Batería de recursos contra indemnizar a los Franco por Meirás

Todas las administraciones que se posicionaron a favor de que el Pazo de Meirás forme parte del patrimonio público presentaron ya sus respectivos recursos ante el Supremo contra la indemnización a los herederos de Francisco Franco por conservarlo, expresando dudas sobre la “buena fe” de la familia.

Este último es el argumento principal en todos, empezando por el de la Abogacía del Estado, que sostiene que el estudio de la sentencia de la Audiencia de A Coruña “permitió determinar que la posesión de los herederos de Franco no se realizó de buena fe, lo cual es fundamento suficiente para recurrirla”.

Así, considera que hay errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda, pues señala que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador.

Coincide la Xunta en este argumento, y sostiene que una vez que se analizó “en profundidad” el fallo tanto por la Abogacía del Estado como por la asesoría jurídica, “parecía que había un pequeño resquicio para poder plantear un recurso”. “Es cierto que estamos ante una cuestión puramente jurídica”, matizó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que expresó su esperanza de que el recurso tenga “éxito” dada la “unidad” entre las administraciones para recurrir.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, trasladó este lunes el “orgulloso” de la institución provincial por haber sido “coherentes” desde el principio en este argumento.

“Es nuestra obligación aprovechar los mecanismos legales para expresar la voluntad popular que exige que peleemos hasta el último suspiro para evitar conceder dinero público a una familia que no se lo merece”, dijo.

También el Ayuntamiento de A Coruña presentó su recurso en esta línea, ya que “es de justicia” que los herederos no sean compensados puesto que durante muchos decenios disfrutaron de un bien que es público, asegura. “Ni Franco fue poseedor de buena fe ni los actuales herederos, tampoco”, insiste el Consistorio que solicita la estimación del recurso y la liquidación posesoria de mala fe.