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Fernando Blanco lamenta haber estado "inhabilitado en términos políticos"

El exconselleiro y exdiputado del BNG celebra el sobreseimiento de la causa judicial que le salpicó tras dejar de estar investigado en una pieza separada de la trama principal de la Operación Campeón // Pide cambios legislativos que impidan que se repitan situaciones como la vivida por él mismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13/11/2018.- El exconselleiro y exdiputado del BNG Fernando Blanco (d), ha ofrecido una conferencia de prensa junto a sus abogado Xoán Antón Pérez Lema (i) en la que dice celebrar el sobreseimiento de la causa judicial que le salpicó, tras dejar de estar investigado en una pieza separada de la trama principal de la Operación Campeón. - FOTO: EFE/Óscar Corral
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13/11/2018.- El exconselleiro y exdiputado del BNG Fernando Blanco (d), ha ofrecido una conferencia de prensa junto a sus abogado Xoán Antón Pérez Lema (i) en la que dice celebrar el sobreseimiento de la causa judicial que le salpicó, tras dejar de estar investigado en una pieza separada de la trama principal de la Operación Campeón. - FOTO: EFE/Óscar Corral

SANTIAGO. EFE  | 13.11.2018 
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El exconselleiro y exdiputado del BNG Fernando Blanco ha celebrado el sobreseimiento de la causa judicial que le salpicó, tras dejar de estar investigado en una pieza separada de la trama principal de la Operación Campeón, y pide cambios legislativos que impidan que se repitan situaciones como la vivida por él mismo, que afrontó un proceso judicial dilatado: "En términos políticos estuve ocho años inhabilitado".

"Es evidente que después de siete años, la justicia llega tarde", ha esgrimido en rueda de prensa Fernando Blanco, acompañado de sus letrados en la causa, Evaristo Nogueira y Xoán Antón Pérez Lema, que esgrimieron numerosas críticas sobre el proceso de instrucción que dirigía la jueza Pilar de Lara y que, en su opinión, incurrió en dilaciones injustificadas.

Para el que fuera responsable de Industria en el Gobierno bipartito PSdeG-BNG "hace falta una reflexión" en el mundo judicial con el objeto de poner coto a procesos de instrucción de estas dimensiones que tienen altos costes para las personas a las que afecta, como fue su caso, al decidir renunciar a su acta, aunque en su partido, el BNG, no se lo llegasen a pedir.

"Cuando dimití estaba convencido de que un imputado tiene que dimitir para que su organización quede al margen", ha explicado Blanco que, sin embargo, admite que en aquel momento pensaba que el proceso judicial concluiría en un "corto espacio de tiempo" y no más de siete años después.

Por ello entiende que existe un "deficiente funcionamiento de la justicia que deben corregir" porque "para que un estado de derecho sea un estado de derecho, la justicia debe ser fundamental y uno empieza a dudar de que en algunas cuestiones sea así".

Así las cosas, pide avanzar hacia una modificación legislativa que evite la "utilización de la justicia como arma política" en "una lucha que, desde luego, no es limpia".

Confía en que estos cambios puedan servir para que "nadie tenga que estar aguantando una situación que es injusta", ya que en su caso -según él- afrontó "acusaciones en el aire".

Aparte, ha considerado que los cambios además de a nivel judicial también deben darse a nivel informativo porque él durante este proceso tuvo "la sensación de que había periodistas que jugaban a ser jueces y jueces a ser periodistas" con un proceder bajo el que "desaparecen los dos factores, la justicia y la información".

Pese a sus discrepancias sobre el proceso, Blanco ha recordado que siempre fue "absolutamente respetuoso" con la Justicia y no intentó "en ningún momento interferir en nada", procurando siempre colaborar "sin ningún tipo de problema" y facilitando toda la información que se le solicitaba.

De este modo, ha asegurado que su crítica no está dirigida únicamente a la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, "ni siquiera conozco a la juez, nunca hablé con ella y nunca me llamó a declarar"; y ha añadido que en todas las profesiones "hay personas que lo hacen mejor y personas que lo hacen peor", "pero hay que tener mecanismos para corregir esos errores.

Así las cosas, Blanco ha rechazado valorar la posibilidad de que detrás de las continuas demoras en su caso se escondiesen intereses políticos, remarcando que tratar una "teoría conspiranoica" no le corresponde a él, siendo éste un aspecto que "no me preocupa tanto ya".

Con todo, el exconselleiro no tiene pensado volver a la primera línea política, "todo en la vida tiene una época" y, la actual, no es la suya -ha dicho- al entender que el panorama político presente está marcado por una "radicalización tremenda" que no llega a ningún lugar ya que con los posicionamientos que mantienen las organizaciones hoy en día es "imposible prácticamente llegar a proyectos que beneficien a la ciudadanía desde diferentes posicionamientos".

"Si se pierde la vía de diálogo, lo que estamos construyendo es un mundo muchísimo peor, y me da la sensación de que por ahí van los tiros", ha lamentado Blanco, que enfrentó la tónica habitual con los logros conseguidos desde el consenso cuando, él mismo siendo un diputado de la oposición en el año 2009, impulsó el debate sobre la reforma de la Ley de Cajas.

Mientras, sus representantes legales, como él, también han cargado contra un proceso judicial que ha sido perjudicial para su defendido y que, según Pérez-Lema, se intentó convertir "en una causa general" que no derivaba de las acusaciones del empresario Jorge Dorribo de las que partía la causa que afectaba al socialista José Blanco.

Según su opinión, desde el año 2014 con múltiples informes examinados, no hubo una motivación objetiva para continuar con la investigación de esta pieza separada y que, sin embargo, el Ministerio Fiscal permitió en una actuación que el letrado tildó de "francamente negativa".

Por su parte, Evaristo Nogueira ha destacado que lamentablemente "Fernando Blanco es el paradigma de esa pena que no esta recogida en el código penal, la pena del banquillo" que ha tenido para él "consecuencias irreparables, políticas y personales que no tienen vuelta atrás".

De este modo, se ha sumado a la petición de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que precisaría dotar al sistema de más recursos.

En su opinión, también se debe reflexionar sobre "si toda investigación debe conllevar la dimisión de un cargo público" en tanto que el 90 por ciento de las querellas que se presentan se admiten a trámite, lo que hace "muy fácil hundir a alguien políticamente".

"No se puede judicializar la política para pedir dimisiones" porque ello derivaría en el "peligro" que supondría que fuesen los poderes judiciales quienes "decidan quién se pueda presentar" a un cargo público, ha zanjado.