Alcoa desmiente a la ministra de Industria: no contempla vender San Cibrao a un tercero directamente

Si la ministra de Industria, Reyes Maroto, valoró tras el encuentro con el CEO de Alcoa, Roy Harvey, celebrado en este lunes en Pittsburgh, EE. UU., que ha conseguido el compromiso de la multinacional de desbloquear el proceso de venta de la factoría de San Cibrao, desde la compañía arrojaban un jarro de agua fría, señalando que su presidente y primer ejecutivo se comprometió a analizar las propuestas que le ha trasladado la representante del Gobierno español... pero nada más. El escollo sigue siendo el mismo: que insiste la multinacional en vender a la SEPI, y que el Gobierno de Pedro Sánchez trata de huir de dicho compromiso.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se compromete a acompañar el proceso de venta con ayudas públicas en el ámbito industrial y energético. “He trasladado una propuesta consensuada con la Xunta de Galicia y los sindicatos en la que exigimos a la empresa que evalúe las cuatro ofertas de compra que ha recibido”, señaló Maroto al finalizar la reunión, e incidió en que “estamos dispuestos a ofrecerles las herramientas de acompañamiento públicas para ayudarles a verificar que el futuro comprador de la planta sea solvente y que lo haga en el menor tiempo posible: nuestro objetivo es que la venta se anuncie como muy tarde el 30 de septiembre”.

Según informó la ministra, “Alcoa ha sido receptiva a nuestras propuestas y el CEO se ha comprometido a desbloquear el proceso de venta de la planta y a analizar las propuestas que les hemos presentado, y nos dará respuesta en las próximas dos semanas. Además, el señor Harvey ha reconocido que está dispuesto a vender directamente a terceros”.

Pero esa es su versión, y la lapidaria frase final provocó un auténtico desmentido en toda regla por arte de Alcoa. “Si bien la Ministra propuso acciones que el gobierno podría tomar, Alcoa lamenta que no incluyan una venta directa a SEPI. Durante la reunión, Harvey accedió a revisar la propuesta del gobierno, pero no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero”, señalaron en un comunicado desde la empresa.

“Alcoa está convencida de que la venta de la planta a SEPI era la forma de dar mayor seguridad, tanto a los trabajadores como a la empresa, de que la venta cuenta con el apoyo del Gobierno español”, completó la compañía.

La propuesta que llevó la ministra Maroto a Pittsburg, dentro de su viaje oficial que está realizando a EEUU, incluye el acompañamiento del Gobierno en los planes industriales y laborales que acuerden las partes compradora y vendedora para asegurar el futuro industrial de la planta, incluidos los posibles riesgos sobrevenidos de la decisión de venta. Este acompañamiento incluiría líneas de ayudas públicas que se pueden aplicar tanto al plan industrial como energético.

Por la mañana, como previo al enuentro, la compañía especificó en un comunicado remitido desde España que apostaba por la propuesta del Gobierno realizada en su día de articular la venta de la fábrica en A Mariña lucense a través de SEPI “es el camino para llevar a cabo el proceso de venta con garantías como alternativa al despido colectivo”.

Un día antes, el domingo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ponía también su granito de arena en una entrevista en Radio Galicia Cadena Ser señalando que “Alcoa no quiere vender” y hace lo posible para torpedear el proceso.

La empresa aluminera indicaba esta misma mañana que esperaba “recibir de la ministra una propuesta viable de los próximos pasos referentes a la participación de SEPI”. No quiere que le pueda volver a ocurrir lo que está pasando con sus otras dos ventas anteriores, las de las factorías de A Coruña y Avilés en un proceso auspiciado también por el Gobierno a Parter, que por sorpresa y poco tiempo después los trasvasó al Grupo Riesgo... lo que acabó con una sentencia de la Audiencia Nacional que Alcoa va a recurrir ante el Tribunal Supremo. Con las instalaciones bajo tutela judicial, sobrevuela la posibilidad de tener que dar marcha atrás en todas las operaciones.

El mensaje más conciliador lo emitía el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien aseguraba entonces que “necesitamos que el Gobierno sea capaz de desbloquear con Alcoa un proceso que ahora está trabado”. Lo hacía antes del encuentro en tierras estadounidenses y de reunirse él mismo con el grupo de trabajo por una transición justa en As Pontes. Sobre la fábrica de aluminio primario lucense indicaba que ya le habían trasladado “al Gobierno y a la propia ministra la importancia de esta reunión para que se pueda lograr un acercamiento que desbloquee el proceso de negociación”. Apuntó que “en estos momentos hay cuatro empresas que han trasladado un compromiso no vinculante”, y que se debe establecer “el contexto adecuado para que se transformen en compromisos vinculantes y se pueda cerrar el acuerdo de venta”.

Conde instaba a aprovechar la “oportunidad” que suponía la reunión en Pittsburgh si el Gobierno utilizaba bien “los diferentes instrumentos que tiene, a través de la SEPI y del propio Ministerio”. De Alcoa apuntaba que aguardaba “buena fe y voluntad de completar este proceso de venta”. Pero al parecer no hubo entendimiento.

El vicepresidente de la Xunta volvió a ofrecerse para “trabajar conjuntamente empresa, Gobierno, Xunta y empleados en encontrar una solución, e identificar entre esas cuatro ofertas industriales la que puede garantizar esa viabilidad de los puestos de trabajo y la continuidad de Alcoa San Cibrao”, apuntando que “en ese sentido en consenso es claro”.

Los trabajadores de Alcoa San Cibrao, en boca del presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, había mostrado su esperanza de que el cónclave en Pittsburgh, Pensilvania, se pudiese desbloquear el proceso y saliese fumata blanca. Pero fue negra.

Anterior desinversión judicializada

En su día, Alcoa señaló que la sentencia sobre las plantas de ALu Ibérica en ACoruña y Avilés que recurrirá “pone de manifiesto los riesgos de una venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso”, tanto la Administración central como las autonómicas, y los representantes de los trabajadores.

La multinacional, en conformidad con su acuerdo con Parter, desembolsó a las plantas de A Coruña y Avilés más de 75 millones de dólares (de los hasta 95 millones de dólares puestos a disposición en la transacción) para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las cubas de electrólisis o la reindustrialización de las plantas. Pero hoy apenas funcionan.

Alcoa presentó una demanda contra Parter por incumplimiento del contrato de venta, que incluía ciertas obligaciones legales que Alcoa cree que habían sido incumplidas, como la venta posterior de las compañías a Iberian Green Aluminium Company, S.L. (antes GIR o Grupo Industrial Riesgo). “Alcoa no tenía conocimiento previo de dicha transacción posterior de Parter y, en cuanto tuvo conocimiento de la misma, presentó la demanda”, indicó en su día. Entonces también señaló que analizaba “cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España”.

El caso es que en la presentación de resultados de la compañía del segundo trimestre, que fueron récord tras la revalorización de la cotización del aluminio del 60 % en comparación a 2020, las cosas ya no están tan claras. Queda el pecado original del coste de la energía, que el Gobierno español ha sido incapaz de controlar, con un poco eficaz estatuto del consumidor electrointensivo.