Radiografía de la okupación en Galicia: sólo el 1% del total y ninguna organización criminal

En los últimos tiempos son muchos los políticos e informes que advierten de un incremento en el número de ocupaciones de viviendas, pasando por alto que la ocupación pura y dura, entendida como la intrusión ilegal en una propiedad, es uno de los delitos que menor repercusión tiene en nuestro país. A pesar de que las mafias “existen”, tal y como reafirma el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, el impago de rentas es “la base de la problemática de la vivienda en España”, según aclara el letrado Joaquín Martínez Camacho.

Una problemática que explicaría por qué se habla de unas 700 propiedades ocupadas en Galicia en el año 2022, según el informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), cuando, según los últimos datos del Ministerio del Interior, se contabilizaron un total de 189 ocupaciones, lo que supone una disminución respecto a las 195 del 2021.

Otro factor que influye en la disparidad de las cifras viene dado por la dilatación de los plazos y los gastos asociados que conlleva el inicio de un proceso judicial de estas características. Esto conduce frecuentemente a una no denuncia por parte de los perjudicados o, por el contrario, a una instrucción cuyo transcurso puede alargarse “fácilmente dos años” hasta que hay resolución, incide Camacho. Pero no es que la ley “se demore” en los plazos “ni los jueces”, sino que hay “una garantía jurídica” para ambas partes afectadas, detalla el experto.

Unas garantías procesales que están presentes cuando hay de por medio un título, como es el caso de las usurpaciones en las que hay que acreditar la posesión de la propiedad, o un contrato, como se da en los impagos de rentas en pisos de alquiler, coloquialmente conocidos como “inquiocupaciones”. En el primero de los hipotéticos, en el de la usurpación, los plazos pueden llegar a esquivarse si se opta por una tramitación por vía civil con el objetivo de que haya un desalojo exprés, como el que la ley defiende también en el caso de los allanamientos de morada – intrusiones ilegales en propiedades habitadas –.

Cabe destacar que, según recoge el INE, a nivel nacional a lo largo de la última década sí se ha producido un incremento significante en el número de usurpaciones que ha pasado de 1.669 en el año 2013 a 4.302 en 2021. Mientras que los allanamientos de morada han descendido de 315 en el año 2013 a 230 en 2021. No obstante, para las “inquiocupaciones” no hay manera de acortar los plazos ni tampoco existen registros donde se cuantifiquen. Y lo que Camacho advierte que “nunca” ha de hacer un propietario es “tomarse la justicia por su propia mano”. Cita ejemplos tales como cambiar la cerradura, entrar en la vivienda sin permiso o cortar los suministros, lo que supondría indistintamente un delito de coacción.

La situación en Galicia

Galicia, siempre según los datos expedidos por el Ministerio del Interior, concentra poco más del 1% de las ocupaciones registradas en toda España. Y dentro de la propia región estas representan menos del 0,2% del total de infracciones penales. Además, casi en la “completa totalidad”, apuntan desde el Ministerio del Interior, aplica a casos de usurpación y no de allanamiento. Un aspecto con el que sí coincide desde la perspectiva empresarial del informe emitido por Fegein, donde se especifica que el título de propiedad del 78% de las viviendas ocupadas es de procedencia bancaria, fondos de inversión y Sareb.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no disponen del número de denuncias presentadas con motivo de ocupación de viviendas, pero el Consejo General del Poder Judicial (CJPG) en su informe anual perteneciente al año 2022 registró 101 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en Galicia. Para ello, tienen en cuenta los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Por otra parte, los datos de las Fuerzas de Seguridad no indican que el fenómeno represente una amenaza para la seguridad pública en la Comunidad. De hecho, desde la Policía Nacional informan de que no existe ningún inmueble ocupado en el territorio gallego que esté relacionado con organizaciones criminales o movimientos radicales.

Por último, la Xunta habilitó en 2020 un servicio telefónico, que aún continua activo, para garantizar asistencia profesional sobre trámites administrativos y judiciales a seguir por los perjudicados y desde la consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda informan que ha atendido un total de casi cien llamadas en los últimos dos años.