Galicia insta al Gobierno a presionar a la UE sobre el veto a la pesca de fondo

Santiago. Nuevamente, Galicia insta al Gobierno central a tomar cartas en el asunto en relación a la prohibición de la pesca de fondo. Esta vez, fue la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, la que demandó al Ejecutivo de Sánchez que hoy, en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, presione a Bruselas junto con Francia e Irlanda para hacer “recapacitar al comisario” ante el “sinsentido” del veto a la pesca de fondo en casi 90 áreas de aguas comunitarias.

“Esperemos sean capaces de que el comisario dé un paso atrás y revise todos los informes y datos disponibles”, aseveró Rosa Quintana. La representante de la Xunta explicó en una entrevista en la Radio Galega que el Gobierno central debe buscar aliados para paralizar este despropósito, que entraría en vigor el próximo 9 de octubre, y hacer que el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, rectifique en la decisión.

La titular de Mar subrayó además que la Comisión Europea excede con esta normativa el marco en el que se ampara para su puesta en marcha, un reglamento del año 2016. Esa norma congelaba la huella pesquera, por lo que se entiende que no se pueden ampliar ni reducir las zonas autorizadas a faenar, algo que no ocurre en este caso. De hecho, ese reglamento permitió trabajar a la flota con normalidad en los últimos seis años.

Quintana aseguró que, en caso de que las gestiones políticas previstas para hoy en el Consejo de Ministros de Pesca no sean fructíferas, Galicia defenderá la necesidad de que España recurra esta prohibición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicite su suspensión temporal, pues su entrada en vigor sería un “golpe mortal” para la flota.

En este sentido, recordó que el Gobierno central cuenta con el apoyo unánime de las comunidades afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía), que contribuirían en la búsqueda de argumentos jurídicos y datos con los que justificarlo, por lo que no entendería que el Gobierno central no recurriese esta medida.

Potestad estatal. En caso de que el Ejecutivo central no actúe, la conselleira avanzó que armadores y administración autonómica buscarán “los fundamentos en los que basar los recursos a presentar”. En todo caso, explicó que las comunidades autónomas “no son órganos legítimos” para poder presentar este recurso, ya que no sería sencillo “acreditar el impacto directo que tiene sobre la comunidad”, mientras que “sí tiene un impacto directo para el Estado y para los propios armadores”.

Cuestionada sobre si ve posible una suspensión cautelar antes del 9 de octubre, cuando entraría en vigor, la titular de Mar reconoció que depende de “la voluntad que tenga el comisario”, aunque “con la respuesta social que está teniendo” también apeló a la necesidad de que los tribunales sean “conscientes” del impacto que tendría el veto en una “actividad económica fundamental para la producción de alimentos de calidad”.

“En un momento en el que tanto hablamos del cambio climático, no se puede olvidar que la obtención de proteína marina tiene una baja huella de carbono y nula huella hídrica al tiempo que estamos ante un sector que ha acreditado que trabaja ajustado a las normas establecidas en el ámbito de la Unión Europea”, reinvindicó la conselleira. Destacó, además, que desde 2012 la mayoría de caladeros en los que faena la flota gallega está en niveles de rendimiento máximo sostenible, lo que significa que el volumen de capturas actual garantizadoras a continuidad de la actividad en el futuro. E.N./EP