Habrá recurso al Tribunal Supremo si el Gobierno prohíbe la caza del lobo

Santiago. Los gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria acudirán al Tribunal Supremo en caso de que el Gobierno de España siga adelante con su proyecto de proteger al lobo y prohibir su caza en el conjunto del país.

Así lo explicaron este martes tras el encuentro en el Centro para la Defensa Contra el Fuego en León en el que participó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, junto con los responsables de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Jesús Calvo; y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco.

Una cita en la que la Ángeles Vázquez demandó “diálogo, la retirada de la orden ministerial y empatía” porque, a su juicio, “no se puede proteger en exceso una especie en favor de otras”.

La conselleira reconoció que “España tiene un buen número de manadas de lobos y esta especie goza de buena salud” e incidió en incluir en la adopción de decisiones “a las asociaciones agrarias por su gran importancia en la gestión equilibrada, de entendimiento y empatía entre el lobo y el hombre”. Asimismo, destacó que “todas las comunidades cuentan con un plan de gestión, en el caso de Galicia desde 2009” y añadió que desde 2015 se incrementaron las manadas de lobos, lo que provocó que “hayan aumentado los ataques y los daños a los ganaderos”.

Para hacer frente a esto, señaló que “es necesaria la coordinación con el Gobierno de España” y solicitó la puesta en marcha “de una mesa en la que participen las Comunidades Autónomas y las organizaciones agrarias para decidir si el lobo debe formar parte de la lista de especies protegidas o no”.

También, reiteró la responsable gallega que “el lobo no es una especie amenazada” y enfatizó e la necesidad de “tener una respuesta económica porque no puede ser que sea yo quien invito y el resto sean los que pagan”.

Unos argumentos en línea con los expuestos por Suárez-Quiñones, que como anfitrión fue el primero en hablar y puso de manifiesto el riesgo que puede suponer que “entre en vigor la orden ministerial el 25 de septiembre para las provincias loberas”, defendiendo el encuentro con el fin de “renovar el compromiso con la ganadería, los pueblos y el medio rural”.

Reiteró que “se pide algo sencillo de entender como es una mesa de trabajo y la retirada del proyecto de orden ministerial” y avisó que “no se puede poner en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y luego querer hablar”. Así, criticó “la sucesión de actos atropellados” y reivindicó “una gestión nacional aprobada en 2005 en la que siempre hubo consenso en el ámbito de la biodiversidad y que no se puede tomar ninguna decisión sin modificar esta estrategia”.

“ESTO NO ES AZULES CONTRA COLORADOS”. El último en tomar la palabra fue el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria quien reflejó que “esto no es un azules contra colorados, en esta reunión hay consejeros de partidos distintos”. e.p.