#EmergenciaVivienda moviliza a las ONG de Galicia

Disponer de una vivienda digna en uno de los Derechos Humanos, pero está siendo vulnerado continuamente. Por este motivo, las entidades del tercer sector de toda España acaban de lanzar la campaña #EmergenciaVivienda en redes sociales, y organizando seminarios específicos para llamar la atención sobre esta realidad que, si ya era sangrante antes de la pandemia, ahora no hace más que aumentar.

Desde EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, indican que los datos de exclusión en la vivienda abruman y se agravaron con la crisis sanitaria. Tanto es así que en el conjunto del Estado en 2019 el 23,7% de la población, más de 11 millones de personas, está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda. Una cifra que se eleva hasta el 60% de la población en situación de pobreza severa.

En el caso de la comunidad gallega, las cifras son todavía peores. Antes de la pandemia, Galicia ya era la comunidad autónoma en peor situación, con un 35% de su población, casi un millón de personas, afectado por algún indicador de exclusión en vivienda (infravivenda, graves deficiencias en la construcción, insalubridad, hacinamiento, tenencia de la vivienda en precario, contorno degradado, hogares con barreras arquitectónicas o gasto desproporcionado en vivienda frente a ingresos), un porcentaje que se eleva al 66% en la población en exclusión severa.

LA PANDEMIA AGRAVA LA EMERGENCIA

La pandemia de la Covid-19 y el aumento del gasto en el acceso a la vivienda están agravando significativamente esta emergencia, la pobreza y privación material. Aumentando las personas afectadas por retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos, pobreza energética) pero obligando a muchas familias a tener que priorizar estos gastos sobre otros como la calidad de su alimentación. Más de cuatrocientos mil gallegas y gallegos, el 14,9% de la población, no podían permitirse en el 2020 una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Son 162.000 personas más que en el 2019.

Tal y como indicó la presidenta de EAPN Galicia, Eloína Ingerto, en la Comisión de Reactivación Económica y Social: “¡La vivienda es lo primero! No hay día en que en nuestras organizaciones no escuchen este grito. Por eso me siento en la obligación de reconocer nuestra frustración e incluso impotencia por no estar siendo capaces de trasmitir con la gravedad que merece la situación de emergencia residencial en la que viven miles de familias gallegas. Es imposible una reactivación económica y social si no se multiplica la inversión en vivienda digna y accesible”, reclamó.

Así, las ONG lanzan la campaña #EmergenciaVivienda: Por el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, para llamar la atención sobre la emergencia residencial y habitacional en la que viven más de 11 millones de personas en España. Una problemática a la que apenas se le dio respuesta en los últimos años desde las administraciones públicas.

LOS MÁS AFECTADOS, LOS JÓVENES

Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional. Que empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza.

Con la Covid-19 se ha hecho patente la emergencia al ver cómo aumentó a 5,7 millones en España las personas que en 2020 sufrieron retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), dos millones más que en 2019.

Sinhogarismo de calle, infravivienda y chabolismo, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, vivienda precaria, desahucios, desalojos, entorno degradado, barreras arquitectónicas, falta de accesibilidad, desproporción de gastos en vivienda frente a ingresos o pobreza energética (unos fenómenos agravados de forma brutal por la subida injustificada de los precios de la electricidad).

VOLUMEN DE VIVIENDA PROTEGIDA MÁS BAJO DESDE LA DÉCADA DE 1950

Denuncian que en la mayoría de comunidades y municipios existe una clara falta de asignación presupuestaria, así como de políticas y medidas fuertes y cohesionados que apuntalen el derecho a la vivienda y reclama en toda España, pero de forma especial en Galicia, considerar la inversión en vivienda digna y accesible como obra pública prioritaria.

En España el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo tiempo el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %. Sólo el 3,3 % de los hogares residen en régimen de alquiler inferior a precio de mercado (más de 614.000 hogares), resalta EAPN España.

“Es urgente aumentar el ínfimo presupuesto del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) de la Xunta” y que esta “se ejecute en su totalidad”. El reconocido esfuerzo de este departamento y su personal no puede afrontar evidencias como que” las 3.534 viviendas del parque público de vivienda para alquiler social en Galicia en el 2019 solo suponga el 0,32% de las viviendas principales. 3 veces menos que la media estatal del 0,96% e 30 veces menos que en el conjunto de la Unión Europea (9,3%). O que el 40% de las viviendas actuales necesitan mejoras de accesibilidad”, denuncia EAPN Galicia.

COMO SUMARSE A LA CAMPAÑA #EMERGENCIAVIVIENDA

Cualquier organización del Tercer Sector puede firmar el manifiesto en la web de la campaña: www.participacionsocial.org/ermergenciavivienda

A cualquier persona afectada se le pide contar su realidad o publicar fotos y videos en sus redes sociales mostrando la emergencia del acceso a la vivienda con la etiqueta #EmergenciaVivienda

JORNADA. ‘ASEGURANDO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, ADECUADA Y ACCESIBLE’

Este jueves, 30 de semptiembre, EAPN Galicia organiza esta jornada técnica que tiene como objetivo proporcionar un espacio de reflexión y diálogo entre profesionales de las administraciones públicas, Entidades del Tercer Sector y otros agentes sociales que trabajan para promover la inclusión de personas vulneradas. En esta jornada acudirán, entre otras, de representantes de la Valedoría do Pobo, IGVS, Consellería de Política Social o de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (AGALIN).

DEMANDAS

Por todo ello, las entidades adheridas a la campaña y al manifiesto hacen una serie de demandas prioritarias. Entre ellas, mantener de forma permanente la titularidad pública y la calificación de las viviendas promovidas con fondos públicos bajo algún régimen de protección; incrementar el esfuerzo de las administraciones públicas en rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, control de situaciones anómalas en su uso, y promoción de vivienda asequible, fundamentalmente, en alquiler, asegurando que este submercado alcanza como mínimo el 40% del PIB de la construcción; implementar desde las comunidades autónomas los programas de lucha contra la exclusión residencial severa (sinhogarismo de calle, vivienda insegura, infravivienda y chabolismo) incluidos en el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda; o asignar recursos públicos para la reducción de los costes de la vivienda con respecto a los ingresos familiares, respetando el tope recomendado por la Unión Europea en el 30% de la renta familiar asignado a vivienda. Incluyendo suministros de energía eléctrica, gas, agua y comunicaciones digitales.