Endesa apura la transición con protestas en As Pontes

Durante la junta telemática de accionistas celebrada ayer en Madrid, Endesa trasladó sus principales retos. Destaca la importancia de “acelerar la transición energética como pieza fundamental para salir de la crisis del covid-19”. Y ultima un plan para impulsar la reactivación económica de España. Tan ambicioso horizonte llega tras presentar un incremento del beneficio neto del 59%, que atribuye al nuevo convenio colectivo y a otros aspectos con impacto positivo de 267 millones de euros. Pero dicho convenio también genera malestar entre parte de los jubilados. De hecho, antiguos trabajadores de Endesa en As Pontes protagonizaron ayer una cacerolada para rechazar “o recorte de dereitos”.

A las 12.30, pasivos y también activos de la térmica en la villa pontesa se asomaron a la ventana para secundar la cacerolada desde sus casas. La protesta sonó sobre todo en barrios como el de la cooperativa de Santiago Apóstol, el Poboado do Barreiro o el Poboado da Fraga: zonas con muchos antiguos empleados de Endesa. Según Fernando Branco Parga, portavoz de los jubilados a través de la CIG, “rexeitamos a aplicación do novo convenio colectivo porque implica o recorte de dereitos como axudas para os estudos ou as que se daban para a tarifa eléctrica”.

La cacerolada duró un minuto en medio del confinamiento, y ante la imposibilidad de desplazarse a Madrid. En un comunicado tras la junta de accionistas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la compañía lleva semanas “trabajando en planes de acción que contribuirán al crecimiento económico del país”. Y avanzó que “seremos clave en la regeneración del tejido económico y social, y en la aceleración económica... actuaremos acorde a lo que se espera de una empresa líder en el sector”.

Además, en el contexto de la pandemia por coronavirus, el presidente Juan Sánchez-Calero apuntó que “se ha realizado un trabajo esencial, velando por la seguridad y continuidad del suministro... lo que ha supuesto un factor de estabilidad para toda la comunidad”. Bogas reclama ahora la restauración del tejido productivo dañado y la recuperación de las personas afectadas: “Es imprescindible para lograr una salida económica fuerte”.

Mientras tanto, continúan las protestas de los pasivos. Según Fernando Branco, “seguiremos dando a batalla social e xurídica na defensa dos nosos dereitos, que Endesa na aplicación do convenio colectivo quere eliminar como a axuda de estudos ou a tarifa eléctrica do empregado”. Asegura que “nunha comunicación á Comisión Nacional do Mercado de Valores publicou que para ela supoñía un beneficio de 450 millóns de euros... gaña en dividendos a través dun convenio baixo”. La cacerolada fue convocada por CIG, CCOO, SIE y APREM, “en rexeitamento ao roubo dos dereitos históricos aplicado por Endesa-Enel”. Branco insiste en que “na xunta de accionistas aprobouse un pago de dividendos aos propietarios por 1.500 millóns de euros, con 1.100 millóns para o maioritario que é Enel”. Y asegura que “a empresa non debe entrar nos beneficios sociais dos traballadores porque provoca unha perda económica para o entorno”. Los convocantes de la protesta acusan a UGT de “asinar o convenio máis agresivo cos traballadores”.

En cuanto a la pandemia, Endesa recuerda que ha tenido a más de 2.400 personas trabajando “sobre el terreno” y casi 7.000 en remoto. Y el 29 de marzo anunció un fondo de 25 millones de euros y un plan de responsabilidad pública, con donación de material sanitario, seguridad de suministro eléctrico a hospitales y donaciones. Promete que en 2022 “seremos la compañía eléctrica integrada más limpia de la Península Ibérica”. Y hasta 2022 invertirá 7.700 millones de euros en España, casi todo en renovables. Endesa recalca que el nuevo convenio “se adapta a los tiempos que vivimos”.