Deficiencias en casi el 60 % de las depuradoras
Según una auditoría encargada por Augas de Galicia a la empresa Adantia, un 58 % de las depuradoras de agua funcionaban “mal” o “regular”, mientras que solo un 42 % operaban “bien”. Los datos no son nuevos, pero la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, volvió a ponerlos ayer encima de la mesa para defender la nueva Lei do Ciclo da Auga, con la que la Xunta, explicó, se propone ayudar a más municipios a sanear la gestión de las aguas residuales para evitar fugas, vertidos y deficiencias en el tratamiento.
Vázquez, que reprochó la “falta de voluntad” de las diputaciones de A Coruña, Lougo y Pontevedra en contribuir a su iniciativa, expresó la voluntad de ampliar, más allá de las 28 plantas de tratamiento de aguas residuales de 30 municipios que gestiona actualmente, a otros ayuntamientos que quieran adherirse de forma “voluntaria”, comentó, y señaló que los que se incorporen mantendrán la “autonomía plena”.
Precisó que en caso de adhesión a la propuesta de la Xunta, los municipios deberán sustituir los actuales “gravámenes” por “tarifas” que aplica la firma autonómica Augas de Galicia, que “son claras, transparentes e igualitarias para toda Galicia”, apostilló, según informó Efe.
La conselleira reconoció que de las actuales 160 depuradoras de aguas residuales en Galicia hay muchas con deficiencias que es necesario corregir para contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y señaló la intención de efectuar auditorías para tener un mejor conocimiento de la situación.
Vázquez alabó la contribución de la Diputación de Ourense a su iniciativa, pero recriminó la “falta de voluntad” de las otras tres, en particular la de Pontevedra, que “insinúa que puede recurrir” contra la legislación, lo que consideró una “amenaza”.
En su opinión, esa postura sería “perjudicial para avanzar en la calidad de las aguas y los objetivos que queremos conseguir”, en particular para los municipios.
Acerca de una reciente decisión del Tribunal Supremo que impone a la Xunta el pago de 4 millones de euros por deficiencias en el sistema de depuración de aguas residuales en Vigo y en Ribeira y la repercusión en sendas rías, al ser preguntada sobre si se siente responsable de esa situación, dijo discrepar de la sentencia del alto tribunal.
“Yo asumo la responsabilidad de lo que sea, faltaría más, en aguas de Galicia”, comentó Vázquez, que ejerció de directora de Augas de Galicia antes de ser nombrada conselleira, pero opinó que la sentencia alude a obras de 2017 del Gobierno español, que reconoció su “competencia y responsabilidad”.