España tiende la mano a Bruselas para aclarar qué pasó con la AP-9

Santiago. Tras el duro golpe asestado por Bruselas a España la semana pasada en relación a la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa, que no pasó por licitación pública alguna, el secretario de Estado de Infraestructuras, Sergio Vázquez, resaltó este domingo que el Gobierno central se pone a disposición de la Comisión Europea para aclarar todos los detalles sobre la citada ampliación. No obstante, lejos de soluciones precisas y seguridades más que necesarias, hay algunos problemas que todavía podrían llegar en un desenlace imprevisible.

Y es que, en este línea, a las posibles sanciones a las que ahora se enfrenta nuestro país como consecuencia de extender una concesión sin criterio alguno (fuera del marco normativo comunitario) se suma también la posibilidad de que los peajes que Audasa ha cobrado durante todo este tiempo “ilícitamente” no se devuelvan nunca. Y no solo eso, sino que incluso podría llegar a ser indemnizada.

Así las cosas, el secretario de Estado de Infraestructuras aseguró, en una entrevista en Radio Galicia (de Cadena Ser) que es pronto para saber qué efectos traerá consigo el procedimiento abierto por la Comisión Europea contra España, pero prácticamente descartó que se pueda recuperar el dinero cobrado por los peajes. Además, admitió su preocupación por el desembolso que el Estado tendría que hacer si Audasa pierde la concesión y hay que compensarla: algo dado por hecho por los juristas consultados recientemente por este periódico.

“Como Gobierno lo que vamos a hacer es colaborar activamente con Bruselas para aclarar la procedencia de la decisión tomada por otro Gobierno hace más de 20 años”, resaltó Vázquez, quien reiteró la “máxima disponibilidad para colaborar con Bruselas” y resaltó igualmente que “es verdad que esa prórroga se saltó el procedimiento legal ordinario en ese momento”.

Respecto a recuperar el dinero de los peajes, indicó que “ahí hay una serie de transacciones” y que se “han consolidado unos derechos sobre la concesión” por lo que “resultaría bastante complicado llegar a ese punto”. “Las cosas no son tan sencillas”, dijo, pero buscarán “proteger el interés público, el del Estado y el de los contribuyentes” a fin de que “esto no suponga un perjuicio económico de resarcimiento a la concesión”. V.P.