Irá a la cárcel el funcionario condenado por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva
El Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial
de cinco años y tres meses de prisión por prevaricación
No se librará de pisar la cárcel. El alto funcionario del Concello de Vigo que fue condenado a 5 años de prisión por la Audiencia de Pontevedra como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación y un tercero de falsedad en documento mercantil, como consecuencia del enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria municipal, acaba de sufrir un nuevo revés judicial.
Francisco Javier Gutiérrrez Orúe, exjefe de participación y atención ciudadana de la concejalía de Promoción Económica, Empleo y Participación del Ayuntamiento de Vigo, ha visto fracasar su recurso de casación ante el Supremo. El Alto Tribunal ha ratificado la pena de 5 años y 3 meses de prisión por urdir un plan destinado a contratar de forma “oculta” a Vanesa Falque, cuñada de la teniente de alcalde de la corporación viguesa, Carmela Silva, quien entre 2003 y 2008 cobró un sueldo de la empresa Imesapi a pesar de que no realizó ningún trabajo y de que tampoco asistía a su puesto.
El nuevo fallo judicial también revalida la condena a un año y seis meses de prisión al administrador de la empresa Imesapi, Ramón Comesaña, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con otro de malversación de caudales públicos y un tercero de prevaricación.
El Tribunal Supremo condena a los dos procesados a indemnizar con 108.147,22 euros al concello de Vigo, con la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Imesapi.
La sentencia establece que la contratación de la cuñada de Carmela Silva se llevó a cabo al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo con la colaboración de Comesaña y la cobertura de la empresa Imesapi por su relación “habitual” con el ayuntamiento de Vigo.
Los magistrados inciden en que existen una “pluralidad de acciones ejecutadas de común acuerdo por ambos condenados con idéntico propósito”: beneficiar económicamente a Vanesa Falque a costa de los fondos del concello olívico, bajo la forma de retribuciones mensuales por unos trabajos que no había realizado”. Se tramitaron nueve expedientes administrativos por los nueve contratos menores con Imesapi.
El AltoTribunal ratifica que Orúe “contribuyó a la creación de una ficción de contrato que no respondía a la realidad”, situación que permitió eludir los controles administrativos y favorecer económicamente a la cuñada de la mano derecha del alcalde Abel Caballero.
denuncia La formación Xuntos por Galicia presentó la denuncia como acusación popular que ha concluido con la condena del alto funcionario vigués, así como del directivo de la concesionaria, mientras que la beneficiaria de cinco años de ingresos salariales sin trabajar, ni ha sido acusada si se ha tenido en cuenta su participación en los hechos.
El Supremo abre la posibilidad de que los condenados puedan iniciar acciones civiles contra Falque.
La sala recuerda que ninguno de los condenados presentó una acusación contra ésta como responsable penal, tampoco recurrieron el sobreseimiento de la causa en contra de ésta y no solicitaron su comparecencia como partícipe a título lucrativo o como responsable civil.