo seguro es que, como mínimo, los ayuntamientos situados en la zona II del Código Técnico de la Edificación (CTE); es decir, el área que tiene mayor potencial de superar el umbral máximo permitido por ley: 300 bequerelios –magnitud en que se mide la radioactividad– por metro cúbico de media anual en espacios cerrados. En Galicia, la normativa afectará, por lo menos, a los centros laborales en planta baja o bajo rasante de 283 concellos (el 90% del territorio gallego), que figuran dentro de la clasificación prioritaria del CTE: 87 en A Coruña, 82 en Ourense, 50 en Pontevedra y 56 en Lugo. A nivel estatal, este plan afectará como mínimo a 1.627 municipios de toda España.

Ante la inminente entrada en vigor de la norma y a la espera del veredicto del Consejo de Seguridad Nuclear, ahora les toca mover ficha a los “responsables de los centros laborales”, ya sean del ámbito público o privado. Así lo estipula el real decreto del plan contra el radón, que les atribuye a ellos la obligación de garantizar que los centros laborales cuenten con la medición pertinente. Los organismos que tendrán que velar por que se realicen los controles del radón dentro de plazo en los lugares de trabajo que así lo requieran serán la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

Para medir el gas radón en cualquier dependencia, se necesita, como tiempo mínimo, entre dos y tres meses. Este servicio lo ofrecen empresas especializadas en el ámbito, como es el caso de Radón Asesores, una consultoría con sede en Gondomar dedicada a tratar asuntos relacionados con este gas noble en toda Galicia. “En pocas palabras, nosotros medimos el radón, hacemos el diagnóstico y diseñamos la solución. Aproximadamente, el 25% de los lugares que nos contactan sobrepasan el umbral permitido”, señalan desde la compañía, que aseguran que en los últimos meses han aumentado sus encargos.“El 50% de las peticiones que nos llegan ahora son para cumplir con la nueva normativa. Además, nos llama gente que nunca nos había llamado, como colegios, academias...”, apuntan.

Aún así, desde la consultoría gondomareña no se muestran muy optimistas con el impacto del nuevo plan. “Lo más probable es que las empresas vengan en el último minuto. Creemos que la Administración tendrá que poner un tiempo de cortesía a mayores para que la gente gestione con eficacia las mediciones”, dicen desde Radón Asesores, que avisan de que el incumplimiento del programa de prevención implicaría graves consecuencias para los responsables de los lugares de trabajo afectados. “Estaríamos hablando de un delito de salud laboral. Las multas oscilarían entre los 2.000 y 800.000 euros”, aseveran.

Seis años de retraso

Lo cierto es que este plan contra el radón en los lugares de trabajo es una asignatura pendiente en España que acumula ya varios años de retraso. Esta normativa emana de una directiva europea publicada en el 2014, que obligaba a los países de la UE a crear un plan concreto para proteger de los efectos del gas noble en los ámbitos laborales. El precepto dejaba un margen de cuatro años a los órganos legislativos de cada nación para redactar sus programas de prevención, fijando la fecha límite en el 2018 para ponerlos en marcha. España publicó el suyo a través de un real decreto a finales del 2022, es decir, con cuatro años de retraso.

No obstante, la demora no quedó ahí. En el momento de su publicación, el Gobierno concedió una moratoria de 18 meses antes de que el plan tuviese efecto, una prórroga que concluye el sábado de la próxima seman. Así, el retraso total que acumula el programa de prevención del gas noble asciende a cinco años. Desde el ámbito científico apuntan que este plan “debería haberse implementado mucho antes”. “Cuando se publicó el primer Código Técnico de la Edificación en el 2006 ya avisamos de la necesidad de crear un reglamento para ámbitos laborales”, recuerda el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la USC y miembro del Laboratorio de Radón de Galicia, Alberto Ruano, que pone de relieve la peligrosidad del gas, responsable de gran parte de los cánceres de pulmón a nivel mundial.

En cuanto al cumplimiento de la futura normativa, Ruano aguarda un buen resultado entre las empresas. “Los gabinetes de prevención de riesgos laborales están al tanto de su entrada en vigor y no debería haber ningún problema”, asegura el médico, que, además, destaca que hay una buena divulgación en cuanto a los problemas que entraña el gas noble para la salud.“Desde el Laboratorio realizamos constantemente cursos para empresas y particulares. Están bien informados”, indica.