Descendió en los últimos años el presupuesto gallego orientado a la renta mínima

Madrid. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que “muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social” a través de la Renta Mínima de Inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Un análisis realizado por esta asociación revela que Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid y Castilla y León redujeron sus presupuestos para este fin en torno al 50 % o más y que, aunque algunas destinaron este “ahorro” a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras “supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021”.

En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y sólo el 7,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.

En el caso de Galicia se observa que el presupuesto destinado a Rentas Mínimas de Inserción en el año 2019 fue de 53,39millones de euros, en el peor año de la pandemia, el 2020, fue de 53,03 millones y en 2021, descendió hasta los 43,97 millones de euros, lo que supone una variación negativa del 17 % en el último año con datos. efe / ECG