Galicia vuelve a pedir una Abau única y que el nuevo modelo se aplace un año

Las comunidades donde gobierna el Partido Popular, entre ellas Galicia, reivindicaron ayer al unísono que el nuevo modelo de las pruebas de aceso a la universidad (la abau, o la vieja selectividad) sea fruto del consenso y, sobre todo, sea igual en todo el Estado, de manera que se garantice la igualdad de oportunidades. Una y otra fueron las ideas que con más resalte expuso el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante la conferencia sectorial convocada por el Ministerio de Educación para abordar cómo ha de ser la nueva Abau.

Rodríguez argumentó ante la ministra Pilar Alegría a favor de una participación real de las comunidades autónomas en el diseño de la prueba, “con el fin de conseguir una Abau –expuso– con criterios básicos, homologables y uniformes que garantice la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes”. El conselleiro reclamó además que se aplace un año el calendario de implantación de la nueva prueba, que el Ministerio quiere implantar a partir del curso 23-24.

El representante de Galicia lamentó además que las propuestas de la Xunta no estén siendo escuchadas en las reuniones técnicas de los grupos de trabajo convocadas para abordar la estructura y calendario de implantación. Tras las quejas, ofreció una “última oportunidad” al Ministerio para tomarlas en cuenta. Si no es el caso, advirtió, la Xunta dejará de hacer “aportaciones constructivas”.

“El planteamento que se está haciendo es una oportunidad perdida”, dijo Rodríguez, señalando que los técnicos indican que el diálogo se produce en una única dirección en estas reuniones, “lo que genera una idea de participación que es claramente ficticia”, lamentó.

En su intervención en la Conferencia Sectorial, Román Rodríguez destacó además la urgencia de elaborar una prueba que tenga las mismas exigencias y los mismos criterios de evaluación para todo el alumnado, independientemente de la comunidad autónoma en la que viva. “Si hay un distrito único universitario en España –arguyó– lo normal y lo lógico es que los caminos que van a esa puerta tengan una homologación, si no una unidad total”. “De lo contrario, estamos creando una desigualdad entre las personas en una prueba que es vital para el futuro de los jóvenes, perpetuando una situación que es injusta”, añadió en este sentido.

Por otra parte, el representante del Gobierno gallego, según informó la Consellería, quiso también expresar a la ministra su preocupación por la falta de fondos estatales para financiar la integración de los docentes del cuerpo de profesores técnicos de FP en el de Enseñanza Secundaria, que en Galicia afectará a entre 1.200 y 1.500 personas.

Este paso de un cuerpo a otro supondrá en Galicia un incremento de la masa salarial en, aproximadamente, 3,5 millones de euros al año, a mayores de los 5,5 M€ que habría que pagar en atrasos, correspondientes a los años 2021 y 2022. A pesar de que este cambio viene derivado de la nueva ley educativa, Lomloe, el Gobierno central no va a transferir a las comunidades autónomas fondos para hacerle frente.

“La Xunta no está en ningún caso en contra de las mejora en las condiciones para estos docentes, pero no es coherente ni una postura justa ni ética que otras administración paguen la decisión del Ministerio, que se deriva de subsanar un error de la nueva ley”, manifestó.