Ence recurre ante el Supremo el fallo que la aleja de Lourizán
La Audiencia Nacional estimó los recursos de Greenpeace y el Concello de Pontevedra // La plantilla toma las calles: cinco mil cien familias ven como empleos seguros están ahora en riesgo
En La Moncloa liderada por Pedro Sánchez decidieron en su día dar un paso atrás y no no defender, por medio de la Abogacía del Estado, la decisión del anterior Gobierno del popular Mariano Rajoy de extender por sesenta años la presencia de Ence en la Ría de Pontevedra. El Ministerio para la Transición Ecológica aguardaba, ya sin ser parte, que la Audiencia Nacional tomase su decisión. Y aunque ésta se hizo esperar, este viernes se comunicó un fallo que anula la prórroga de la concesión a la fábrica de celulosa en la ensenada de Lourizán, entre la ciudad el Lérez y Marín.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal estima en su sentencia los recursos del colectivo ecologista Greenpeace y del Concello de Pontevedra contra la decisión de la Administración central, dictaminando que la pastera desarrolla una actividad que, por su naturaleza, puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento. Auto que el grupo anunció que recurrirán ante el Tribunal Supremo y dónde haga falta: “Ence agotará todas las vías jurídicas para defender la legalidad de la prórroga de la concesión de la biofábrica de Pontevedra”.
En un comunicado, la pastera apunta que “desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia, Ence quiere poner de manifiesto su desacuerdo con esta decisión del tribunal”, citando estudios independientes como los de la ingeniería IDOM que prueban que ninguna otra ubicación en toda Galicia –y analizaron más de 400– es viable.
La compañía mantendrá la batalla jurídica y reitera la validez de la prórroga de la concesión, “de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta”. A los cuatrocientos empleados directos de la planta suma 2.700 ocupados más en contratistas industriales y logísticos, así como 2.100 puestos en el sector forestal.
Al duro golpe que supone sobre el empleo que genera una de las principales industrias de Galicia la sentencia de la Audiencia Nacional desde Ence añaden el que asesta a la economía de las “200.000 familias productoras forestales del Norte de España” a las que le adquieren la madera.
Defiende Ence que la concesión en Pontevedra fue prorrogada acorde a derecho en enero de 2016 mediante una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un plazo de 50 anos, más otros 10 adicionales vinculados a un compromiso inversor en mejoras ambientales y operativas de 71 millones de euros. Para ello se cumplió lo establecido legalmente, en concreto la Ley 2/2013 de Costas y el Reglamento General de Costas de 2014. Además, Ence se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones, y a implementar un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 anos de concesión, 180 en total.
Volvía a defender la compañía que su planta pontevedresa “cumple sobradamente toda la legislación ambiental” y su actividad es 100 % compatible con la que persiguen los fondos Next Generation de la UE, pues impulsa la utilización de celulosa, material reciclable, biodegradable y que sustituye a los derivados del plástico. Su actividad se alinea además con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado Residuo Cero concedido por Aenor. Cita Ence además relevantes reconocimientos ambientales, como la Distinción de Oro de la Comisión Europea y la etiqueta ecológica Nordic Swan. Este mes de junio la planta fue reconocida por la Asociación Profesional de Empresas Ambientais de Galicia por su “excelencia ambiental” y, también en este 2021, como referente en seguridad por la Asociación Europea de la Industria de la Celulosa.
La sentencia se tradujo en la Bolsa de Madrid en una fuerte caída que llegó a diezmar su valor, aunque al cierre el descenso fue del 9 %, perdiendo sus acciones la cota de los tres euros (2,92 €) y reduciendo a 710 millones su capitalización como empresa.
Sin la prórroga que ahora Ence defenderá ante las más altas instancias judiciales, la vigencia de la planta se podría extender no más allá de 2033. Para que se hubiese concedido, según los magistrados de la Audiencia Nacional, la Ley de Costas exigía que se justificase que las instalaciones objeto de prórroga no pueden ubicarse en otro enclave, y aunque Ence requiere captar y evacuar agua, no pudo “aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero”. Según la sala podría situarse en las proximidades de ríos o de grandes masas de aguas. Entre varios ejemplos cita a su pastera hermana, la planta de Ence en Navia, próxima pero no en la costa.
Mientras el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, celebraba la sentencia, prueba de un “fracaso estrepitoso” para el “cambalache ilegal” orquestado entre el PP y la empresa, y les instaba a que “dejen de engañar a todo el mundo” y trabajen ya en la “única solución posible”, el traslado de la fábrica fuera de la Ría de Pontevedra, las calles de la ciudad del Lérez se llenaban de trabajadores de la pastera.
Convocados por CCOO a una marcha este viernes antes de conocerse el fallo contra la prórroga, más de dos mil empleados y sus familias tomaban las calles en defensa de un futuro para sus puestos de trabajo, acompañados por representantes de asociaciones agrarias, forestales y patronales de toda Galicia.
Y es que un empleo seguro hasta 2073 corre riesgo de caducar en 2033, al concluir su concesión primigenia.
Santiago. “Estamos en un día triste, consecuencia de una decisión política del Partido Socialista y del BNG que han decidido cerrar una empresa y por tanto condicionar el futuro de 500 familias que en estos momentos están en una situación de no retorno”. Así de tajante se mostró tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de Ence el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde.
También el líder del PPdeG y titular del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba que su formación “nunca” será un partido que “colabore en el cierre de las empresas” por su “política irresponsable”.
Se sumaba así al también conselleiro de Economía, que destacó que es un “golpe irreversible para Galicia”. Por ello, “lo que pedimos es que el Gobierno del Partido Socialista apoyado por el Bloque, quien ha tomado la decisión, ponga encima de la mesa la alternativas para atenuar el impacto de una decisión que deja a medio millar de trabajadores gallegos y a sus familias ante un futuro incierto y, en este caso, injusto, pues no parece razonable que por una decisión política se esté condicionando y condenando el empleo industrial en Galicia”.
Recordó que “claramente la empresa manifestó que el traslado no es posible”. Instó a que con base en los fondos europeos centralizados en Madrid, los Next Generation, el Gobierno de España, dé “una respuesta concreta sobre cómo se van a utilizar para paliar su propia decisión, que es cerrar Ence”.
Por su parte, el Gobierno defiende que la sentencia de la Audiencia Nacional “ha de cumplirse” y apela a entablar un “diálogo constructivo” entre todas las partes implicadas para buscar alternativas.
El Ministerio para la Transición Ecológica señaló a Efe que “en casos complejos como este” todos los actores deben actuar “con la mejor voluntad”, sobre todo “aquellos que tienen en sus manos, dentro del ámbito de sus competencias, la capacidad de facilitar soluciones”, devolviendo la pelota a la Xunta... pero con Ence fuera.
Asumir la derrota. la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, describía el fallo como un “triunfo” para Galicia, para Pontevedra y en especial para el concello que lidera el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, además de ara “la mayoría social” que lleva “décadas” luchando para que la pastera se marchase de la ría.
Pedía también al PP y a la empresa que “asuman su derrota” ante el “no rotundo” al intento de la pastera de consolidarse en Lourizán. Pontón apela a que “cuanto antes se asuma que el futuro de la fábrica pasa por el traslado, mejor será para preservar el empleo”. Xunta y Ence “tienen la responsabilidad de liderar ese proceso, dejar de hacer trampas y ponerse manos a la obra para buscar una nueva localización”.
El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, también instaba directamente al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que “ejerza sus competencias” y proponga una ubicación alternativa para la fábrica de Ence en Pontevedra. Considera que el Ejecutivo autonómico “ha perdido el tiempo sin anticiparse a la decisión judicial”, y que “tiene que buscar mecanismos que permitan mantener el empleo en Galicia”.
Patronal. Desde la CEG apuntaban que Ence va a recurrir el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, “por lo que veremos lo que resuelve”, aunque certificaban que “desde luego vamos a seguir defendiendo y apoyando la continuidad de Ence en Pontevedra.
La patronal gallega insiste en que el cierre tendría una gran repercusión en Galicia, un crac industrial y forestal, no sólo por los más de cinco mil empleos que se ven amenazados, también por los 350 millones del Plan estratégico del grupo 2019-2023. J.C.