El Congreso acepta por tercera vez el debate para la transferencia de la AP-9 a Galicia

Es ya una vieja demanda en la comunidad gallega. El Congreso de los Diputados admitirá a trámite la ley propuesta por unanimidad por los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico con el propósito de transferir a la Xunta la titularidad de la Autopista del Atlántico, la conocida como la AP-9. Se trata, pues, del cuarto intento legislativo, el tercero que se admite a trámite, en tan solo ocho años, para conseguir el traspaso de la vía que une el territorio gallego de norte a sur a través del eje atlántico.  

PSOE, PP, Sumar y el Grupo Mixto de la Cámara Baja, del que forma parte el BNG, dieron el visto bueno a la tramitación de este texto, que puede suponer una nueva competencia para el Ejecutivo gallego liderado por Alfonso Rueda. En el debate, tan solo Vox se posicionó en contra, acusando a los grupos con representación en la Cámara gallega de “querer parcelar la red de carreteras del Estado”, al tiempo que tiraba piedras contra el tejado de los populares a los que incriminaba “comprar los mantras del nacionalismo”.

Un recorrido de larga duración

Desde 2016, los diferentes acuerdos en la Cámara gallega no resultaron fructíferos por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes Generales. La última vez, en el año 2021, la convocatoria de comicios generales y la consecuente disolución de las Cortes fueron las causantes del decaimiento del proyecto. Con la experiencia sobre la mesa, la negociación se antoja ahora larga e intensa.

De conseguir el texto la luz verde, el Ejecutivo gallego tendría las competencias precisas para ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de los pliegos de explotación de la AP-9 por parte de Audasa, la empresa concesionaria, controlada por fondos de inversión de carácter extranjero. Con todo, esto no se traduciría en el fin de los peajes para los miles de gallegos que cada día viajan a través del eje atlántico, puesto que no supondría un rescate automático de la vía, algo que, además, tendría que asumir el Gobierno central.

Acerca de esto se pronunció hace apenas unas semanas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que calificó de “inasumible” el rescate de la principal vía de comunicación de Galicia. Según trasladó, el coste al erario público ascendería a los 4.000 millones de euros, el mismo argumento que en su momento dio el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy.

Bruselas expedienta por segunda vez al Gobierno por la prórroga de la AP-9

Esta admisión de la ley propuesta a trámite tiene lugar, además, mientras se resuelve en Europa la posible irregularidad de la prórroga de la concesión realizada por el Gobierno de José María Aznar hasta el año 2048, algo recordado por varios de los grupos políticos que este martes tomaron la palabra. 

Las bonificaciones en los peajes, en el punto de mira

Los portavoces del PPdeG, BNG y PSdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos Couñago, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente, defendieron a capa y espada la proposición de ley, aunque, eso sí, no desaprovecharon la oportunidad de lanzarse numerosos reproches.

El socialista Gómez Besteiro fue el primero en tomar la palabra. Lo hizo lamentando que en ocasiones anteriores en el Congreso “el PP votaba con una mano y vetaba con la otra” el traspaso de la AP-9. “Queremos transferencia y gratuidad, pero la gratuidad es sin duda lo más importante”, incidió, dejando claras las prioridades de su partido.

En esta línea, subrayó que las bonificaciones están en vigor actualmente “gracias al Gobierno socialista”. “Hoy son del 50%, pero lo fundamental es que sean del 100%”, reconoció.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en que la estructura está “requeteamortizada”, ya que, en sus palabras, los gallegos han pagado “más de 3.500 millones en peajes”. Asimismo, defendió “la igualdad de trato” para que la Autopista del Atlántico sea de titularidad gallega, “igual que se han transferido autopistas similares a otras comunidades autónomas”.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en la transferencia de la AP-9 y no vamos a tirar la toalla en ningún momento, pero es cierto que las fuerzas estatales deben dejar de discriminar a Galicia y deben dejar de votar una cosa en Santiago y la contraria en Madrid”, dijo cargando contra socialistas y populares.

Pazos Couñago pidió “sinceridad, y coherencia” en el traspaso. “Lo que pedimos es que no se engañe a los gallegos. Si realmente hay voluntad de que la AP-9 sea transferida a Galicia, hay que actuar en consecuencia. Lo que queremos es que los gallegos puedan esperar las condiciones que se nos prometieron antes de las elecciones (autonómicas), una AP-9 que sea 100% gallega y 100% gratuita”, advirtió.

El popular gallego se refirió, asimismo, a las declaraciones realizadas en los últimos meses por Puente, incidiendo en que cree que “coincide con la mayoría de los gallegos en que el peaje es muy caro”. “Vamos a ver si coincidimos en hacer entender que aún es más cara gracias a esa ampliación de las tarifas durante 20 años a un porcentaje anual que acordó un Gobierno socialista”, esgrimió.

También tomó la palabra en el hemiciclo el diputado gallego de Sumar Manuel Lago Peñas quien hizo hincapié, en sintonía con otros grupos, en que la simple transferencia es “insuficiente” para resolver la “grave distorsión” que supone que la principal arteria de comunicación de Galicia sea explotada por una empresa privada propiedad de fondos de inversión.