Jaque mate al aluminio español

Se cumplió el peor de los escenarios, el que nunca quiso adelantar este periódico, aunque así apareció publicado en la edición de ayer, antes incluso en la edición digital: el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, convocó ayer en un restaurante de Lugo al comité de empresa del complejo fabril de San Cibrao, en Cervo, y les detalló las “graves circunstancias” y la “situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio”, debido a factores estructurales inherentes y a dificultades permanentes.

Situación que lleva al grupo a contemplar el inicio de un periodo de consultas para un proceso de despido colectivo que “afectaría potencialmente hasta a un máximo de 534 empleados”. Según explica la compañía en un comunicado, los problemas “estructurales” son los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global. Tras pérdidas que llegaron el año pasado a los 50 millones, este año las prevían aún superiores, lo que sumado al golpe por la pandemia han reforzado el “hecho” de que la fábrica lucense “no sea competitiva”.

El complejo industrial de San Cibrao está compuesto por una planta de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. La reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar “solo una parte de la fundición”. La producción de la de alúmina “no se verá afectada por este periodo informal de consultas” durante las próximas tres semanas previo al plazo formal de negociación para el despido colectivo o ERE. “No se tomará ninguna decisión hasta que dichas consultas hayan concluido”, alegaron fuentes de Alcoa a este periódico. El Comité de Empresa Europeo ha sido informado del proceso informal de consultas en el curso de una reunión celebrada con el comité lucense.

El presidente de este órgano de representación de los trabajadores en la planta de Cervo, José Antonio Zan –que pertenece a Comisións Obreiras, CC.OO.–, exigía ayer a Moncloa que “sea valiente” e intervenga la compañía, cuya privatización se inició en 1995 con el socialista Felipe González aún como presidente, para ser culminada dos años después con el popular José María Aznar como líder del Ejecutivo.

En declaraciones a Europa Press, Zan dejó claro que el Gobierno central “puede intervenir la empresa y quedarse con una parte del accionariado” –como están haciendo con múltiples empresas estratégicas Francia o Alemania–, por lo que le pide que “se ponga a legislar” tras “la falta de respeto por parte de la empresa, es vergonzoso cómo se comporta Alcoa”.

Demandó del Ejecutivo hacer “su trabajo” y poner en marcha el prometido y nunca activado, tras dos años, estatuto para las empresas electrointensivas, para que “sea una solución y no un problema”. Hasta aquí hay coincidencia con la posición que defiende la Xunta.

Pero a mayores apunta Zan que “si el Gobierno de España tiene que intervenir la empresa unos meses o incluso años que lo haga”, afirmó el representante de los trabajadores: la fábrica “tiene que seguir funcionando”, ya que la considera viable.

Avisa de que si cae Alcoa en San Cibrao, “caerá el resto del aluminio en España”. Por ello, el Gobierno “debe defender a su país y su industria”.

El comité de empresa urge “un marco estable para poder funcionar”, y ahora mismo es “el Gobierno quien tiene métodos de sobra para poder solucionar el problema”. “Si Alcoa no quiere seguir que se solucione vía una intervención”, con “una salida para que el marco estable esté funcionando y se tenga con quien seguir”.

José Antonio Zan recuerda que Alcoa fue “la primera empresa nombrada como esencial tras el decreto del estado de alarma” y que debía “seguir manteniendo su producción”. El responsable de los trabajadores dijo que no se trata solo del despido de más de medio millar de trabajadores, sino de “si el Gobierno quiere tener un sector industrial fuerte o no”.

“Estamos hablando de que si queremos que los médicos y los hospitales sean los mejores para eso hace falta dinero, y para tener dinero hay que invertir en industria y en el sector primario”, asevera.

Entre empleo directo e indirecto dependen de la fábrica tres mil personas. Su actividad repercute en toda la economía de A Mariña, especialmente el comercio y la hostelería. Alfonso Villares, alcalde de Cervo. donde se instala el complejo fabril, manifestó a Europa Press que “nunca” se plantearon “este escenario de forma tan clara que afectaría a toda A Mariña lucense”: si muere una lo hará la otra, argumentó, ya que la empresa soporta, según sostiene este regidor, “el 30 % del producto interior bruto de la provincia de forma directa e indirecta”.

Villares afirmó que “solo nos queda clamar al Gobierno para que arregle el conflicto energético”. “No podemos desperdiciar algo que está funcionando tan bien”, sentenció. También indicó que el propio comité de empresa contaba con un plan para enderezar la planta, siempre que el Ejecutivo cumpliese con su parte.

SUBVENCIONES MÁS QUE MILMILLONARIAS. A finales de año 2018 fuentes próximas al Ministerio de Transición Ecológica habían indicado que en la última década la aluminera estadounidense se embolsó más de mil millones de euros destinados a rebajar los costes de su masiva factura de la luz, con un consumo anual de 330.000 MW/h, que podrían ser el equivalente al que consumían las siete grandes ciudades gallegas antes del covid.

Los mensajes de apuntaban a una posible deslocalización parcial o total de Alcoa arreciaron desde finales del año pasado. No llegaba el comprometido estatuto del consumidor electrointensivo, aunque ya había avisado la compañía que, tal y como estaba redactado y con las medidas planteadas, seguían sin ser competitivos ante la competencia de países cercanos como Francia o Alemania –ya no digamos los asiáticos o árabes–, lo que hacía inviable producir aluminio primario en Cervo.

CIG Y UGT: Regresar la fábrica lucense al sector público

La CIG también apostó ayer como solución ya estudiada y avalada por informes de la ejecución de una intervención y “el retorno al ámbito público” del sector del aluminio, tanto de la fábrica de San Cibrao como la de A Coruña, antaño también de Alcoa y ahora denominada Alu Ibérica, a saber si en manos de Parter o de Grupo Riesgo.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, que ayer acudió a la reunión celebrada en Lugo con el presidente de Alcoa, recordó el informe de la Universidade da Coruña, elaborado a petición del sindicato, que avala la legalidad y viabilidad de la adquisición, que podría materializar la SEPI.

Junto a esto, Carril subrayó que trasladó a Álvaro Dorado, como representante de la multinacional, que la CIG “no consentirá” que Alcoa aplique estos recortes en la producción y el empleo, mientras insta a la Xunta y al Gobierno a “no colaborar con esta lógica destructora de Alcoa”.

La Federación de Industria de UGT mostró su “total oposición” al cierre de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, anuncio realizado “en plena alerta sanitaria” y que “provocará el hundimiento económico de toda la provincia de Lugo, dado que el cierre de la factoría supone la caída del 25 al 30 % del PIB”, apuntaron.

“Si finalmente se produce, este cierre perjudica seriamente a todo el sector industrial español, pues nuestro país no dispondrá de ninguna capacidad productiva de aluminio primario y, como se demostró en esta pandemia, depender de terceros países para tener este suministro industrial fundamental conlleva no garantizar el abastecimiento de los procesos productivos en sectores claves para nuestra economía como el automóvil, la construcción, la alimentación”, sostiene.

UGT también defiende la intervención de la actividad industrial de Alcoa, tanto del aluminio primario como la planta de alúmina.