El número de casos judiciales en trámite en Galicia sube un 10% tras el estado de alarma

A CORUÑA. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha destacado este viernes en el acto de apertura del año judicial en la comunidad que el número de casos en trámite ha aumentado un 10% tras la finalización del estado de alarma, en comparación con las mismas fechas de 2019. En concreto, según ha indicado el presidente, a finales de junio quedaron pendientes de resolución 166.276 asuntos, frente a los 150.978 registrados al acabar el segundo trimestre del año pasado.

“No sabemos con certeza las consecuencias que la paralización de los plazos procesales y la actual situación socioeconómica supondrán a nivel judicial. Se prevé una avalancha de casos, lo que supondrá un gran desafío para todos nosotros”, ha manifestado durante su intervención en el acto, al que han asistido los miembros de la Sala de Gobierno, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Antonio Ballestero Pascual y Juan Manuel Fernández Martínez, así como representantes de los operadores jurídicos de la comunidad, autoridades civiles y militares.

El presidente ha asegurado que la crisis sanitaria ha puesto “aún más en jaque” a la Administración de Justicia, al tiempo que ha agradecido “el enorme esfuerzo” de los jueces y juezas de Galicia, quienes resolvieron durante el segundo trimestre del año, en pleno estado de alarma, más de 43.000 asuntos. “Me enorgullece poder decir que los órganos judiciales gallegos notificaron entre el 14 de marzo y el 28 de abril, coincidiendo con el primer mes y medio del estado de alarma, 8.268 resoluciones que pusieron fin a procedimientos en curso”, ha señalado.

La implicación de los miembros de la Sala de Gobierno durante la pandemia, según ha apuntado el presidente, conllevó que Galicia fuese pionera en aprobar una Guía de Actuación ya el 15 de marzo. Además, se elaboró un Protocolo de Reorganización de la Agenda de Señalamientos y otro para la celebración de juicios telemáticos. “Hemos puesto la primera piedra de una mejora irrepetible en el uso de nuevas tecnologías, pero deberemos estar muy atentos para que ese uso no disminuya en absoluto las garantías del proceso que el Estado de Derecho exige”, ha manifestado.

Díaz-Castroverde ha augurado que los planes de actuación y refuerzo que desde el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del TSXG se están poniendo en marcha, aunque necesarios, serán insuficientes. Por ello, ha demandado reformas “de más calado”, es decir, “nuevas leyes que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan una respuesta rápida y con garantías a la ciudadanía y a las empresas”. El presidente ha subrayado que una Justicia lenta “no es Justicia”.

Durante su intervención, también ha destacado el papel “clave” que los miembros de la carrera judicial desempeñan en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Así, ha advertido del peligro que supondría que las decisiones administrativas tomadas con el objetivo de proteger la salud pública escapasen del control judicial. “No caigamos en la idea de que prescindir del control judicial sería interesante para agilizar las medidas, pues todo lo que suponga aumentar la intervención de la Administración sin control judicial afecta directamente al Estado de Derecho y, por ese camino, nos enfrentaríamos, a muy corto plazo, a una pandemia mayor que la sanitaria”, ha señalado el presidente del Tribunal Superior.

Durante su discurso, también ha reiterado el compromiso de todos los miembros de la carrera judicial a la hora de luchar contra la violencia de género e intentar solucionar los retrasos en los juzgados competentes en materia de cláusulas abusivas o familia.

Además, ha destacado que las demandas por ocupación ilegal de viviendas descendieron un 21,5% durante los seis primeros meses del año, en los que se presentaron 51 casos de este tipo (24 en el primer trimestre y 27 en el segundo), frente a los 65 de 2019 (33 en el primer trimestre y 32 en el segundo). Estos datos se refieren a ocupaciones ilegales de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En este sentido, ha apuntado que la alarma social generada en los últimos meses sobre la ocupación de viviendas en nuestra comunidad “parece no estar avalada por las cifras”.

Para terminar, el presidente ha incidido en que es el momento de “mirar hacia delante con responsabilidad y sacrificio” para, entre todos los miembros de la carrera judicial, en colaboración con el resto de administraciones públicas y operadores jurídicos, mejorar la Administración de Justicia en la comunidad autónoma gallega.