Galicia recuperará los 200 millones de IVA que según Hacienda “no existían”

El culebrón de la mensualidad de IVA de 2017 pendiente de cobro toca a su fin con desenlace feliz para Galicia, que dobla el pulso al Gobierno en el Tribunal Supremo y recuperará los más de 200 millones que reclamaba al Ministerio de Hacienda.

Al final, la comunidad tenía razón y el asunto no estaba “prescrito”, tal como afirmó en su momento la titular del departamento estatal, María Jesús Montero, quien en una rueda de prensa a principios del año pasado tras el Consejo de Ministros llegó a afirmar que ese dinero no existía.

La no devolución de los 2.500 millones del IVA autonómico de 2017 a las comunidades –200 en el caso de Galicia– se debía, según alegó la ministra ese día, al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, aclarando que Moncloa no se queda ese montante, ya que “no existe” al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

Año y medio más tarde, el fallo a favor de los intereses de Galicia era esperado después de que la Justicia hubiese avalado recientemente la misma exigencia por parte de Castilla y León, pero no por ello deja de ser “una excelente noticia”, indicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones en la ciudad lusa de Oporto.

La Xunta “tenía razón”, insistió el mandatario, y “no tiene sentido” que el IVA recaudado en la comunidad correspondiente a diciembre de 2017 “no repercuta en la hacienda pública autonómica”. De lo recaudado en Galicia “el 50 por ciento del IVA y del IRPF corresponde a los gallegos, insistió en el marco de su participación, con el alcalde de la ciudad portuguesa, Rui Moreira, en la segunda edición de Diálogos Gallaecia.

En este sentido recordó que el “conjunto” de autonomías impulsaron esta reivindicación y se plantearon propuestas de negociación al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, pero “todas fueron rechazadas”, lo que llevó a “judicializar” el proceso para que el Gobierno central hiciese frente a su “deuda”.

“Agradezco mucho volver a una senda de justicia fiscal y tributaria; y espero que el Gobierno aprenda que no se puede hacer lo que a uno le da la gana ni se puede usar dinero de las comunidades para financiar sus decisiones”, sentenció el titular del Gobierno autonómico. “Al final bien vale la pena defender aquello en lo que uno cree. Aquí había argumentos y ahora el Supremo da la razón a la Comunidad y se la quita al Gobierno”, zanjó.

eSTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO. La Sala III del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta contra el rechazo del Consejo de Ministros de compensarle por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017, y condena al Estado a que compense por ello a Galicia en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.

Como ocurrió en la sentencia referida a la Junta de Castilla y León, la estimación es parcial al no aceptarse la concreta cuantía compensatoria que propugnaba Galicia (204.464.638,74 euros), al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado.

El tribunal establece que la compensación habrá de fijarse en ejecución de sentencia; y su cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017, a la que deberán añadirse los correspondientes intereses legales computados desde el momento de la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación y se adopten las medidas necesarias para revertir el desajuste financiero ocasionado a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tal como hizo en la sentencia relativa a Castilla y León, el alto tribunal resuelve que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, “pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.

Agrega que la aplicación de una norma reglamentaria –Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre– “trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”. El Supremo recuerda además que de ese “resultado anómalo” “se mostró persuadida la Administración del Estado antes del inicio de este proceso, como pusieron de manifiesto iniciativas de arreglo extraprocesal y que resultaron fallidas.

EN EL PLAZO MÁS BREVE. La Consellería de Facenda acogió “con satisfacción” esta sentencia, que “reconoce una vez más que Galicia tenía razón, que las gallegas y gallegos ganan porque recuperan un dinero que abonaron todos los ciudadanos, y que, por tanto, es suyo”. En un comunicado, avanza además que ejercerá “las acciones necesarias para que la compensación reconocida por la sentencia se haga efectiva en el plazo más breve posible”.

“Ahora la sentencia del Tribunal Supremo acredita que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de nuestra comunidad, que esa actuación originó un quebranto económico a la hacienda autonómica, y que de ese modo se produjo un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”, subraya el departamento autonómico.