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Cuenta atrás para el macrojuicio del Alvia

La Cidade da Cultura será sede del proceso, en el que participarán 120 abogados y procuradores

Al presidente del Tribunal Superior de Xustiz de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, el primer trimestre del año 2022 le parece “realista” para celebrar el juicio por el accidente del Alvia acontecido el 24 de julio de 2013 y que dejó ocho decenas de muertes. Los familiares se han hecho oír este 2021 en varias ocasiones; la última, con la llegada del AVE a Ourense.

Ese día, el 20 de diciembre, coincidiendo con la inauguración, en Madrid entregaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en presencia del rey Felipe VI y de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y consideraron “inaceptable” que tras ocho años sin la investigación independiente que pide la Comisión Europea se inaugurase de forma “ostentosa” esa línea de alta velocidad, “como si no hubiese pasado nada”.

“Falta de sensibilidad y desmemoria impropias de un país serio. Debería avergonzarles”, lamentó entonces la plataforma 04155, por boca de su portavoz, Jesús Domínguez, que cuenta los días sin que alguien haya asumido responsabilidades.

El pasado julio el juzgado decretó la apertura de la vista oral, falta ahora el señalamiento, contra el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y el entonces jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Con todo, supervivientes –como el propio Domínguez– y familiares piden más, al defender que hay hechos graves que no serán abordados y que van mucho más allá de que un conductor no frenase a tiempo sin que existiese sistema automático alguno para evitar las fatales consecuencias de ese despiste.

La Cidade da Cultura, será el escenario en el que se vea la causa y está previsto que tomen parte hasta 120 abogados y procuradores. Al igual que ocurrió cuando se enjuició la marea negra del Prestige, la Xunta hará frente a las necesidades materiales para la celebración de las sesiones del juicio.

Díaz Castroverde ha defendido en todo momento la necesidad de una sede “digna, cómoda y que tenga el espacio suficiente para el desarrollo” normal, cualquiera que sea el número de asistentes. El 8 de noviembr comentó que “en el momento actual, el umbral del primer trimestre del año 2022 me sigue pareciendo realista”.

REUNIÓN CON LA MINISTRA. El 16 de diciembre, cinco meses después de asumir el cargo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recibió a las víctimas y, como antes hicieron sus antecesores, escuchó al colectivo, que reclama que el Ejecutivo cumpla con el mandato de Europa e inicie, por tanto, una nueva pesquisa técnica independiente. Ese encuentro duró hora y media y la plataforma se quedó con la impresión de que no había voluntad de resolver este escollo.

La Agencia Ferroviaria Europea expuso en su día que la investigación que en 2014 realizó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se había centrado solo en el maquinista de aquel convoy y, por ende, obviado otras causas del siniestro en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois.

Además, este órgano apreciaba falta de independencia del organismo estatal, por estar sus miembros nombrados por el ministerio responsable.

Desde entonces, en varias ocasiones se ha pedido a España un examen riguroso, al entender que con el que está hecho no resulta suficiente.

En 2016 hubo una reforma de la CIAF, para darle mayor independencia. El argumento de la Abogacía del Estado, después de ese paso, es que esa nueva investigación tendría que partir de la CIAF por voluntad propia, no de una petición del Gobierno para así no violar su independencia. No obstante, como dan validez a lo elaborado, la CIAF no actúa en ese sentido.

En este escenario, las víctimas exigen la destitución directa de sus integrantes por incumplimiento de funciones. Y no solamente se pronuncian al respecto en sus actos públicos, pues hay, por ello, una causa judicial en marcha, paralela a la penal.

El 24 de julio, como en cada uno de los siete aniversarios precedentes, la plataforma 04155 se manifestó por las calles de Santiago y tras esa protesta, en el Obradoiro, se dio lectura a un manifiesto: “A lo largo de estos años víctimas y familiares hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y luchar mucho para desmontar la verdad oficial”. Se quejaron de que habían pasado cuatro gobiernos, otros tantos ministros de Fomento, y aún no había llegado esa “investigación técnica independiente que reclama la UE”.

31 dic 2021 / 01:00
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