Galicia reducirá lo más posible la aplicación de la ley Celaá
Feijóo considera que divide, Caballero la defiende y Pontón se desmarca de la Lomloe
La conocida como ley Celaá no deja indiferente a nadie y es el mayor motivo actual de enfrentamiento entre Gobierno y oposición. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes que su Ejecutivo tratará de reducir “al mínimo” posible la aplicación de la nueva Ley de Educación, que “es mala y divide”, y cuya visión de la sociedad es “reduccionista”.
El titular del Gobierno autónomo insistió en que Galicia tiene margen de maniobra porque la Lomloe “no modifica la normativa de la educación gallega, salvo que por imperativo legal haya algún precepto de obligado cumplimiento”.
“Es la ley qué más da: que cada comunidad haga lo que quiera”, criticó, para insistir en que “no va a ser recordada por las familias, los alumnos y las administraciones públicas”.
Aún así, afirmó que en un estado de derecho “las leyes se han de cumplir mientras no las anulen los tribunales”. En los mismos términos se manifestó el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, que aseguró no tener dudas de que la ley Celaá se va a cumplir en Galicia “como en otras comunidades”, al tiempo que se quejó de que es “una oportunidad perdida” al no tener “consenso”.
Feijóo hizo hincapié en que en Galicia “tenemos una riqueza lingüística que queremos mantener. Tenemos dos idiomas que hablamos con normalidad y cordialidad. La enseñanza es en dos idiomas y no solo en uno”, declaró. Lamentó, asimismo, que “los padres no tienen derecho” y reiteró que en su comunidad “hay padres que mandan a sus hijos a la escuela concertada y seguirá habiendo conciertos”, y que la renta familiar “no puede ser determinante” a la hora de elegir un centro púbico o privado.
Destacó además que en Galicia “distinguimos entre aprobar y suspender”, y que por eso “no daremos títulos a las personas que suspendan. Ese tipo de consideraciones las vamos a mantener con normalidad y tranquilidad. Creemos en la calidad educativa, en el plurilingüismo cordial y en la decisión de los padres”, zanjó.
También el titular de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, volvió a referirse al tema al advertir que “pone en riesgo los grandes avances registrados en el sistema en los últimos años. Advirtió que nace de una concepción “partidista”.
Desde la oposición, el socialista Gonzalo Caballero defendió la ley Celaá frente a la “sesgada” interpretación de “la derecha y la ultraderecha” e instó a Feijóo a “no engañar” a la ciudadanía. “Esta ley es positiva y, aunque Feijóo dé a entender que va a bordear su cumplimiento, ha sido aprobada en el Congreso y estará obligado a cumplirla”, manifestó. Mientras, Ana Pontón, portavoz del BNG, denunció que “si hay una lengua en riesgo es el gallego” y se desmarcó de una norma que “no otorga la adecuada protección al idioma propio de la Comunidad”.
Además del resto de comunidades autónomas que gobierna el PP, en la línea del partido, desde Cantabria, la formación de Miguel Ángel Revilla, en el Gobierno autónomo, rompieron su habitual sintonía de voto con el PSOE, su socio, para alinearse con la oposición (PP, Cs y Vox) y reclamar la retirada de la Ley.
Desde Madrid, el Sindicato de Estudiantes tampoco está de acuerdo con la Lomloe al considerarla “insuficiente” para mejorar la educación pública, al considerar que necesita un “rescate urgente” tras una década de recortes.
El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que las comunidades autónomas gobernadas por su partido no van a esperar a que se apruebe en febrero para empezar a legislar en sus territorios con el objetivo de blindar la calidad educativa y la libertad de elección de los padres.
“Nuestro compromiso es blindar la calidad educativa, no solo en la concertada sino también en la pública, y la libertad de las familias para decidir en qué colegio quieren que estudien sus hijos”, subrayó.
El líder popular trasladó su compromiso de que la ley Celaá “durará lo que dure este Gobierno” y, mientras, la recurrirán en el Tribunal Constitucional y en las instituciones europeas, y las comunidades gobernadas por el PP legislarán contra ella.
“Es bueno que en las comunidades gobierne otro partido y se está viendo en materia educativa y sanitaria”, dijo.
Recordó que ya lo hicieron algunas comunidades del PP cuando la ley educativa de José Luis Rodríguez Zapatero, y citó los ejemplos de Madrid, que aprobó una ley de autoridad del profesorado; Castilla y León, que reforzó la educación rural; o Galicia, que blindó el trilingüismo (castellano, gallego e inglés).
La ministra de Educación, Isabel Celaá, criticó a Pablo Casado, por pretender que en las comunidades donde gobierna su formación no se aplique la Lomloe, aprobada la pasada semana en el Congreso. “Sorprende que el líder de la oposición esté llamando a una suerte de desobediencia, porque es una ley respaldada por 7 fuerzas políticas y aprobada con mayoría absoluta”, recordó. Reprochó al PP que no apoyase ninguna de las leyes educativas de gobiernos socialistas y aseguró, al ser preguntada por la oportunidad de aprobarla en plena pandemia, que “la educación no puede esperar”. Acusó, además, a los populares de que “se hayan autoexcluido” de la negociación.
Celaá se mostró convencida de que permitirá mejorar los resultados de los estudiantes españoles. “La pieza clave será la excelencia, que está bien afincada en el proyecto de ley pero con equidad para todos; seremos promotores de talento”, indicó.
La ministra lamentó que la ley haya nacido rodeada de fake news y se refirió a las polémicas en relación a la educación especial y la enseñanza concertada. Aseguró que las acusaciones de pretender acabar con la educación concertada es “algo falaz”.