Galicia vio crecer los accidentes laborales en el estado de alarma
En España bajaron un 13,3 %, aquí subieron el 2,8 % // Aunque se redujo el número de huelgas hubo más partícipes en ellas
Las medidas de confinamiento de la población en respuesta a la pandemia del coronavirus iniciadas en la segunda mitad de marzo derivaron, según la segunda parte del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, en una caída generalizada de la siniestralidad laboral en España. Pero en Galicia ocurrió lo contrario, al registrarse 66,9 accidentes cada 10.000 ocupados, lo que supone un aumento interanual del 2,8 %. Esta cifra supera la media estatal, donde se han anotado 58,7 accidentes que causaron baja por cada diez mil trabajadores. Es un 13,3 % menos que el año anterior.
Navarra, con 90,3 siniestros por cada mil empleados, Baleares con 85,2 y País Vasco con 80,3 este ranquin, que tiene a Madrid (55,7) a la cola.
Adecco apunta que la hibernación económica “sí afectó a la creación de empresas”, que con 30,3 sociedades inscritas por cada millar de personas, “constituyen el dato más bajo desde 2017”. Sigue siendo el cuarto mayor entre las comunidades, pero disminuye en el segundo trimestre en Galicia un 1,8 %. Esta caída es menos profunda que la experimentada en todo el país, donde hay ahora 28,8 empresas por millar de habitantes, cifra que conlleva un retroceso anual del 2,5 %.
Ahora se cuentan en la comunidad gallega 31.700 parados de larga duración. Aunque es una cifra grande, es el dato más bajo para la región desde marzo de 2010. El colectivo de parados de larga duración en Galicia equivale al 27,8 % del total de personas sin empleo, lo que conlleva un recorte interanual de 5,3 puntos porcentuales.
En el conjunto de España, un 75 % de los parados está cobrando una prestación por desempleo, lo que supone un incremento interanual de 10,2 puntos porcentuales. Es la mayor proporción de parados cubiertos en once años. En Galicia la subida ha sido un poco más fuerte aún, de 12,2 puntos porcentuales. De esta forma, un 81,3 % de los parados de la comunidad percibe prestación por desempleo. Es la proporción más alta desde marzo de 2011.
Como consecuencia también de la pandemia, ha caído el número de huelgas en nuestra autonomía hasta las 21,3 huelgas cada 100.000 compañías (caída interanual de un 12 % frente a la caída de un 21 % nacional). Es la menor proporción de huelgas para la autonomía desde 2018, pero es el cuarto mayor dato a nivel autonómico.
Sin embargo, en el caso de los participantes en estas protestas y reivindicaciones laborales, Galicia es una de las cuatro comunidades donde esta proporción se incrementa, con un avance en la participación en huelgas de un 13,8 %. Se eleva este registro hasta los 43,6 huelguistas cada 10.000 ocupados, dato que sitúa a la autonomía como segunda con mayor número, tras País Vasco, con 103,8. A nivel estatal los participantes en huelgas descendieron un 56,6 % interanual, quedando en 17,4 huelguistas por millar de trabajadores, el dato más bajo en al menos 20 años.
Junto a otros sectores altamente reivindicativos como la metalurgia y naval, el del aluminio se ha convertido en el gran actor de las huelgas y protestas en demanda de un futuro productivo y laboral en los últimos meses, y de forma creciente. Tanto, que la multinacional estadounidense Alcoa convocó la última reunión de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) el próximo lunes, pero no en Lugo, sino Madrid.
Será el día después del fin del plazo para que fructificase la venta de la planta de San Cibrao a GFG Alliance-Liberty. Con más de medio millar de trabajadores directos amenazados de despido, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, denunciaba que es la “desfachatez personificada”, porque “ no se había celebrado ninguna reunión en Madrid”, y ahora, con la capital amenazada por la covid, se les cita allí. “No tiene lógica”, insistió Zan, que ve “mala fe” de la compañía, y pide más presión a Gobierno y Xunta para lograr esa venta.
Desde su punto de vista, “las instituciones”, especialmente “el Gobierno de España”, tienen que “apretar todavía más” a la multinacional americana para que acepte su “mediación” y acuerde la venta de la fábrica “por todo lo que ha recibido y lo bien que se ha portado este país” con la empresa.
El comité mantuvo el jueves una reunión con alcaldes de la comarca lucense de A Mariña, quienes volvieron a expresar su apoyo a los trabajadores y a la venta de la fábrica, para garantizar su viabilidad.
Hostilidades en Arteixo
Mientras, sigue la guerra entre el comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, que denunció la “persecución” a los sindicalistas después de la apertura de un expediente sancionador a su presidente, Juan Carlos López Corbacho, mientras la empresa acusa a un “pequeño grupo” de impedir la normal actividad.
No parecía que fuesen pocos en la protesta a las puertas de la fábrica ubicada en Arteixo para reivindicar una “intervención”, desde donde López Corbacho denunciaba en declaraciones a Efe que el Grupo Riesgo trata de “coaccionar la libertad sindical y la defensa de los acuerdos” de la venta.
Así, CCOO, UGT y CIG condenaban el “acoso” que, dicen, ejerce la directiva contra los representantes sociales al haber abierto un expediente contradictorio al presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, que se suma a otros cuatro expedientes abiertos en la factoría de Avilés.
La directiva de Alu Ibérica sostenía en un comunicado que tuvo que “proceder a la apertura de expedientes” por las “ofensas verbales” recibidas, al llamarles Corbacho “delincuentes”.
“Esta medida se enmarca exclusivamente en el ejercicio de los derechos de la empresa, está plenamente amparada por la ley”, apuntó la entidad, que ha añadido que ha sido una opción “inevitable” y se volverá a emplear “ante acciones que atenten contra los derechos de la empresa” y vulneren “la convivencia”. Asegura el Grupo Riesgo que estas “ofensas verbales” están contempladas en el artículo 54 del Estatuto de los trabajadores.
Por su parte, el comité de empresa coruñés ha emitido un comunicado en el que asegura que “no va a consentir ningún tipo de coacción en detrimento de la defensa de los derechos de los trabajadores y continuará denunciando públicamente, y ante las administraciones que procedan, los incumplimientos e irregularidades”.
··· La primera entrega del monitor laboral de Adecco apuntó que el salario medio creció aquí un 3,3 % interanual, el mayor avance de todas las comunidades, y se situó en 1.568 euros brutos mensuales, máximo histórico. La capacidad adquisitiva mejoró el 4,1 %, ttambién la subida autonómica más importante.
··· El INE corroboró que el sueldo medio en Galicia ya subió en 2018 un 3% anual a 22.244,59 euros, la mayor cifra desde al menos 2008. Creció más para las mujeres (3,8 %) que para los gallegos (2,1, pero ellas, con 19.543 €, están un 21 % por debajo que ellos (24.827).
··· Por comunidades autónomas, el panorama no ha cambiado respecto a otros años: País Vasco (28.470,9 euros anuales por trabajador), Madrid (27.010,9 euros) y Navarra (26.364,7 euros) siguieron registrando en 2018 los salarios más elevados, mientras que Extremadura (19.947,8 euros) y Canarias (20.763,4 euros) presentaron los más bajos.
··· Según la encuesta del INE, el sueldo medio anual de los trabajadores con nacionalidad española fue el único que superó la media en 2018, con 24.440,2 euros. Todos los grupos con nacionalidad distinta a la española presentaron un sueldo inferior al salario medio, siendo el más bajo el de los trabajadores africanos (16.315 euros).
··· Los gestores administrativos de Galicia manifestaron su “gran preocupación” por la prórroga de los ERTE covid-19. A menos de una semana de que se apruebe, sus casi 600 despachos colegiados esperan “temerosos” las nuevas indicaciones del Gobierno central sobre la situación en la que van a quedar empresas y trabajadores afectados por estos expedientes. Tras “siete meses de incertidumbre, trabajo incesante y cansancio provocado por la avalancha de trámites”, reclaman al Gobierno que la nueva regulación sea clara, precisa y ofrezca seguridad jurídica.
··· Desde el Colegio de Gestores Administrativo de Galicia señalan que la falta de rigor de las normas dictadas por el Ejecutivo ha creado gran incertidumbre entre sus profesionales, que se ven obligados a tramitar los Ertes Covid-19 sin indicaciones claras y sin respuesta de la Administración a las numerosas dudas que surgen durante el proceso. En este sentido, recuerdan que las plataformas telemáticas no solo no funcionan bien, sino que el personal que las atiende está ausente o no da soluciones precisas.
··· Asimismo lamentan que, durante estos últimos meses, los despachos colegiados se hayan visto obligados a interpretar las normas, una responsabilidad que no corresponde a su colectivo, por lo que reclaman un marco normativo claro y flexible. También exigen celeridad y eficacia a la hora de resolver todos los expedientes, para evitar los numerosos errores que se están cometiendo actualmente.