El Consultivo lo ve claro: adscribir Ence al Puerto de Marín es viable

El Consello Consultivo lo deja muy claro: la posibilidad de adscribir la fábrica de Ence en Pontevedra al puerto de Marín es “perfectamente viable” siempre que estos terrenos “sean necesarios para el desarrollo de los usos portuarios” recogidos por la ley y se “observen los trámites legalmente establecidos para dicha modificación”, indican en su informe, el cual también evidencia que los puertos de interés general, como puede ser el del concello marinense, “quedan fuera” del ámbito de aplicación de la Ley de Costas al regirse por una legislación “específica” diferente a la que afecta a los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Así lo concluye el organismo al que el Gobierno gallego preguntó si era “viable” esta opción planteada por los empleados de la pastera, haciéndolo constar en la parte final del documento que elaboraron para contestar a la Xunta. En el mismo, sin embargo, no se pronuncia sobre el cumplimiento de las tres sentencias de la Audiencia Nacional en las que anula la prórroga de la concesión en esos terrenos. Sobre este fallo cabe recurso.

En este sentido, el Consultivo apunta en el informe que elaboró que el hecho de que la sentencia no esté en fase de ejecución aun permitiría que “no obligue a su cumplimiento actual”, por lo que, según sostiene, “en el momento presente no cabe mantener” que la incorporación (de estos terrenos) conlleve un incumplimiento, “directo o indirecto”.

Además, en sus últimas líneas, el Consello Consultivo le recuerda la importancia “estratégica” en tanto “coadyuvan al desarrollo económico y social” del Estado español, apuntando por otro lado que los puertos de interés general “quedan fuera del ámbito de aplicación” de la Ley de costas, puesto que se rigen por su legislación específica.

Del mismo modo, el organismo dice que la regulación vigente en la zona de servicio de los puertos de interés general “es el resultado de una evolución normativa”, caracterizada por una progresiva ampliación del concepto de zona de servicio que fue pareja a la progresiva ampliación de los usos previstos por la legislación portuaria y ante “la importancia estratégica del sistema portuario estatal y la necesidad de rentabilidad”.

Así las cosas, la emisión del acuerdo de iniciación del expediente de propuesta de Delimitación de los espacios y usos portuarios es “exclusiva competencia de la correspondiente autoridad portuaria y su aprobación se efectuará a través de orden ministerial”. Por este motivo, ahora dependerá del Gobierno central.

Al respecto, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, dijo tras reunirse con la ministra Ribera estar “más tranquilo”, asegurando salir con el compromiso del Gobierno central para que Ence se quede dentro de la comunidad gallega.

JUSTIFICACIÓN OBJETIVA DEL PUERTO DE MARÍN. El Consello Consultivo sostiene, además, que la justificación ofrecida por el Puerto de Marín sobre la ampliación de los terrenos responde “a criterios objetivos y acordes con los que han de presidir la gestión del sistema portuario estatal” y la “determinación de la zona de servicio del puerto, sin que se presente como una alternativa arbitraria o manifiestamente irrazonable”.

Igualmente, se pronuncia acerca de que “no es óbice” que los terrenos no tengan una continuidad física, porque a ello no obliga la ley, y tampoco ve obstáculo en que los terrenos de Lourizán estén ocupados por Ence, puesto que la sentencia que anula la prórroga no es firme.

En concreto, en este sentido, plantea dos escenarios. Si se revoca la sentencia, la subsistencia de la concesión “no constituiría, per se, un obstáculo a la inclusión del terreno de la zona de servicio del Puerto de Marín”.

De confirmarse la anulación judicial de la prórroga de la concesión, y de producirse, la desaparición del acto administrativo, “ese efecto nunca se vería obstaculizado por una incorporación al puerto de los terrenos hoy ocupados por las instalaciones de Ence, pues esa incorporación del terreno dejaría siempre incólume” el contenido de la sentencia. “Con lo cual”, conforme añade el escrito “ninguna relación inmediata tendría el acto de la incorporación”.

“Quedarían, eso sí, sometidos al régimen específico del dominio público portuario y a los límites de usos que les afecten, debiendo sujetarse a su utilización a lo dispuesto en el régimen específico, pero eso no pugnaría con los pronunciamientos de una sentencia, cuyos efectos, que no se verían menoscabados por la incorporación de los terrenos a la zona de servicio del puerto, no alcanzan a eliminar o congelar la facultad que ostenta la Administración estatal de ordenar especialmente la zona de servicio de los puertos de interés general”, sostiene.