El fallo del TSXG del día 28 decidirá el futuro de Alcoa
El Ejecutivo central espera la decisión sobre las cautelares por el ERE para dar el próximo paso // No se descarta intervenir la factoría lucense
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que el Gobierno central verá “cuáles son los siguientes pasos” a dar con respecto a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), una vez se pronuncie el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las medidas cautelares solicitadas por el comité de empresa frente al ERE que afecta a más de 500 trabajadores.
En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, la ministra aseguró que el Ejecutivo estatal “sigue trabajando en todas las alternativas” para la fábrica de aluminio, por lo que no se descarta una intervención, toda vez que ya hubo fechas atrás un ofrecimiento por parte de la SEPI que la multinacional rechazó.
“El Gobierno está aquí para mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas”, expresó Reyes Maroto, quien recordó que “esta planta es estratégica”. “Es la única de aluminio primario en toda España y, como estratégica que es, lo son sus puestos de trabajo”, recalcó durante la entrevista.
La clave está en frenar los despidos. A la espera de que el TSXG se pronuncie este miércoles sobre las cautelares que solicitan los sindicatos para paralizar el ERE, en una vista en la que intervendrá el propio Ministerio, Reyes Maroto dijo confiar en que la justicia apruebe esas medidas no solo para “seguir avanzando en la negociación con Alcoa en la búsqueda de soluciones alternativas”, sino también para cumplir ese “objetivo” que es “mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo”, insistió la integrante del Gobierno que preside Pedro Sánchez.
En este sentido, ha comprometido que lo que dicte el alto tribunal gallego será clave también para convocar la próxima mesa multilateral sobre el conflicto en la planta de San Cibrao. “Y tendremos ahí ya los argumentos para ver cuáles serán los siguientes pasos”, añadió durante la entrevista.
No obstante, la ministra de Industria también explicó que incluso la Xunta “está trabajando en un requerimiento” sobre ayudas percibidas “que tienen que ver con el cumplimiento medioambiental”. Alcoa “ha tenido muchas ayudas públicas y la mala fe que ha demostrado en estas negociaciones nos llevan (a Gobierno central y autonómico) a exigirle la devolución”, recalcó.
En cualquier caso, la ministra garantizó que el Estado mantendrá el diálogo para que la empresa “dé marcha atrás”: “Alcoa se equivocó al no aceptar una compra triangular, es algo que todos compartimos, y seguimos con un diálogo con la multinacional trasladándole las distintas opciones. Porque ellos también ganan si esa planta se mantiene”, remató.
La ministra considera que Alcoa “ha actuado de mala fe durante todo el proceso”, por lo que le ha advertido de que tendrá que devolver al Estado los “50 millones de euros” recibidos en ayudas públicas.
La Abogacía del Estado está analizando si están suficientemente justificadas por lo que, en los próximos días, “haremos público si las tienen que devolver o no”, avanzó Maroto, quien también dijo “confiar” en que la multinacional tendrá “dificultades” para justificar esas subvenciones porque el decreto que las regulaba “exige el mantenimiento del empleo” en la fábrica.