La Comisión de la Competencia gallega ve posibles ayudas de Estado en la AP-9

La autopista AP-9 tuvo este martes un día con curvas a nivel político. Por una parte, fue protagonista en el Parlamento do Hórreo, donde el intento del BNG de acordar una resolución para reprobar “a los gobiernos que aprobaron las prórrogas” a la concesionaria resultó frustrado.

Por otra, un informe de la Comisión Gallega de la Competencia, considera “excesivas” las compensaciones a Audasa, concesionaria de la autopista, por las obras de ampliación en los accesos a Vigo y a Santiago.

Este documento, que la Xunta remitió al Ministerio de Transportes ve en esta compensación, aprobada por el Real Decreto 1733/2011, “posibles ayudas de Estado”. La comisión detalla que Audasa percibiría una compensación "muy superior" a la aportada por la financiación de las obras.

El escrito se acompaña del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Galicia en mayo del 2020, que señala que los incrementos de peaje autorizados a la concesionaria para compensar por la ejecución de las obras de ampliación de la capacidad son "nulos de pleno derecho".

A este respecto, la Xunta de Galicia demanda al Gobierno central la revisión de los expedientes que derivaron en las compensaciones otorgadas a la concesionaria a través de los incrementos extraordinarios de tarifas ya aplicados y previstos en el futuro.

Así se recoge en una carta remitida por la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Trnasportes, Sergio Vázquez Torrón.

La dirigente autonómica insta además al Gobierno a la convocatoria urgente de la Comisión de la AP-9 para abordar, entre otros asuntos, el informe de la Comisión Gallega de la Competencia y el dictamen del Consultivo.

“Cada vez es mayor la ingeniería creativa de los Estados para tratar de evitar la obligación de tener que comunicar una ayuda como ayuda estatal”, advierte entre los 14 puntos de las conclusiones del informe, que señala que “con los datos facilitados, se podría considera como excesiva” la aprobación de las compensaciones y España tendría que haberlas comunicado a la Comisión Europea.

La conselleira avisa de que los “sucesivos incrementos” de las tarifas, junto con los que están previstos para el futuro y que pagarán los ciudadanos de forma directa o indirecta, “están generando una pérdida de competitividad muy considerable”.

“Aun con las bonificaciones implantadas y, sobre todo, por la insuficiencia de las mismas para los vehículos pesados, las tarifas de la AP-9 encarecen el coste de la movilidad para los ciudadanos y transportistas gallegos, al tiempo que causan el desvío a las carreteras convencionales de tráfico que podría circular por la AP-9, con la consiguiente reducción de la seguridad vial”, apunta.

En la misiva, avisa de que esta cuestión “sigue siendo motivo de enorme preocupación” en el Gobierno gallego, ya que se trata de la principal vía de comunicación, que vertebra el territorio en el que vive el 60 por ciento de la población de la comunidad.

División en la Cámara. De vuelta al Pazo do Hórreo, el pleno rechazó una iniciativa del Bloque para pedir a la Xunta que demande del Gobierno estudiar "las vías para la anulación de las prórrogas concedidas de manera ilegal, así como los mecanismos para la devolución de los peajes cobrados ilegalmente" en la AP-9. El PPdeG votó en contra de esta iniciativa, mientras que el PSdeG se abstuvo tras criticar ambos partidos la actitud del Bloque Nacionalista.

La proposición no de ley nacionalista también establecía como resolución “reprobar a los gobiernos que aprobaron las prórrogas de la AP-9 que la Comisión Europea considera ilegales, y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar por parte de la administración general del Estado”. Después de que Bruselas abriese expediente contra España en septiembre por prorrogar la concesión sin concurso público, el diputado del BNG Luis Bará consideró que esta iniciativa es “oportuna” ya que el Gobierno central tiene dos meses para presentar sus alegaciones.

Aseguró en esta sesión que la actuación de los sucesivos Gobiernos centrales sobre la AP-9 “está bajo sospecha” e incluso “bordea la prevaricación y el fraude de ley” y, en concreto, la prórroga de la concesión hasta 2048 y la posterior privatización de Audasa hecha por el Gobierno de Aznar, que fue “un gran pelotazo y una estafa”.

Para el diputado del PPdeG Diego Calvo la iniciativa del BNG es “oportunista, demagógica y precipitada”, mientras que la diputada socialista Patricia Otero la atribuyó a un intento de los nacionalistas de “sacar tajada política”.

Otero recriminó a Bará que haga una “mezcolanza” de todas la prórrogas cuando la Comisión Europea “solo cuestiona” la del Gobierno de Aznar y no las de Gobiernos socialistas, además de que pretende dar “falsas expectativas” al plantear recuperar la concesión y los peajes, algo que es “bastante complejo”.

Calvo, por su parte, argumentó que la prórroga se realizó para poder ampliar la autopista hasta Ferrol, tras el accidente de la plataforma Discoverer Enterprise que rompió el puente das Pías, y que el incremento de período concesional “es algo habitual” por parte de todos los gobiernos, incluso en ayuntamientos del BNG.

Pero Bará insistió en reclamar tanto a PSdeG como a PPdeG que se posicionen y digan claramente “si están a favor de los intereses de Galicia o se ponen la camiseta del Gobierno central de turno”.