Hasta 16 millones de sanción a CHMS, Iberdrola y Naturgy ante el vaciado de embalses
La Xunta advierte de penalizaciones máximas de dos millones que podrían sumarse si se prueban alteraciones en ecosistemas por los cuatro desecados en Cenza, Salas, As Portas, y Belesar
Un máximo de 16 millones le podrían caer en su conjunto a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (ocho), Iberdrola y Naturgy (cuatro respectivamente) si se prueba una “afección ao funcionamento normal dos ecosistemas polo baleirado dos encoros” de Cenza, Salas, As Portas y Belesar, cuya imagen casi desértica sigue dando que hablar.
Tal como comunicó la Xunta este miércoles, en base a la instrucción efectuada tras iniciarse los expedientes sancionadores sobre las tres entidades, los profesionales encargados procederán “á petición dos informes técnicos correspondentes”, con el propósito de determinar las posibles alteraciones “ao funcionamento destes ecosistemas”.
Así las cosas, “no caso de que se observaran estas alteracións”, el Ejecutivo autonómico indica que estaríamos ante una infracción tipificada en la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y la biodiversidad de Galicia que “podería sancionarse con ata dous millóns de euros ao poder considerarse moi grave”.
De llegar a demostrarse daños por el vaciado de todos los embalses, estaríamos hablando de una multa máxima de ocho millones para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (por ser la actual responsable de los cuatro pantanos) y otros cuatro respectivamente para Iberdrola (explotadora de As Portas y Cenza) y Naturgy (gestora de Belesar y Salas). En consecuencia, la sanción podría llegar a alcanzar los 16 millones de euros.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico remarcó por medio de un comunicado que “as actuacións irresponsables nos devanditos encoros, por parte da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e das empresas concesionarias (a las que no ha nombrado), poderían provocar que as poboacións piscícolas que se atopan en equilibrio nun hábitat dun tamaño pasen a atoparse confinadas nun espazo moito máis reducido”.
Con ello, “estas novas condicións provocan unha competencia intraespecífica” y como resultado, solamente poden sobrevivir los individuos “máis fortes” o aquellos que “mellor se adapten ás condicións de estrés ambiental”, indicaron, manifestando igualmente que “a acumulación de peixes en espazos reducidos tamén facilita un mellor acceso para os depredadores”.
Por otro lado, evidenciaron que “a mortalidade directa de peixes é outra posible consecuencia dos cambios na calidade das augas, posto que o osíxeno disolto en auga resulta insuficiente para a respiración de toda a biomasa piscícola que se acumula, chegando a niveis de anoxia”.
Del mismo modo, destacaron que otro efecto constatado del vaciado “é a formación de pozas” en las que los peces quedan completamente aislados de la masa de agua principal: “Tendo en conta a acumulación de peixes –e os seus efectos- e que son áreas que secan en pouco tempo, a mortalidade de peixes nas mesmas é evidente e probable”.
En este sentido, las declaraciones de la Xunta han llegado tras corroborar que hubo una comunicación irregular por parte del organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y las concesionarias, que procedieron a desecar los pantanos sin la autorización de Medio Ambiente.
Distintos supuestos contemplan la pena. Según el artículo 142 de la citada ley, son infracciones muy graves, por ejemplo, la colocación de veneno en espacios protegidos, aunque también la tenencia, destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura o exposición para el comercio o la naturalización no autorizados de especies incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas en la categoría de “en peligro crítico de extinción” y la destrucción o alteración de la estructura o funcionamiento ecológico de los hábitats incluidos en dicha clasificación así como en el Catálogo de los hábitats en peligro de desaparición de Galicia.
Infracciones leves: de 100 a 3.000 euros
Graves: de 3.001 a 200.000 euros.
Muy graves: de 200.001 a 2.000.000 de euros.
También podrá imponerse para las muy graves: la pérdida de la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas de la Administración autonómica por un plazo de hasta tres años; la revocación de las autorizaciones otorgadas en aplicación de la presente ley cuyas condiciones hayan sido incumplidas; e incluso el cierre de los establecimientos, locales o instalaciones.