El confinamiento desbordó a los servicios sociales de los concellos

Durante el confinamiento por causa de la pandamia, los ayuntamientos gallegos registraron un aumento de 17.317 nuevos usuarios o demandantes de ayudas en los servicios sociales municipales. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) es la que señala este dato, resultante de un estudio sobre los efectos colaterales del coronavirus en la atención social municipal al inicio de la crisis sanitaria.

El impacto socioeconómico por el cese de actividad junto al aislamiento domiciliario supusieron el “colapso” y “saturación” en los servicios sociales de muchos concellos, con un importante aumento de la demanda general en todas las prestaciones, según indica el citado informe.

AUTÓNOMOS Y ERTES. Por causa de esa avalancha de nuevos peticionarios de ayudas sociales, en el mes de julio, de acuerdo con los datos de la Federación, seis de cada diez usuarios eran trabajadores a la espera de recibir la ayuda por ERTE o autónomos afectados por el cese de actividad. Se añade a esa cifra, cerca de un 43% de familias monoparentales o con menores a su cargo, un 40% de usuarios del SAF y un 28,5% de personas en riesgo de exclusión social, con trabajos vinculados a la economía sumergida. Matiza el estudio que algunos de los usuarios pueden corresponder a varios perfiles de necesidad.

Se pone de relieve que, como cabía esperar, “la vulnerabilidad entre personas afectadas por el cese de actividad profesional es mucho mayor en poblaciones grandes”, mientras que en los municipios de menos de 5.000 habitantes predominan, con mucho, las personas que precisan de la prestación de asistencia domiciliaria.

NECESIDADES BÁSICAS. En cuanto al tipo de prestación, el mayor incremento asistencial de los servicios sociales locales se registró en la demanda de ayudas económicas para necesidades básicas, que aumentó un 51,10%. Le siguieron el de ayuda en el hogar, con un 18,48%; las medidas de reinserción social, con un 15,72% y los comedores y otros dispositivos de atención a gente sin hogar, con un 11,42%, según apunta el trabajo de la Fegamp.

En esos efectos colaterales del confinamiento debido a la crisis sanitaria, está también un notable aumento de la carga burocrática, de casi el 32%, por la asistencia para demandas sociales que no son competencia de los concellos, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital y otro tipo de ayudas. En este terreno, la red de municipios reiteran, una vez más, “la sobrecarga de trabajo para atender a las personas para suplir la falta de asistencia de otras administraciones”. Reclaman sobre este particular un articulado que integre las ayudas.

FONDOS APORTADOS. Desde la Federación Galega de Municipios y Provincias resaltan que los concellos aportan el 87,4% de los fondos de prestaciones sociales básicas, frente al 8,6% de la Xunta de Galicia y el 4% del Estado.

Subraya el organismo federal que la respuesta social municipal en la primera fase de la pandemia supuso para sus arcas un sobrecoste medio 5,8 millones de euros al mes. Al efectuar el desglose de esos gastos, cifran el coste mensual base en algo más 19,5 millones de euros, montante que se incremento hasta los 25,4 millones, por causa de las necesidades generadas por la pandemia. La diferencia asciende a los casi 6 millones de sobrecoste que señala el informe.

En ese escenario de excepción, la Fegamp reseña que las mayores dotaciones económicas de los concellos siguieron correspondiendo al SAF, con un 60%, y a las necesidades elementales, con un 21,42%.

Este aporte extraordinario de la asistencia social local, la que se sitúa en el primer escalón de la atención y que mejor conoce las necesidades de los vecinos, se asumió sin que los ayuntamientos recibiesen fondos extraordinarios para afrontar esa riada de demandas extraordinarias para cubrir las necesidades más apremiantes de las personas.