Denuncian en el palangre: “Nos obligan a destruir el marrajo capturado legalmente como si fuese droga”

Un nuevo y repentino cambio de criterio de la Administración es la gota que colmó el vaso de un grupo de armadores de A Guarda, que llevan meses sufriendo la deriva del Gobierno español respecto a una especie como el marrajo. La última decisión obliga a destruir “como si fuera droga” varias toneladas de este tipo de tiburón “capturadas de forma totalmente legal y que, hasta hace unos días, podían comercializar sin ningún tipo de problema.

Culpan a la descoordinación en Madrid tras la entrada del marrajo en el apéndice II de la CITES, que hace referencia a especies cuyo comercio debe regularse para que no pasen a estar en peligro de extinción. Desde ese momento, y tras meses de desconcierto, la Administración fijó un criterio acerca de cómo se debían certificar estas capturas para su posterior comercialización. Para ello, estableció unos cupos comerciales globales por zonas de pesca, de tal forma que las capturas sobre el tope no podrían ser vendidas.

En el caso de la flota palangrera de larga distancia, que faena en aguas internacionales, pero también en las de países con los que la UE mantiene acuerdos pesqueros, España estaba certificando dichas capturas, siempre respetando el cupo máximo establecido en cada zona, emitiendo además un Permiso Temporal de Pesca (PTP) en el que se indican las zonas en las que el buque puede faenar, incluyendo las susodichas aguas internacionales y/o de terceros países. Tales capturas disponían de certificados CITES expedidos por la Administración española, ya que es el país de bandera de estos buques, entrando dentro de ese cupo comercial previamente establecido para cada zona.

En zonas como el Atlántico Sur o el Pacífico, y a petición del propio sector, el cupo se repartió equitativamente entre todos los buques que operan en esa zona. Todo ello con el objetivo de optimizar el cupo comercial y mejorar la regulación para esta especie, dada la descoordinación detectada en la Administración española sobre esta cuestión.

Decisión sorprendente sin preaviso

Cuando el tema parecía no poder ir a peor, la pasada semana, de forma sorprendente, la Administración decidió cambiar su criterio y empezar a certificar únicamente las capturas de marrajo realizadas en aguas internacionales, dejando en un limbo todas las capturas realizadas dentro de las aguas de terceros países, sin haber trasladado este cambio de criterio a la flota, que está cumpliendo a rajatabla la limitación fijada por el Ministerio de Transición Ecológica.

Ahora, y sin previo aviso, han decidido que debe ser el país tercero quien certifique esas capturas, cuando no tienen ni conocimiento ni competencia para certificar las capturas realizadas por barcos españoles, y aún en caso de que lo hiciesen, España seguiría rechazando esas partidas.

Esta nueva vuelta de tuerca al marrajogate ha provocado que varias toneladas de marrajo hayan sido retenidas por parte de las autoridades a su llegada al puerto de Vigo, las cuales exigen su destrucción. Es decir, que estas especies capturadas legalmente, siguiendo los criterios de la Administración española, tienen que ser destruidas como si fueran droga y asumiendo el armador el coste exacerbado que ello supone. Al mismo tiempo, los buques que se encuentran en alta mar se ven obligados a tirar por la borda todas esas capturas por culpa del desconocimiento y la falta de comunicación por parte de la Administración, que va dando bandazos sobre la marcha de forma descoordinada.

Intolerable acoso

“Estamos hartos del acoso y derribo que está sufriendo esta flota, pero sobre todo estamos hartos de la falta de respeto con la que la Administración está tratando a un sector que ha demostrado su responsabilidad a todos los niveles”, señala Juana Parada, gerente de Orpagu. “Lo que es intolerable es que nos obliguen a destruir un pescado legal y que se encuentra en perfectas condiciones como si fuese droga, obviando el hambre que hay en el mundo”, argumenta Miguel González Pérez, armador afectado.

“Tendría que llamarse Ministerio de Intransición Ecológica, porque la gestión que están llevando a cabo es de todo menos sostenible”, argumenta uno de sus compañeros. “Disponemos de una licencia que nos permite capturarlo. Si no tenemos ningún otro documento, ni información que nos indique lo contrario, ¿cómo vamos a saber que debemos tirarlo por la borda?. Es un sinsentido”, en palabras de José Mauri Gómez, otro de los propietarios de buques del palangre.