Adif modificará sus normas para evitar lo que pasó en el Sil

La presidenta de Adif, la lucense Isabel Pardo de Vera, lamentó profundamente lo sucedido el pasado día 2, cerca de la estación de Sobradelo, donde fueron tirados dos vagones de Renfe Mercancías vacíos al río Sil. Ello se hizo para despejar la vía, tras un descarrilamiento habido el 28 de julio. Por ello, asumió la indignación que se generó ya que dijo conocer el valor natural de la zona. Lo afirmó ayer en el lugar de los hechos.

En la visita, la máxima ejecutiva del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias pudo supervisar los trabajos llevados a cabo en los últimos días para retirar los restos de los vagones, reparar y volver adecuar –reinstalar la catenaria– la infraestructura ferroviaria y recuperar el entorno natural en el cauce del río Sil y su talud de separación con la vía férrea en ese punto del municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

Hay que recordar que en el desacarrilamiento del convoy quedaron once vagones fuera de la vía, siendo cuatro los más afectados. El resto pudieron ser remolcados hasta la estación cercana. De esos cuatro, dos fueron apartados hacia el talud del monte, mientras que otros dos fueron empujados hacia el río, llegando uno de ellos al agua.

Pardo de Vera explicó que las labores llevadas a cabo para la recuperación del vagón que estaba en el lateral del cauce fueron de gran complejidad técnica por la distancia desde la vía hasta la orilla, su peso, el tamaño máximo de las grúas que se podían emplear y el entorno donde se ha desarrollado el operativo. Todo ha obligado a emplear medidas de protección ambiental, como barreras de contención de residuos en el río o medidas contraincendios.

En su visita pudo comprobar que la principal preocupación a nivel de contaminación que existía, las cajas de grasa de los vagones, ya que estos no portaban ningún tipo de carga, no sufrieron daños o desperfectos, por lo que no se hubo ningún tipo de filtración al medio natural.

Y se destacó el compromiso de Adif con la protección del medio ambiente, uno de los valores estratégicos de la

entidad. Ahora la gestora pública de infraestructuras ferroviarias espera la verificación de las autoridades competentes de esta operación, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHM-S) la Consellería de Medio Ambiente.

Por lo apreciado, según el Adif, el impacto en el lecho fluvial de la zona del suceso fue mínimo. No obstante el gestor ferroviaria analizará y promoverá, con la aprobación de la CHMS, las medidas de restauración del entorno necesarias para su completa recuperación al estado previo al descarrilamiento.

INVESTIGACIÓN. Además de las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Ourense, y las de la Xunta que propone una multa de 35.000 euros, en las que el Adif colaborará, este ente abrió, solo conocer los hechos, una investigación interna para saber lo sucedido y analizar el funcionamiento de sus protocolos de actuación en las maniobras de encarrilamiento.

Hay que recordar que desde el pasado 28 de julio, el siniestro habido interceptó y causó importantes daños en el tramo Ponferrada-Monforte, que será reabierto a la circulación en las próximas horas. En esta investigación se analizan las acciones efectuadas en la retirada del material descarrilado, en las que participó además Renfe Mercancías, titular del tren, y Renfe Fabricación y Mantenimiento, en el encarrilamiento.

CAMBIOS. desde el Adif se apunta que se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones. Se tiene en cuenta que, en las actuaciones de encarrilamiento, primó siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por la inestabilidad y la situación en la que se encontraba el material siniestrado.

Tras la recopilación de los datos, se determinarán las responsabilidades. Pero este suceso servirá para que el Adif revise sus protocolos de actuación en una situación similar, y los que tiene con el resto de operadores ferroviarios, para que no vuelva a repetirse un hecho semejante.

Por último el Adif propondrá al Ministerio de Transportes modificar la normativa y cambiar las condiciones en que los operadores ferroviarios presten su servicio de forma respetuosa con el medio ambiente. Apunta a exigir un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que se puedan ocasionar.