Contraataque jurídico para impedir que la ley climática amenace a 37.000 empleos
La Xunta traslada al Gobierno central que es “frontalmente inconstitucional” el artículo 18.4 // Sobre Ence: la seguridad de su caldera y la planta es “total”
“Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de cambio climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias ubicadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros”, concluyen las conselleiras de Medio Ambiente y Mar en una carta remitida a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, que ayer se reunió con el comité de empresa de Ence en Lourizán, Pontevedra.
Justo también en la jornada en la que la Xunta le trasladó al Gobierno central el informe, elaborado por la Asesoría Xurídica Xeral, sobre la Ley de cambio climático, que concluye que el artículo 18.4 es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica” del tejido productivo ubicado en el dominio público marítimo terrestre (DPMT).
Tal y como explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de costas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años. Indican además que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que afectaría a los derechos integrados de los afectados, pues se verían privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización.
Mientras, en la nueva carta firmada por las conselleiras Ángeles Vázquez y Rosa Quintana a la ministra Ribera le recuerdan que la Xunta se mostró contraria a la modificación urgente del reglamento de la Ley de costas, con la que se pretendía limitar la duración de la prórroga extraordinaria de las concesiones en el DPMT, fijando la vigencia en 75 años a contabilizar desde el momento de la concesión inicial.
Tal y como se argumentó en su momento, lo único que fundamentaba esa regulación era un informe jurídico que no tenía en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, en la que se indicaba que no se podía negar al legislador de costas su margen de configuración de la duración de la prórroga extraordinaria y que no se estaba realizando una transcripción correcta del Dictamen del Consejo del Estado sobre el reglamento. Estas razones fueron aceptadas por el Ministerio, que suspendió la tramitación de la modificación reglamentaria, evitando de este modo cambios en los títulos de ocupación.
Por otra parte, la Xunta garantiza que la caldera de Ence “cumple favorablemente con su cometido” en un control ambiental “total”. Así lo aseguró en su última comparecencia ante el Parlamento la secretaria xeral técnica de de Medio Ambiente, Carmen Bouso, que aseguró que el Ejecutivo gallego hace un “riguroso” control del cumplimiento de las condiciones medioambientales en la planta de Lourizán, de manera que las auditorías realizadas en los últimos años muestran que el cumplimiento por parte de la empresa “es total”.
Bouso señaló que los últimos informes, de diciembre de 2020 y febrero de 2021, apuntan que la planta y caldera “cumplen favorablemente su cometido”. Tras recordar que fue el bipartito el que dio luz verde a la declaración de impacto ambiental de Ence, remarcó que las inspecciones se realizan con “datos objetivos fundamentados” y se llevan acabo por funcionarios “imparciales” que “señalan” que la pastera “cumple medioambientalmente”.
Esta alto cargo del Gobierno gallego defiende que Ence tiene una concesión y una prórroga de ocupación extraordinaria “absolutamente legal”, lo cual la Xunta seguirá defendiendo, puesto que “es defender la posibilidad de que continúen todas las industrias de la cadena mar-industria en la costa”.
··· El BNG anunció que mueve ficha ante el próximo debate de la Ley de cambio climático en la Comisión de Transición Ecológica, haciendo llegar a todos los grupos políticos en el Congreso una propuesta de transaccional que resuelva el problema generado por el artículo 18 para la continuidad de toda una serie de actividades en el litoral gallego, “en xeral sustentábeis e respectuosas co medio, que xeran millares de postos de traballo, dinamismo e riqueza na nosa costa e están vinculadas ao sector pesqueiro e marisqueiro”. La pastera de Ence se queda fuera de esta defensa.
··· Presentó el Bloque treinta enmiendas a esta ley para adecuarla más “á realidade socio-económica e ambiental do noso país”, entre ellas la supresión del artículo 18, que modifica lo previsto en la Ley de Costas y “ameaza o futuro de centos de actividades vinculadas ao complexo mar-industria”. El diputado Néstor Rego señala que “sendo preciso regular con criterio social e ambiental a ocupación do dominio público marítimo terrestre, isto debería facerse na própria Lei de Costas e en diálogo co sector e non pola porta de atrás, cun artigo noutra lei”. En un comunicado explican que una vez que la enmienda nacionalista, junto a otras en la misma línea –incluida la del PP– no prosperó en el debate en el relatório de la lei, el BNG traslada al resto de las fuerzas políticas una proposta de transaccional que exceptúe las actividades vinculadas al complejo mar-industria.
··· En concreto, se trata de una enmienda de añadido al apartado 4 del artículo 18, que pasaría a recogerse de esta forma: “Quedarán exceptuados de lo estabelecido len este apartado os títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre vinculados al desarrollo de actividades de acuicultura, depuración de marisco y conserveras y calquier otra relacionada con el sector mar-industria que tenga carácter sostenible”. Según Rego, esto “permitiría manter o previsto no artigo en relación coa ocupación do litoral por actividades agresivas co medio, mais ao mesmo tempo preservar as actividades sustentábeis da costa galega e salvagardar a totalidade dos empregos que, caso contrario, se poderían perder”. Recuerda el Bloque que esta proposición iba en la línea de otra que el PSdeG, finalmente, no llegó a presentar.
··· Aclara Néstor Rego que “a proposta ten tamén a virtude de deixar claro que non se trata de defender a permanencia no dominio público de “actividades que non teñen razón de ser no espazo litoral, como é o caso de ENCE que si ou si ten de saír da Ría de Pontevedra”. Concluye, además, reiterando que con esta ley queda claro, una vez más, que “Galiza precisa de capacidade plena para poder decidir sobre os seus asuntos, neste caso para ordenar o seu litoral, pois cando lexislan desde Madrid con criterios uniformes e descoñecemento da nosa realidade os galegos e galegas saímos perdendo”.
Santiago. El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra no admitió a trámite la denuncia de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, por sus declaraciones en las que advertía de la posibilidad de que se produjera un “susto mayúsculo ambiental” en su fábrica de Pontevedra.
El colectivo ecologista entendía que el extracto de un video, sacado de una alocución a sus trabajadores sobre el estado de una de las calderas de la factoría, podrían ser constitutivas de un delito de amenazas y de un delito contra el medio ambiente.
El titular del Juzgado pontevedrés señala que “en ningún caso” se puede pretender que lo dicho por el dirigente de la compañía pastera “supongan ninguna amenaza en sentido penal contra ninguna persona ni institución”.
En su fallo, el juez apunta que supone la “definición” de la posición de la empresa en un debate público “al que tiene tanto derecho” como tiene APDR para defender la posición contraria. En todo caso, el auto aclara que la mala conservación de maquinaria en este tipo de instalaciones podría suponer infracciones administrativas, “pero no la comisión de delitos”.
El proceso penal “no es el instrumento adecuado” para reaccionar ante sospechas de posibles infracciones de la normativa administrativa y reitera que los hechos denunciados “se ciñen a que se produjeron unas manifestaciones en un contexto concreto y, así definidos, no indican la comisión de delito”.
Si a partir de las sospechas generadas por esas declaraciones, la denunciante o la Fiscalía verifican que existen otros hechos diferentes a esas manifestaciones, “habrá que valorar en qué se concretan para decidir si procede la apertura de un proceso penal”, añade el juez. Esa eventual decisión, concluye el auto del juzgado, sería acordada en otro procedimiento.
Por otra parte, la pastera comunicó el miércoles el fin de la parada técnica en su Asturiana planta de Navia, que hasta el día 25 realiza en Lourizán. La compañía comunicó el martes a la CNMV que celebrará su junta de accionistas un día después de forma telemática. Quizá dé pistas entonces del futuro que les puede aguardar a la planta gallega, aunque ya avanzó que estaría reformulando su plan estratégico para mantener Lourizán en marcha, al menos, hasta 2033. J. C.
En el día en el que el comité de empresa de la fábrica de Ence en Lourizán, comandado por la CIG junto a UGT, acudían al encuentro de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desde un coloquio de Nueva Economía Forum el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respondía al ser preguntado por la situación de la pastera que “se puede evitar el cierre”, pero que la cuestión “no es dónde se ubican las actividades empresariales”, sino que en el caso de esta empresa su problema no es la ley de cambio climático sino los “tres recursos” sobre su concesión que dirime la Audiencia Nacional.
A su juicio, “a consecuencia del cambio climático” se dibuja una “imposibilidad de mantenimiento” de algunas ciudades o infraestructuras allí donde están ubicadas.
Morán precisó que el coste de reparación de los daños en la costa ocasionado por temporales pasó de los uno o dos millones en los años 2006 a 2008 a los 40 o 50 millones de euros en 2018.
“Más allá de que a simple vista sea posible adivinar el proceso de subida del nivel del mar, esa subida cada vez que hay un episodio de graves temporales provoca una intrusión del mar muchos metros más adentro de lo que hasta ahora lo había venido haciendo”, comentó.
Por eso, ha señalado que el Gobierno está trabajando en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en el borde litoral para identificar las actuaciones a llevar a cabo en los próximos años. Esto incluirá la definición de los “nuevos modelos de ordenación urbana”, las actuaciones a seguir en lugares donde algunas infraestructuras urbanas y edificaciones existentes “no son viables”.
En definitiva, ha dicho que están estudiando los “pasos” que se deben acometer en el futuro para que la adaptación “no sea traumática” sino con seguridad jurídica y física para los ciudadanos.
Promesas a la plantilla. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que el pasado martes defendió también que el principal peligro para la ubicación de la pastera en Lourizán no está en su ley, sino en la Audiencia Nacional, mantuvo en la tarde del miércoles dos reuniones con representantes del comité de empresa de la factoría de Ence, por un lado –bajo control de CIG y UGT– y con representantes de Comisiones Obreras, los transportistas y sector forestal.
En un comunicado, este departamento señala que en ambos encuentros se celebraron “en un ambiente de cordialidad”. Ribera trasladado a los representantes de los trabajadores la voluntad del Gobierno de habilitar un espacio de diálogo donde buscar fórmulas que den continuidad a los puestos de trabajo de Ence en Pontevedra.
Como facilitadores de este espacio de diálogo el Ministerio invitó a participar a los trabajadores de la factoría, a los del sector transportes y forestal, a la empresa y a las Administraciones. El objetivo es compartir la información y analizar la actual situación “para dar tranquilidad a los trabajadores y sus familias a medida que se avanza en encontrar respuestas para dar continuidad a los puestos de trabajo”. Así, el departamento que dirige Ribera se compromete a facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones de futuro con la empresa, la Xunta y las administraciones locales para todas las partes implicadas en esta crisis.
De nuevo Transición Ecológica insistía también en presencia de los trabajadores de la pastera que el artículo 18 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética “no afecta a Ence” y que la decisión en cuanto a la continuidad de la empresa en su ocupación del dominio público marítimo terrestre no depende del Ministerio, “sino de un fallo que debe dictar la Audiencia Nacional, donde se estudia el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016”, concluyen.