Radiografía de los desahucios en Galicia: tres familias expulsadas de su hogar cada día

Vigo. Mañana del 2 de mayo. Una comitiva judicial se presenta en un inmueble de la rúa Álvaro Cunqueiro para activar el desahucio de una familia por impago del alquiler. Hasta el portal bajó el padre, de 43 años, para solicitar tanto a los funcionarios como a su casera una prórroga que aplazase su expulsión del hogar, mientras la madre permanecía en la vivienda –en ese momento, las dos hijas de ambos se encontraban en el colegio–. Ante la respuesta negativa de los trabajadores públicos, el varón retornó al interior del edificio, abrió una ventana y se precipitó al vacío.

Inmediatamente, la comitiva judicial conmovida por el suceso suspendió el desalojo, mientras el varón era socorrido por el servicio de emergencias sanitarias y desplazado a dependencias hospitalarias.

El vecino de Vigo que se precipitó por una ventana antes de su desahucio pidió un aplazamiento de la deuda

Esta es la faceta más trágica de una realidad que, a pesar del drástico descenso de casos registrado a lo largo de la última década, mantiene su vigencia en Galicia. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre la totalidad del pasado año y el primer trimestre de 2024 se practicaron en la comunidad un total de 1.451 lanzamientos –el 85% como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (L.A.U.) y el 15% restante como resultado de actuaciones derivadas de la ejecución hipotecaria–.

Los datos arrojan además un incremento de esta problemática en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado año. El número de lanzamientos practicados por impago del alquiler sufrió un alza del 87%, mientras que aquellos que derivan de ejecuciones hipotecarias medraron un 68%. Un crecimiento mucho más acentuado que en el conjunto del Estado, donde los desalojos practicados durante los tres primeros meses del año fueron un 12,8% superiores a los registrados durante el mismo plazo temporal del pasado año.

Así las cosas, según los datos publicados por el órgano de gobierno del poder judicial en España, durante el primer trimestre se practicaron 10,2 lanzamientos derivados de la L.A.U. por cada 100.000 habitantes y 1,7 en el caso de los que derivan de una ejecución hipotecaria.

Descenso por la suspensión de los lanzamientos de los hogares vulnerables

A pesar de tratarse de un fenómeno con la presencia ya mencionada en la comunidad, sí es cierto que el número de desalojos se ha reducido sustancialmente desde que el Real Decreto-ley 11/2020 activó la suspensión de los lanzamientos para aquellos hogares vulnerables que no contasen con una alternativa habitacional. Una medida que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 27 de diciembre, decidió extender hasta el fin de 2024.

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Para entender el efecto que esta medida ha tenido en este fenómeno cabe destacar que durante el último curso completo antes de que esta disposición entrase en vigor (2019), las diferentes Oficinas de Embargos y Notificaciones de los juzgados gallegos practicaron 1.800 lanzamientos por incumplimiento en el pago del arrendamiento y 396 derivados de la ejecución hipotecaria, arrojando un total de 2.196 desahucios. Esto supone en comparación con los desalojos practicados durante el 2023, un descenso que se acerca al 95%.

A pesar de haber logrado reducir gracias a esta disposición el número de familias desahuciadas de sus hogares, el Gobierno recibió múltiples críticas tanto desde la oposición parlamentaria como desde patronales inmobiliarias como la madrileña por haber prolongado la duración de la misma hasta el 31 de diciembre de 2024 al considerar que “genera inseguridad jurídica en los arrendatarios” y “fomenta que los impagos se conviertan, en muchos casos, en voluntarios e injustificados”.

Poco eco en los juzgados gallegos de los casos de okupación

Mientras que la problemática de los desahucios ha ido mermando su vigor informativo durante la última década, después de que en los albores del decenio de 2010 las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) –constituida en 2009– marcaran gran parte de la agenda logrando, a través de la presión social, la paralización de muchos lanzamientos, tras la pandemia del covid el fenómeno de la okupación de inmuebles ha ido ganando espacio en los medios de comunicación y generando preocupación a nivel social.

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El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se tiene referido en sede parlamentaria a la inquietud generada en la comunidad por la “creciente tendencia” en los casos de okupación. No obstante, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que esta alarma social está teniendo poco eco en los juzgados de la comunidad.

De este modo, entre todo el pasado año y el primer trimestre del 2024, en los juzgados gallegos únicamente se han ingresado 114 demandas por okupación, a través del verbal posesorio, en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, durante el primer trimestre de 2024 se registraron 0,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta es una cifra que dista con mucho de los análisis presentados en su día por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) que en diciembre del pasado año alertaba de la existencia en la comunidad del orden de 1.500 propiedades en una situación de okupación.

Ciertamente, no todos los propietarios toman el paso de acudir a la justicia para tratar de recuperar su inmueble al entender que se trata de un proceso lento y que requiere grandes dosis de burocracia. De ahí el surgimiento y crecimiento de empresas especializadas en dar este servicio de desokupación y cuyos procedimientos han generado controversia por el uso de la violencia y la intimidación.

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