Iniciativa pola Memoria dice que los Franco ya fueron indemnizados
La segunda sentencia sobre el Pazo de Meirás –que la Audiencia Provincial coruñesa dictó el último viernes ratificando que debe pasar al Estado, pero que habrá que cuantificar el pago de los gastos de conservación desde finales de 1975 a los descendientes de Franco–, acabará en el Tribunal Supremo. Al menos los abogados de los demandados anunciaron que preparan el recurso, y que pedirán unos 800.000 euros.
En la otra parte, la Abogacía del Estado estudia el fallo judicial, mientras el Concello de Sada ya ha solicitado al resto de demandantes que se unan en su recurso de si existió o no mala fe posesoria del inmueble por parte de los herederos de Franco. Ahí está el quid de tener que pagar o no una indemnización.
Al respecto, preguntado ayer el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, comentó que los letrados de la Asesoría Xeral Xurídica de la Xunta también estudian la sentencia, por lo que no se pronunció sobre si se debe abonar o no una cantidad ya que dependerá de la decisión que tome la Abogacía del Estado.
“Tenemos que esperar a ver qué hace el Estado, que es el propietario”, precisó el conselleiro, quien expresó que lo importante es que el pazo sea “parte del patrimonio público”, porque las “cuestiones de este tipo habrá que ir viéndolas de modo ordenado y buscando un acuerdo jurídico con el propietario”.
En cuanto al recurso que va a plantear el Concello de Sada, Rodríguez señaló que dicha institución “es libre de tomar la decisión que quiera”, y añadió que estará “en contacto”, con la misma. Sin embargo reiteró que “lo importante” es que “las Torres de Meirás pasen a formar parte del patrimonio público” y que se haga un uso “que permita mantener vivo este complejo”.
Por su parte, en un comunicado, la Iniciativa Galega pola Memoria (IGM) reclama al Estado que recurra la sentencia al no comprender “la lógica de indemnizar a alguien por aprovecharse de un bien que, según el mismo fallo, fue obtenido de manera fraudulenta”. y manifiesta que “la sentencia basa el derecho de la familia” de Franco a ser “indemnizada”, en los gastos de “mantenimiento” así como en las “obras de rehabilitación llevadas a cabo tras el incendio de febrero de 1978”.
No obstante, la IGM recuerda que “sin entrar a valorar las incógnitas sobre el origen del fuego”, la heredera “ya había sido indemnizada con la importante cifra de 13 millones y medio de pesetas de aquel tiempo”, por lo que “esta sentencia supondría pagarle a la familia dos veces por el mismo incendio”, y tampoco parece que “sean muy dignas de compensar las obras de mantenimiento y conservación dado el estado ruinoso” en el que está ahora el inmueble.
La cuestión del futuro del Pazo o Torres de Meirás también llegó este martes a la Comisión de Cultura del Senado. Ésta acordó instar al Gobierno central a ceder la gestión a la Xunta. La moción defendida por el senador popular por A Coruña, Miguel Lorenzo, fue aprobada con 114 votos de PP, Ciudadanos y Grupo Vasco frente a los 112 del grupo socialista y la abstención del resto.
Dicha moción insta al Gobierno a disponer la cesión de la gestión del Pazo de Meirás a la Xunta “con el objetivo de desarrollar usos culturales que expliquen la historia del inmueble, reivindiquen el entendimiento y la concordia y ahonden en el papel de las escritoras en la historia de la literatura”, al haber sido antes propiedad de Emilia Pardo Bazán.
Mientras, Lorenzo recordó que el Parlamento gallego instó por unanimidad al Gobierno del Estado a comenzar un proceso civil para que Meirás se reintegrase al patrimonio público, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga expresó el rechazo por considerar la propuesta como “publicitaria”, “oportunista”, “excluyente” y “extemporánea”, ya que el proceso judicial no está concluido, y es necesario que se explique en el Pazo de Meirás el relato de las víctimas del expolio y de la donación forzada a Franco en la dictadura.