Fiscalía insiste en pedir cárcel para Liñares y su abogado en su inocencia

Apenas se movieron de sus posiciones la Fiscalía y la defensa de Francisco Fernández Liñares a la hora de presentar sus conclusiones en el pasaje final del juicio que finalizó ayer: el ministerio público mantuvo la petición de condena para el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) y concejal de Urbanismo de la capital lucense, por lo que pide para él cinco años de cárcel mientras que el abogado de Liñares, Evaristo Nogueira, pidió su libre absolución insistiendo en su inocencia y, sobre, todo, poniendo en duda el proceso de instrucción de la jueza Pilar de Lara.

Será ahora el tribunal quien tenga la última palabra tanto sobre la acusación por los delitos de prevaricación y cohecho como hacia el procedimiento del que, como se decidió en las cuestiones previas, se anularon las declaraciones realizadas por el principal acusado al haberse exce dido el tiempo de detención..

En cuanto a los otros nueve procesados, el fiscal tuvo en cuenta la confesión de ocho de ellos, quienes reconocieron en el juicio haber pagado sobornos al propio Fernández Liñares cuando era presidente de la CHMS, cantidades que oscilaban entre 15.000 y 25.000 euros, para hacerse con contratos de obras. Por ello pide una pena de 1 año 3 meses de prisión para cada uno, cuando inicialmente solicitaba para ellos la misma condena que para Fernández Liñares.

,El único empresario que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía y ha defendido tanto en el proceso como en la vista oral su inocencia, se enfrenta a una petición de pena por parte del ministerio público de tres años de cárcel, dado que se han tenido en cuenta las dilaciones indebidas de una causa que viene del año 2011. Su defensa solicitó la libre absolución para él.

La Fiscalía sostiene que FeLiñares aprovechó su puesto para adjudicar contratos a cambio de dinero o favores, lo que le permitió en su momento incrementar de forma notable su patrimonio. Mantiene que el utilizó el procedimiento negociado, previsto para contratos con un importe inferior a un millón de euros, para tejer una trama con los empresarios procesados, que simulaban presentar ofertas cuando, en realidad, se repartían entre ellos las adjudicaciones, que suman unos cuarenta contratos en los años que estuvo al frente del CHMS.