Ofensiva de la Xunta para frenar las subidas del peaje en la AP-9

"Galicia sufre un agravio en relación a los peajes de la AP-9 que se va a ir acentuando, y más aún comparándola con la evolución de las autopistas del resto del Estado". Estas palabras de Ethel Vázquez, titular de Infraestruturas en el Gobierno Feijóo, resumen el porqué de la propuesta que su departamento detalló ayer ante los medios.

Una vez descartada totalmente la idea del rescate de la vía del Atlántico, y ante la perspectiva de subidas acumuladas del 1 % en los precios durante 18 años más, la Xunta constata con los números que el efecto del Real Decreto de 2011 supone financiar unas obras directa y holgadamente del bolsillo de los usuarios. "En cuatro meses ya representa una subida del 6 %. Es algo grave y un enorme perjuicio para los gallegos", advirtió ayer la conselleira. "Supone pagar más de 1.400 millones en peajes por parte de los gallegos para financiar unas obras de 230", denunció.

La propuesta de San Caetano -demandada por el Ministerio en noviembre de 2018 en una cita de la conselleira con el secretario de Estado de Infraestructuras- acaba de materializarse y pasa por dos medidas. La primera sería la amortización de las obras de ampliación realizadas por Audasa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de modo que no repercutan en los conductores. Y la segunda, adelantada la semana pasada por el jefe del Ejecutivo gallego, una bonificación del 25% del coste del viaje para los vehículos que hagan un trayecto de ida y vuelta en el mismo día. Los descuentos serían para vehículos ligeros y pesados, " y también los fines de semana", explicó Ethel Vázquez acompañada por Francisco Menéndez, director de la Axencia Galega de Infraestruturas. Estos cambios implicarían una revisión de las condiciones establecidas en "un acuerdo injusto, inaceptable y desconcertante". De esta forma, la concesionaria no seguiría subiendo los peajes (se considerarían consolidados los incrementos extraordinarios de tarifa del 2 % en 2018 y del 1,8 % en 2019) y el Estado le pagaría 265,94 millones, a razón de 53,19 cada uno de los próximos cinco años. A mayores, se aplicaría la rebaja en los viajes de ida y vuelta. Costaría 12,9 millones anuales. En total, 66 millones cada ejerccio del próximo lustro.

Tal y como explicaron los responsables autonómicos, la AP-9 es la principal vía de comunicación de la comunidad y el acuerdo de 2011 "supone un gran negocio para Audasa y un gran perjuicio para los gallegos". Es "injusto e inaceptable", advirtieron, enumerando varias compensaciones logradas por la concesionaria que no deberían existir o son abusivas. Además, teniendo en cuenta la nueva política del Estado en vías de alta capacidad -la mayoría revertirán antes que la AP-9, las que ya han vuelto a manos del Gobierno han quedado sin peaje y otras, como las radiales madrileñas, tienen tasa reducida y bonificación nocturna-, la situación de Galicia se agrava aún más con las subidas acumulativas previstas para 20 años, la consiguiente pérdida de competitividad, el incremento del coste de la movilidad por carretera y el trasvase de usuarios a vías convencionales, lo que conlleva menor seguridad.

Los responsables de las infraestructuras gallegas hicieron referencia a los puntos recogidos en el Real Decreto que compensan a Audasa, como los costes por mantenimiento o conservación "desde el primer año" cuando es una obra nueva, por lo que se podrían eliminar; que se aprovechó la obra de ampliación de Rande "para arreglar y rehabilitar" lo antiguo, un gasto que en condiciones normales habría pagado la concesionaria; la bonificación de 244 millones como consecuencia "del incremento en el pago del impuesto de sociedades al tener mayores beneficios"; o el interés estipulado del 8% fijo y sin revisión, cuando la financiación de las obras se logró al tipo de interés del 4,75 %.

Tras meses de trabajo, explicó Vázquez, y ante el "clamor social" de los gallegos por el encarecimiento y porque el acuerdo vigente supone un "gran negocio" para Audasa, la Xunta ha decidido hacer públicas las cifras. Su intención es llevar esta propuesta "a todos los foros en los que sea posible", buscar el respaldo de los partidos, del Parlamento gallego, de la comisión conjunta o del Congreso, y luchar para que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado.

La conselleira dio por hecho que la concesionaria irá a un contencioso, pero recordó que existen "precedentes de revisión a la baja", como en el caso del acuerdo que firmó en 2006 el Bipartito con Fomento, que la actual Xunta logró que se revisara para contener un "enriquecimiento injusto" de la empresa, tal y como reza en el informe emitido por el Consejo de Estado.

Ethel Vázquez

Conselleira de Infraestruturas

"El acuerdo de 2011 incluye aspectos escandalosos como 140 millones para costes de conservación de obras que no existen, o el interés del 8 % fijo sin capacidad de revisión"