Batalla entre los centros de empleo de iniciativa social y los que persiguen el lucro

Los centros especiales de empleo (CEE) tienen una plantilla formada por personas con discapacidad al menos en un 70 %. Todos ellos generan un beneficio social y económico, pero sólo los de iniciativa social no persiguen el lucro.

En los últimos años se produjo un importante crecimiento en el número de estos centros, por lo que conviene diferenciar aquellos que persiguen el lucro, como cualquier otra empresa, de los que revierten todos los beneficios en la propia firma y en la generación de más empleo.

“Los primeros son buenos, pero los segundos son los imprescindibles”, sostiene Cegasal. De ahí que encargase en 2020 un estudio al respecto al equipo de investigación social de la Cooperativa Abeluria “para evitar que la proliferación de centros desvirtúe su razón de ser” y para reseñar las virtudes de aquellos se centran en el beneficio social.

El apoyo de las administraciones a los CEE ha propiciado su crecimiento en los últimos años, destacando entre los más recientes el ánimo de lucro. Por lo tanto, resultaba imperativo analizar estos dos modelos de empresa a través de distintas ópticas: sociológica, económica, a nivel de empleo, de discapacidad y de entorno geográfico.

En julio de 2020, Galicia contaba con 110 centros especiales de empleo, de los cuales un 45 % cuenta con la calificación de SAL (sin ánimo de lucro) o que la solicitaron este año. Es decir, más de la mitad buscaban ya el rendimiento económico para producir ganancias a sus responsables. La provincia de A Coruña alberga el 70 % de la totalidad de los centros, mientras que en Ourense es donde menos hay. Además, un 18 % de los CEE de Galicia cuenta con domicilio social fuera de la autonomía.

La primera confrontación de intereses entre unos centros y otros se denota ya en su ubicación. Los CEE están situados mayoritariamente en zonas urbanas, aunque los sin ánimo de lucro tienen una presencia en el rural bastante superior. Tal dato, apunta el estudio, “da cuenta de la mayor adaptación al territorio” de estas firmas y añade que contribuyen “además de la función social de generación de empleo para personas con discapacidad, a la fijación de población en el territorio”.

También en creación de empleo existe una notoria diferencia. A 31 de diciembre de 2019, los centros especiales en global registraban 3.596 trabajadores, con un 88 % de personas con algún tipo de discapacidad. Las entidades de iniciativa social suponen un 62,8 % del total pese a que representan sólo el 45 % de las entidades gallegas. No sólo generan más puestos, sino también de mayor calidad. La estabilidad es común en el sector, “siendo la mayoría de sus contrataciones fijas y a jornada completa”, pero en los centros sin ánimo de lucro supera el 66,5 %, frente a los que sí lo tienen, del 53,3 %.

Esta apuesta decidida por el empleo tiene su reflejo en las cuentas a través de gastos de personal, visto como una inversión y un fin en sí mismo por un lado o como un mero gasto por otro. Este capítulo financiero es sensiblemente superior en las entidades que no buscan el lucro, “lo que destaca la vocación generadora de empleo de los centros de iniciativa social”.

Cuentas claras. Atendiendo a su solvencia, son de nuevo los centros sin ánimo de lucro los que muestran un patrimonio neto superior y un menor endeudamiento, “lo que les otorga una mayor fortaleza financiera al contar con mayor dotación de fondos propios”. Sobre otro pilar fundamental como la formación, los centros de iniciativa social son los que cuentan con mejor cualificación en un sector en el que la media se sitúa en el Bachillerato para las personas con discapacidad y en FP superior en el caso de los empleados sin ella.

Este estudio se enmarca en el programa de actuación 2020 de la Rede EuSumo, impulsada por la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia para el fomento del cooperativismo y de la economía social que cuenta con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.