El noroeste defiende el control del lobo y cifra en 10.000 las muertes de ganado al año

Las cuatro comunidades que se oponen frontalmente a la catalogación del lobo ibérico –Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria– defienden la necesidad de continuar con sus planes de gestión, que permiten eliminar en torno a un centenar de ejemplares al año para garantizar el equilibrio entre la conservación de la especie y la protección de la ganadería, que sufre la muerte de unos 10.000 animales cada año.

En España hay unos 2.500 lobos repartidos en unas 300 manadas, la inmensa mayoría al norte del Duero, y la población del cánido, según estas autonomías, sigue una tendencia al alza en los últimos años pese a las extracciones realizadas.

Estas cuatro comunidades autónomas, de distinto signo político y que hoy se reúnen en Santander para abordar una respuesta conjunta, albergan cerca del 95 por ciento de los ejemplares de lobo ibérico del país, una población que acaba de ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para homogeneizar el estatus de la especie en todo el territorio nacional.

A su juicio, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) elimina la seguridad jurídica necesaria para continuar con unos planes que buscan compatibilizar la conservación del cánido con la contención de los daños a la ganadería, que también se traducen en indemnizaciones millonarias: cerca de tres millones de euros al año.

Aunque desde el Miteco se asegura que podrán seguir "eliminando determinados ejemplares conflictivos", estas cuatro comunidades ven inviable continuar con el control de la población del lobo ante una normativa que sólo permite las extracciones en casos excepcionales y cuando otras medidas se hayan demostrado ineficaces.

Sus respectivos planes de gestión, que aluden a la conflictividad social que causa la especie en unos territorios con gran presencia del lobo y caracterizados por la actividad ganadera extensiva, admiten la exigencia de garantizar la buena conservación de la especie, pero con la necesidad de hacer frente también a los problemas que sufre el medio rural.

Estos son algunos de los datos facilitados desde las consejerías de estas cuatro autonomías o extraídos de sus respectivas normativas:

GALICIA. Desde la Xunta de Galicia se remarca que su plan de gestión solamente permite actuaciones de control cinegético por daños "en determinados supuestos muy tasados y bajo circunstancias muy concretas".

Este año no ha aprobado acción alguna, mientras que el pasado año se autorizó una montería en la que finalmente no se capturó ningún ejemplar.

El último censo 2013-2015 cifraba la existencia en Galicia de 90 manadas reproductoras, 14 de ellas compartidas con otros territorios. La Xunta está elaborando un nuevo censo para actualizar estos datos tras detectar un aumento de la población en los últimos años.

En el último año se han contabilizado en Galicia 1.167 avisos por daños del lobo y 2.204 reses se han visto afectadas, una cifra que se eleva a los 12.815 animales desde 2016.

En los últimos seis años, la Xunta ha destinado 2,1 millones de euros a ayudas para la instalación de medidas preventivas, y 2,5 millones al pago de indemnizaciones producidos sobre las explotaciones ganaderas. EFE

ASTURIAS. Según recoge el último plan anual de actuaciones de control del lobo 2021-2022 del Principado, donde la especie no es cinegética, la población de este cánido en la comunidad era el pasado año de 38 manadas seguras y otras 6 probables.

Aunque esta cifra ha descendido respecto a las 41 manadas seguras de 2017 y las 40 de 2018, casi dobla a las 22 que se contabilizaban hace dos décadas, si bien el Principado precisa que estos datos "exigen ciertas cautelas", puesto que el esfuerzo realizado en los distintos censos ha sido diferente.

De acuerdo a las cifras del Principado, el lobo atacó el pasado año a 2.922 reses, la cifra más baja desde 2008, y desde 1997 se han contabilizado 72.617 animales atacados, una media anual de unos 3.000.

Los daños a la cabaña ganadera exigieron el pasado año el pago de más de 834.000 euros en indemnizaciones, 2.000 euros menos que un año antes, y la menor de los últimos doce años, una partida que supera los 15 millones de euros desde 2002.

El plan de actuaciones aprobado el pasado mes de julio autoriza la extracción de hasta 32 ejemplares de lobo en un periodo de año y medio.

Con el anterior programa 2019-2020, que autorizaba un máximo de 42, se contabilizaron 31 extracciones, de los que 21 fueron por abatimientos autorizados y el resto por otras causas como los atropellos (5), disparos, envenenamiento o causas indeterminadas.

En las dos últimas décadas, en Asturias se han eliminado 369 lobos, 247 de ellos por los controles autorizados por la administración y el resto por otras causas.

CANTABRIA. El plan de gestión de Cantabria, aprobado en 2019, subraya que la población del lobo en esta comunidad ha crecido de forma "muy notable" en las dos últimas décadas, al pasar de cinco manadas en 1995 a "al menos 15" en 2018.

La administración contabilizó el pasado año más de un millar de ataques del lobo a la cabaña ganadera que supusieron la muerte de 1.939 reses, que exigieron el pago de 223.618 euros en indemnizaciones.

Según las cifras aportadas por la Consejería de Medio Rural, en los últimos cinco años se ha producido en Cantabria la muerte de 10.407 animales por el ataque del lobo y las indemnizaciones se acercan a los 1,3 millones de euros, y cada año más de 230 ganaderos de media se ven afectados por estos ataques.

Los lobos abatidos en Cantabria por la aplicación del programa autonómico de gestión ascendieron el pasado año a 36, y a 145 en el último quinquenio, mientras que para este año estaban previstos un máximo de 34, 32 de ellos por la actividad cinegética ordinaria.

En un balance entre los años 2008 y 2018, Cantabria cifra en 243 los lobos muertos por causas no naturales, 82 en la actividad cinegética ordinaria (batidas de jabalíes) y 142 en controles autorizados por la Consejería, mientras que el resto fallecieron por otras causas.

CASTILLA Y LEÓN. En Castilla y León, donde hasta ahora el lobo era especie cinegética al norte del río Duero, el último censo nacional 2012-2014 cifraba en 179 las manadas existentes, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto al censo anterior de 2001.

Según la comunidad autónoma, en estos momentos no es posible dar una cifra exacta de la población existente a la espera del censo previsto para el año que viene, pero sí se puede asegurar que el avance de la población continúa al haber recolonizado las provincias de Ávila y Segovia.

Durante el pasado año se comunicaron 2.590 ataques, que supusieron la muerte de 2.262 cabezas de ganado mayor y 1.483, de menor, lo que obligó al pago de 1.282.167 euros.

De acuerdo a las cifras aportadas por la Consejería del ramo, tanto el número de ataques como el de indemnizaciones se mantienen estables en los últimos tres años.

El plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos al norte del río Duero, aprobado en 2019, fijaba un cupo anual de 113 ejemplares para las tres siguientes campañas, es decir, 339 en tres años.

En las dos primeras campañas, la 2019-2020 y la 2020-2021, el número final de lobos abatidos fue de 64 y 59, respectivamente.

Al sur del río Duero, donde el lobo ya era considerado especie estrictamente protegida, el pasado año se autorizaron de manera excepcional cuatro extracciones y este año otras tantas, todas ellos en la provincia de Ávila. Efe