Juzgados por subir al balcón de la casa Cornide y protestar

Los activistas del BNG denunciados por la familia Franco por reclamar la devolución de la Casa Cornide han defendido este jueves en el juicio celebrado por esta causa que lo sucedido fue una “acción pacífica” y que en ningún momento tuvieron la intención de entrar en el interior de la vivienda, ubicada en la Ciudad Vieja coruñesa.

Fueron nueve las personas participantes en la protesta que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2017, y están acusados de un delito leve de coacciones. Todos declararon ayer en la sesión celebrada por el Juzgado de Instrucción Número cuatro de A Coruña, en la sala de vistas de la antigua Audiencia Provincial.

En calidad de testigo, el morador de la casa, quien se encarga de su mantenimiento, consideró que a él lo acaecido le parecía una acción “ilegal” al tratarse de una “propiedad privada” y aseguró que la primera vez que la policía les pidió que bajaran “no hicieron caso”.

El hombre declaró que habita la Casa Cornide con su esposa y sus dos hijas y relató que a las 10.00 horas del día de los hechos fue a hacer unas “compras” y cuando regresó “sobre las once” vio a los activistas en el balcón.

“Pedí que los desalojaran”, señaló el varón, quien narró que entró “nervioso” en el inmueble e informó a los propietarios por teléfono.

NO CONTESTARON A LA ACUSACIÓN. Por su parte, todos los denunciados, que no respondieron a las preguntas de la acusación particular, recalcaron que el objetivo de la actuación era “denunciar que existe un inmueble en A Coruña que fue robado durante la dictadura y debe ser propiedad del pueblo gallego”.

Las ocho personas que subieron al balcón han asegurado que “en ningún momento” tuvieron la intención de acceder al interior del inmueble y también manifestaron que desconocen quién colocó la escalera por la que subieron y la otra por la cual bajaron.

“La Policía nos pidió que bajáramos y, mientras tanto, fueron a por la escalera. Cuando la trajeron bajamos”, alegó uno de los acusados en este hecho, Armando Carril.

Otro de los denunciados, Daniel Carballada, manifestó que él no subió al balcón, sino que fue a la concentración celebrada en las inmediaciones en solidaridad de los que habían participado: “Yo ayudé a que bajaran y me vi implicado en esto”, precisó.

Mientras, uno de los agentes de la Policía Nacional que intervino en la protesta declaró en el juicio que los participantes “no” presentaban una actitud agresiva y ha detallado que a las 12.30 horas les pidieron que se bajaran, a lo que estos les comunicaron que esperarían “un poco”.

Entonces, el efectivo habló por teléfono con uno de los nietos del dictador para preguntarles “si podían bajar por dentro del domicilio”, a lo que este le respondió que no. Finalmente, según el relato del policía, se fueron a las 13.20 horas con la ayuda de una escalera apoyada en la fachada.

PRECISIONES SOBRE LA DEMANDA INTERPUESTA. En la vista oral, el abogado de la defensa ha argumentado que el delito de coacciones “exige una denuncia expresa” y ha justificado que la familia Franco “nunca impuso” una demanda por ese delito, pues los acusaban de allanamiento de morada y de un delito de odio, los cuales fueron desestimados.

También ha intentado aportar como prueba un informe del historiador Carlos Babío y se ha escudado en el “anacronismo histórico” que a su juicio supone que la Casa Cornide continúe en manos de los herederos del dictador. A esto, el juez le exigió no hacer “un mitin político” y denegó la referida prueba.

Por su parte, el letrado que representa a los descendientes de Franco ha concluido que el fin de la protesta era el de “provocar y coaccionar a los propietarios” para que renuncien a la propiedad.

El juicio, que ha estado precedido por una concentración de decenas de personas ante la sede judicial en solidaridad con los denunciados, quedó visto para sentencia.