El Gobierno no hará cambios al decreto de ahorro que rechazan cinco comunidades

Este lunes era el momento de poner todas las dudas planteadas durante semanas por las comunidades autónomas sobre el nuevo decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros sobre la mesa. La Conferencia Sectorial de Energía, adelantada un día, trataría de poner de acuerdo a todas las comunidades y de resolver las preguntas que los consejeros delegados de las mismas pudiesen tener, para poder sacar adelante una norma consensuada.

Sin embargo, y tal y como se preveía, no ha podido ser así, pues tanto Galicia como otras cuatro comunidades (Andalucía, Castilla y León, Murcia y la Comunidad de Madrid) pidieron firmemente a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, que se retire el decreto, algo a lo que la ministra respondió con un igualmente firme rechazo a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético.

Galicia, en concreto, había mostrado ya su sólido rechazo al plan, esgrimiendo que sus medidas no habían sido consultadas con las comunidades y el presidente gallego, Alfonso Rueda, había asegurado que si realmente se quiere ahorrar energía, hay iniciativas “mucho más importantes y eficientes” que bajar el aire acondicionado de los locales, como la transición energética, que evitaría el cierre de las industrias básicas gallegas que generan “muchos puestos de trabajo”.

Similares comentarios fueron los planteados en la jornada de ayer en la Conferencia Sectorial. Pero, pese a todo, la vicepresidenta destacó al término de la reunión que durante todo el encuentro se mantuvo un tono cordial y que las autonomías mostraron su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y presentar propuestas concretas sobre nuevas medidas.

A este respecto, Ribera se mostró “contenta” y aseguró que el Gobierno recibirá propuestas hasta el 31 de agosto de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en el mes de septiembre.

La vicepresidenta afirmó, además, que la vocación del decreto no es sancionar y criticó en varias ocasiones los discursos contra el decreto por parte de distintos cargos del Partido Popular y, en concreto, de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes incluso de que se conociera el contenido del real decreto.

En su opinión, todas las plasmadas en la norma son medidas de carácter inmediato, y que van en línea con las recomendaciones planteadas por la Unión Europea para asegurar el suministro energético de cara al próximo invierno, teniendo muy en cuenta el actual contexto de incertidumbre sobre el suministro del gas derivado de la invasión rusa a Ucrania y de las diferentes sanciones impuestas por Europa al Gobierno de Putin para tratar de acorralarlo económicamente.

RESPETO AL ESTADO AUTONÓMICO. Las cinco comunidades que se oponen a la aplicación del real decreto-ley, hay que puntualizar, concentran a nada menos que el 46 % de la población española, con casi 22 millones de habitantes.

“El Gobierno es respetuoso con el Estado autonómico y ha aprobado aquellas medidas que, en su competencia básica, permiten impulsar la garantía de confort térmico”, explicó Ribera, consciente de que Moncloa “no puede sustituir la competencia de las comunidades”.

Además, a pesar de ese rechazo de cinco comunidades, Ribera aseguró que “no ha habido ninguna comunidad que haya dicho que no va a cumplir”, aclaró, admitiendo que sí hubo “algunos comentarios” que alegaban que las medidas solo eran exigibles para la Administración Pública y no para los actores privados. Es decir, para las oficinas de los edificios que dependen del Estado y de los Gobiernos autonómicos, pero no para instalaciones como tiendas o centros comerciales que tienen su propio dueño.

Ante ello, el Gobierno esgrimió que son necesarias para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas de ahorrar un 7 % en el consumo de gas. “Las hemos tomado porque tienen un menor impacto que otras que afecten a la vida privada, al confort de nuestros hogares o a la industria”, añadió Ribera.

Además, recordó que esta es la “mejor forma” de hacer frente al “chantaje de Putin”, pues la idea es poder reducir la dependencia energética de Rusia y ayudar así a los ucranianos a resistir la invasión del país gobernado por el dictador, que se prolonga en el tiempo ya casi más de medio año.

El encuentro, que ha durado más de tres horas, ha estado presidido por Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; y a él también asistió la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).