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Al menos 27.600 gallegos suman sus firmas al ‘Soy Mayor, no idiota’

Aplauden la campaña en Change.org de Carlos San Juan, que a sus 78 años lleva medio millón de apoyos al Banco de España y Ministerio de Economía

“He llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación”, señala Carlos San Juan, un hombre de 78 años que está pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias: “Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que las entidades financieras se han olvidado de las personas mayores como yo”.

“He visto ese maltrato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así. Las personas mayores existimos, somos muchas y queremos un trato digno. Solo estamos pidiendo que se habiliten secciones en las sucursales en las que dejen de excluirnos”, señala el promotor de una de las iniciativas sociales estrella que en la actualidad se defienden bajo el amparo de la web reivindicativa Change.org.

Hace sólo un mes eran apenas 90 las firmas que apoyaban a Carlos contra la exclusión financiera de las personas mayores, cuando ponía en marcha la campaña ‘Soy Mayor, no idiota’, un grito de auxilio que decidió apoyar la plataforma. Pronto se convirtieron en cien mil. Pero “la gente no dejaba de apoyar y de compartir”, alegan, y de ahí se multiplicaron por cinco: medio millón de apoyos.

¿Cuántos de ellos son gallegos? Lograr la cifra al 100 % es imposible, apuntan desde Change.org, primero porque “hay gente que no ha dejado su código postal al darse de alta” –no es obligatorio–, además de que existen usuarios que pueden haberse “movido” de ciudad. Aún así, por provincias, realizan un desglose de los firmantes de la petición de ‘Soy Mayor no idiota’, que sitúa en A Coruña 12.695, en Pontevedra 9.748, en Lugo 2.577 y en Ourense 2.578. En el conjunto de la comunidad serían 27.598.

Este martes Carlos San Juan viaja de Valencia a Madrid para registrar sus firmas en el Banco de España y el Ministerio de Economía, donde será recibido en persona y podrá detallar el problema.

Protesta del BNG para exigir que la banca no discrimine por la edad
Denuncian que Galicia es la tercera comunidad más afectada por el cierre de sucursales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama que “la banca se adapte a las necesidades de las personas mayores, y no los mayores a los bancos”, e instó a la Xunta a que liderar junto a organizaciones sindicales y sociales un “frente común” que “frene los abusos de la banca en Galicia”.

La nacionalista participó este lunes en A Coruña en un acto simbólico de denuncia de la “exclusión financiera” de Galicia, acompañada por un grupo de personas mayores y por la diputada autonómica, Mercedes Queixas, y el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera.

Allí, Pontón ha asegurado que en Galicia la exclusión tiene “dos caras”: una en el rural, “donde ya no tienen ningún tipo de oficina bancaria a la que acudir”, y otra respecto de las nuevas tecnologías, “que en lugar de ser una ventaja, se están convirtiendo en una carrera de obstáculos”.

El cierre de oficinas y el cobro por distintas acciones, entre otros, repercute sobre todo en la gente mayor, señaló la portavoz nacionalista, puesto que muchos “no tienen internet o móvil inteligente, o no usar ordenador, y no pueden desde pagar un recibo, hacer una transferencia o controlar sus ahorros”.

“Es muy triste ver como la Banca maltrata a los mayores; una banca que se rescató con nuestro dinero, incluido el de la gente mayor. Se destinaron más de 90 mil millones a rescatar a la Banca, y así nos lo pagan, en forma de exclusión financiera”, ha lamentado Pontón, que ha asegurado que los mayores “no merecen perder su autonomía financiera”.

La líder del BNG ha criticado también la política del presidente de la Xunta de Galicia, al que ha acusado de “beneficiar con tres millones de euros a una entidad bancaria para que ponga cajeros allí donde antes había oficinas, lo que supone un efecto llamada”.

“Se han destruido más de 5.000 puestos de trabajo y entre 2009 y 2019 se han cerrado 1.200 oficinas. Galicia es la tercera comunidad de España donde más oficinas se cerraron”, ha asegurado Pontón, que ha remarcado que “no llega con la buena voluntad”, sino que “hace falta modificar las leyes”.

Llama además a impulsar una iniciativa social que permita “recuperar la capilaridad en el país; no sólo en el rural, sino también en muchos barrios de ciudades donde se están cerrando oficinas”.

Afirma además que se debe apostar por una Banca pública “con misión de servicio público”, “que ponga en el centro los derechos de la ciudadanía y no la usura”, y que permita que los ahorros de los gallegos se vuelquen aquí. “Al año emigran más de 20 mil millones de euros de ahorro gallego”, apuntó.

Insta el PSdeG a reforzar los servicios en el rural, finanzas incluidas
Los populares apuntan que el proceso se da en toda España y loan la labor de la Xunta

Santiago. Desde el PSdeG, su secretario xeral, Valentín González Formoso, reclamó la implicación de la Xunta y de la banca para frenar la “dramática” exclusión financiera” que profundiza en la perdida de servicios en el rural, donde “si no hay colegio, banco ni centro de servicio médico, nadie va a querer vivir”. Además, destacó como “acertada” la reflexión hecha pública desde el Ministerio de Economía en la línea de primar a las entidades que mantengan los servicios abiertos.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, sostuvo que se trata de un “problema generalizado del conjunto de España” tras la “transformación del sector”. Así, si bien dijo que “el comportamiento del sector está siendo positivo”, reconoció que en su transformación “se están produciendo algunas cuestiones” que el PP no comparte como la relacionada con la atención a personas que viven en núcleos pequeños de población en los que “por criterios de rentabilidad” se cierran esas oficinas.

Ante ello, destacó las acciones de la Xunta, como la firma de un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para llevar los servicios financieros a los municipios que lo necesiten a través de cajeros automáticos, de métodos móviles o oficinas que abren algún día de la semana.

“La Xunta está contribuyendo con recursos para que el criterio de rentabilidad económica que lleva cerrar oficinas sea matizado para que se de un servicio público más amplio”, dijo para reconocer que el problema existe. E. P.

08 feb 2022 / 01:00
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