Ana Belén, ¿clasismo? ¿ignorancia? ¿desdén? ¿menosprecio? ¿moción de censura a Rueda?
La diputada popular Ana Belén García Vidal ha defendido en el Parlamento, con la abstención de representantes de la oposición, que “no parece justo que se pretenda consolidar a un funcionario interino como si fuese un funcionario de habilitación nacional, cuando las pruebas que tuvieron que pasar no son en absoluto equiparables”. Inexplicablemente, ha contado con la complicidad del BNG y PSOE.
Esa defensa rezuma clasismo funcionarial, menosprecio a quienes hoy ejercen de interinos y sacan las castañas del fuego en ayuntamientos, desconocimiento de una realidad objetiva y una moción de censura encubierta hacia el vicepresidente Alfonso Rueda que convocó no hace mucho tiempo plazas de secretario de entrada e interventores, perfectamente capacitados para realizar su labor y cubrir así vacantes de primer nivel.
Desconoce Ana Belén que en esa convocatoria de plazas para concellos de Galicia concurrieron opositores que alcanzaron el número dos de España en los procesos selectivos del primer y segundo examen, y quedaron a solo unas décimas de superar el tercero. Por tanto, quedan más que acreditadas la igualdad, mérito y capacidad a la que se refiere la Constitución Española.
No se puede subestimar a quienes cumplen su función y cubren un vacío que colapsaría el funcionamiento de la mitad de los ayuntamientos. La habilitación nacional está muy bien, pero del mismo modo que el centralismo madrileño se ha superado por el régimen autonómico, debería ponerse en valor la cualificación para el puesto de quienes en las pruebas de acceso de la Xunta han obtenido las mejores puntuaciones, señal inequívoca de que se cumplen los requisitos de méritos, concurso y oposición.
Conocemos el caso en un ayuntamiento costero en el que un interventor está a punto de jubilarse como interino después de décadas de trabajo, elogiado por profesionales y alcaldes de los ayuntamientos en los que ejerció. Abandona el cargo frustrado porque en tantos años de ejercicio no se reconoció su nivel.
¿Quién cubre hoy las 158 vacantes en la mitad de los municipios gallegos sino los interinos? ¿Se les puede negar su legitimidad? ¿Son unos ineptos que vulneran las leyes, desconocen sus obligaciones, entorpecen la burocracia municipal, incumplen las normas, generan demandas contra los concellos? ¿Es justo regatear a esos centenares y medio de profesionales el acceso a la habilitación nacional cuando algunos llevan décadas realizando su trabajo con diligencia, rigor y eficacia? ¿No supone un desprecio arrinconar a quienes sostienen desde hace décadas la llama sagrada de la legalidad jurídica, precisamente en los ayuntamientos a los que habilitados nacionales no quieren ir? Da la impresión de que el clasismo funcionarial arrincona a sus compañeros de trabajo, quienes después de este vergonzoso acuerdo se sienten no solo burros sino apaleados.
Lástima que Ana Pontón y Gonzalo Caballero, a través de sus representantes parlamentarios, suscriban con su silencio esta discriminación. Lástima que la Xunta desprecie a sus habilitados. Y lástima que la inefable Ana Belén no haya medido más sus palabras.
Es lo menos que podía hacer por respeto a representantes dignos de consideración que ejercen en la mitad de los ayuntamientos de Galicia.
¿Qué ocurriría si los interinos declarasen una huelga de celo ante la humillación de sentirse funcionarios de segunda cuando prestan servicios de primera? Si no merecen la plaza de habilitados nacionales, ¿por qué se les paga como a los demás y se les exigen las mismas responsabilidades? No es justo, no es justo.
GUSTAVO CONDE