Expertos dicen que el Gobierno no envía los medios por falta de voluntad política

“En cuanto se produzcan condiciones favorables, las autoridades canadienses han dicho que ayudarán a la recuperación de los pescadores que por desgracia han fallecido en estas costas”. Así de claro dejaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos desde el pasado martes tras el naufragio del ‘Villa de Pitanxo’ dependerá, en exclusiva, de la decisión de Canadá. Evitando contestar a si Moncloa enviará medios propios a la zona para colaborar en estas labores, o incluso acelerarlas sin depender del antojo de Ottawa, el mandatario español ofreció a los medios la misma respuesta que lleva repitiendo durante los últimos días. Todo mientras el tiempo apremia, las familias piden actuar lo antes posible y los expertos lo tienen más claro que el Ejecutivo central: si quisiese, nuestro país podría enviar “inmediatamente” aviones, submarinos, drones o los recursos que considere pues dicho rastreo “va a realizarse en aguas internacionales”. Es una cuestión de “voluntad política”.

“Absolutamente nada impide al Gobierno español hacer el envío de estos medios”. Así lo remarcó durante la pasada jornada el abogado especialista en Derecho Internacional Marítimo, Miguel Roca. En una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por EL CORREO, este profesional afirmó que “sin ningún tipo de dudas podrían hacerlo inmediatamente en especial si la búsqueda va a realizarse en aguas internacionales”. Si tuvieran que hacerla en aguas canadienses, como señaló, “se debería obviamente pedir permiso al país”, pero no es el caso.

A sus ojos, la decisión que toma Canadá de cesar la búsqueda, que como cualquier decisión política es criticable, es de algún modo “comprensible”, dijo, mostrando “el máximo respeto y cariño a los familiares”. Conforme añadió, es una decisión fría, pero es una decisión calculada y razonable desde el punto de vista político-económico porque nada une a Canadá con esas personas y con el buque gallego. “Con la misma frialdad que podemos afirmar esto, tenemos que irnos al lado contrario (...) y exigir a nuestro Gobierno que, como hemos hecho en múltiples ocasiones, ponga todos los medios que están de nuestra parte para poder recuperar los cadáveres”, manifestó a este respecto.

Enumerando una serie de ejemplos recientes de cómo España asumió diferentes tareas de rescate aún cuando las posibilidades de encontrar a los buscados con vida eran nulas, Roca apuntó que este caso es incomprensible que sea “una excepción”. “Somos un país civilizado y vamos a por los cadáveres de nuestros compatriotas, faltaría más”, afirmó.

“Canadá no es que no tenga ninguna obligación política ni moral, sino que es que puede que no tengan ni el más mínimo interés”, subrayó asimismo el especialista en Derecho Internacional Marítimo, repitiendo que es ahí donde “tiene que estar España”. “Nada impide a nuestro Gobierno llevar a cabo esas tareas”, reiteró, agregando que “no hay ningún convenio internacional que prescriba un límite” para que un Estado buque a “cualquier nacional, en cualquier tipo de situación”, incluida en este sentido un naufragio en el mar.

Roca no fue el único experto que se pronunció de esta forma en declaraciones a Radio Galega. También lo hizo, José Manuel Sobrino, catedrático de Derecho Internacional de la Universidade da Coruña (UDC), que insistió en que “España tiene la posibilidad de enviar efectivos a continuar la búsqueda, pero es una decisión política, no es una obligación”.

“Es una cuestión ya a estas alturas de voluntad política del Gobierno”, aseveró el profesor, haciendo hincapié en que, en caso de utilizar nuestros propios medios, el Ejecutivo de Sánchez no tiene que pedirle permiso a Canadá, ni siquiera comentarle lo que va a hacer. “Son aguas de alta mar, van mucho más allá de la zona económica exclusiva (que finaliza a 200 millas contando desde las costas canadienses). Aquí el naufragio se produjo mar abierto, más allá, por tanto son aguas internacionales y el principio es el de la jurisdicción exclusiva del estado de pabellón (...) España, que es el estado de pabellón, tiene competencias y no tiene que pedir permiso a nadie”, comentó.

Remontándose al pasado, Sobrino valoró la Organización de las Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO) para destacar que ha sido “escenario de distintos conflictos y algunos graves”. Entre ellos la denominada “guerra del fletán”, una serie de incidentes entre Canadá y España por los derechos de pesca en los Grandes Bancos, la plataforma continental frente a Terranova y Labrador, que culminaron con la captura del buque español Estai el 9 de marzo de 1995 por la Armada canadiense. “Eso creó una crisis política entre España y Canadá que yo creo que aun ha dejado huella y no ha cicatrizado”, subrayó. “Creo que la situación actual también rememora un poco los antecedentes del Estai”, dijo, al haber “bastante tensión”.

LA POSTURA NO VARÍA DESDE MONCLOA. Por el momento, la presión de las familias y los partidos políticos no parece ser suficiente para Moncloa, cuya postura permanece inmóvil, supeditando la reactivación de la búsqueda a la decisión de Canadá, una vez el país norteamericano considere que hace buen tiempo en el lugar. Así lo dejó caer ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “En cuanto se produzcan condiciones favorables, las autoridades canadienses han dicho que ayudarán a la recuperación de los pescadores que por desgracia han fallecido en estas costas”, aseveró.

Casi la misma expresión empleó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, o el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. “Tenemos que tener en cuenta que tenemos que continuar con esa labor de rastreo para encontrar desaparecidos pero tener en cuenta que esto tiene que hacerse en condiciones de seguridad, para asegurarse de que no se produce ninguna nueva desgracia por parte de los servicios de salvamento y de búsqueda”, comentó desde Bruselas este último.

El azote de las olas escoró al arrastrero después de sufrir una parada en el motor principal durante una maniobra de virada del aparejo, según lo reflejado en el comunicado de Grupo Nores, armadora dueña del barco. En dicha nota, la empresa señaló que, “conforme a lo trasladado por el patrón”, Juan Padín (uno de los tres supervivientes del naufragio), “el accidente se produjo durante la maniobra de virada del aparejo”.

En ese instante, se produjo “una repentina parada del motor principal”, que dejó al ‘Villa de Pitanxo’ “sin motor ni gobierno, expuesto al viento y las olas, sufriendo golpes de mar que lo escoraron y hundieron de forma muy rápida”. En aquel momento había un oleaje de hasta ocho metros de altura, vientos por encima de los 40 nudos y los aparejos en forma de copo estaban cargados de pescado, con un peso considerable que acabó arrastrando al fondo del mar a un barco que se había quedado sin gobierno ante la impotencia de los tripulantes, que apenas pudieron lanzar al mar las lanchas salvavidas.

Algunos de ellos, probablemente buena parte de los desaparecidos, no tuvieron tiempo de nada y pudieron haberse hundido con el ‘Pitanxo’.

El naufragio de dicho pesquero, con base en Marín, se produjo el pasado 15 de febrero a unos 450 kilómetros de Terranova. De los 24 tripulantes de la nave, tres fueron rescatados con vida, Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero de origen ghanés Samuel Kwesi), y se recuperaron los cadáveres de otros nueve marineros: Rogelio Franco, Miguel Lumbres, Diego Andrés Moré, Daniel Fernando Moré, William Arévalo Pérez, Ricardo Alfonso Cruz Flores, José Antonio Cordero, Fernando Santomé y Apaanah Pelungo Zure. ecg