Galicia no se plantea recuperar la gestión pública de los saltos hidroeléctricos
En diez años caducarán 15 concesiones en las dos cuencas// Las centrales deben volver al Estado, pero ni la Xunta ni el Gobierno central aclaran qué harán después con ellas
Desde hace décadas las compañías privadas gestionan en Galicia 148 centrales hidroeléctricas. Lo hacen bajo el régimen de concesiones, que han empezado ya a caducar. En los próximos diez años el plazo de permiso para explotar los ríos gallegos se terminará en 15 saltos de agua, en 4 de ellos ya lo ha hecho recientemente. Pero ni la Xunta ni el Gobierno central se plantean, de momento, gestionar públicamente estas centrales para que sus beneficios reviertan en la sociedad.
Las hidroeléctricas son junto a las nucleares las centrales más rentables para las compañías eléctricas. Usan un combustible prácticamente gratuíto, el agua, y a menudo las instalaciones están ya amortizadas. En su estudio El coste real de la energía, del catalán Observatori del Deute de la Globalización, calcula que en el conjunto de España, entre 1998 y 2013, las eléctricas ganaron 1.110 millones de euros gracias a los saltos de agua.
En Galicia dos confederaciones hidrográficas la del Miño-Sil, dependiente del Gobierno central, y la de Galicia-Costa, de la Xunta son los organismos responsables de las cuencas de la comunidad. Ambas se muestran esquivas sobre sus planes futuros para los saltos a los que les vaya caducando la concesión. Terminado el plazo, la ley establece que las infraestructuras deberían volver al Estado, pero la duda es qué hará con ellas.
Ambas cuencas argumentan que lo primero es tramitar el plazo de extinción de la concesión. La Confederación del Miño-Sil lo está haciendo para la central minihidráulica de Enviande y la de Galicia-Costa para las de AH Fervenzas (río Vexo), CH Gümil (río Lambre) y CH Castellana (río Mandeo).
Es necesario tramitar completamente la extinción para tomar una decisión sobre lo que se puede hacer en cada caso, se limita a responder la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta. La legislación obliga a realizar durante este trámite un informe para determinar si las instalaciones siguen siendo viables y podrían continuar aprovechándose. Una vez dilucidado, explican desde la Confederación del Miño-Sil, podrían volver a sacarse a concurso público, para que una empresa eléctrica las gestionara.
En toda España, tan sólo se ha cerrado la reversión pública de una central hidroeléctrica, la planta de Pueyo de Jaca, en el municipio de Panticosa situado en el Pirineo de Huesca. La gestiona una empresa pública y produce electricidad a 10 euros el megavatio/hora. Según un informe de la Oficina Estadística Europea, Euroestat, el precio medio que acaban abonando los hogares españoles alcanza los 237 euros. Desde 2013, los beneficios de la central se destinan a la restauración de cauces fluviales, a regadíos o a recuperar las afecciones medioambientales, explica Jorge Luis, diputado del grupo de Unidos Podemos en las Cortes por Huesca.
Las 15 concesiones que han caducado o lo harán en los próximos 10 años en Galicia son minicentrales. Pero una de las grandes hidráulicas que debería volver al Estado ya ha solucionado el problema. En 2009 el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidió blindar a Gas Natural Fenosa para que pudiese seguir explotando hasta 2059 el salto de Os Peares. Lo hizo agarrándose a una excepción de la Ley de Aguas de 2001, que prevé que como máximo las concesiones se prolonguen durante 75 años. La de Os Peares, en manos privadas desde 1910, lo hará por 149 años.
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