Escalada a la vista: la luz se abaratará a costa de los carburantes
Ligeros encarecimientos a pie de surtidor después de que el sector de las gasolineras hable de subidas de 7 céntimos /litro
Cuando parecía que el acuerdo entre Gobierno central y PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021 había echado por tierra la intención de Moncloa de imponer un nuevo gravamen sobre los carburantes, que hubiese supuesto el desembolso de unos 450 millones de euros el próximo ejercicio, ahora llega un nuevo golpe indirecto ligado al sector que trabaja refinando el oro negro para ponerlo a disposición del transporte.
Y es que la gasolina subirá unos siete céntimos de euro por litro para financiar las renovables, según cálculos de las petroleras recogidos por Europa Press. Fuentes ligadas a esta actividad lamentaban que la propuesta del Ejecutivo de crear un fondo para financiar entre todas las empresas suministradoras de energía –comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras– los costes asociados a las energías no contaminantes, dejando así de formar parte del recibo de la luz, supone que las decisiones que tomó un sector en el pasado para electrificar se van “a pagar entre todos”.
Este movimiento supondrá que al final el coste para el consumidor “va a ser el mismo”, ya que se terminará repercutiendo. Las mismas fuentes estiman que la creación de este fondo tendría un coste de unos 7 céntimos de euro por cada litro de combustible en los próximos cinco años. Desde los propietarios de las estaciones de servicio estimaron que se podría aplicar el mismo criterio que para este fondo prevé poner en marcha el Gobierno a la descarbonización del refino.
De hecho, ya desde este mismo miércoles se pudieron notar en surtidores de media Galicia repuntes de precios de uno o dos céntimos achacables a una respuesta a estas medidas. El litro de gasolina de 95 octanos se ha encaramado ya de media sobre los 1,21 euros en la comunidad, mientras el de diésel avanza hacia sobre los 1,09 euros.
Decisión gubernamental. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acordaba el pasado martes iniciar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley para crear el denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
En concreto, el fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), que ascienden a 6.600 millones de euros al año y serán así sacados del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
El mecanismo será financiado con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía y podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% en cinco años gracias a la disminución de los cargos, según estimaciones del gabinete dirigido por Teresa Ribera.
Explica Europa Press que con la foto fija que hoy existe, basada en los volúmenes de venta, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (con unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros). No obstante, fuentes del Ministerio subrayaron que no se debe hacer un análisis en foto fija, ya que lo que se busca es “dar señales y los sectores van a responder a señales”.
Santiago. El estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno “responde a un criterio territorial y no a una verdadera apuesta por la industria”, denunció ayer el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, considerando, al igual que hizo también la CIG, que “no solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país”. No permite, alegó, “competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francia y Alemania”.
Además, afirmó que “Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios”, al “recortarse las ayudas” a la industria de la comunidad. Con el nuevo marco, apunta la Xunta, se pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600 “y desde ese punto de vista los grandes consumidores electrointensivos no tienen una respuesta”. Tampoco observa “un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos de CO2” ni que se atiendan “las principales alegaciones” trasladadas por Galicia, Cantabria y Asturias, en concreto sobre la figura de los grandes hiperelectrointensivos.
De igual modo, el conselleiro ha señalado que no están contempladas en el texto final otras medidas de carácter fiscal que el Gobierno gallego consideraba “imprescindibles” para abaratar el precio energético.
Con respecto al caso concreto de Alcoa en Cervo (Lugo), defendió que “en el momento en que se pueda dictaminar que la compañía no está dispuesta a darle continuidad, autonómicamente la única solución posible es la intervención”.
Por su parte, la CIG censura que el tardío estatuto no aclare “cuál será la rebaja efectiva en el precio de la electricidad para la industria gran consumidora de energía”.
“No establece mecanismos de garantía de empleo reales, ni se modifica el mercado de casación de precios en el mercado mayorista, a pesar de ser la principal causa del elevado coste de la electricidad para el sector”, advierte.
Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, se está “ante una constatación más de esta acumulación de retrasos injustificados por parte del Gobierno español, con el impacto que tiene en la industria gallega”.