La dispersión poblacional le cuesta a Galicia más de 500 millones

La comunidad gallega soporta una dispersión poblacional muy alta, un factor que caracteriza a Galicia y la singulariza en España. Pero esta hecho representa un sobrecoste para las arcas públicas, que la Xunta calcula en más de 500 millones al año, más del doble de los que aporta el sistema. Así lo aseguró este miércoles el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, en su comparecencia en la comisión no permanente especial de estudio para abordar la propuesta de Galicia sobre la reforma del sistema de financiación.

Así, Corgos señaló que la dispersión es un factor exclusivo gallego, pero que sin embargo pero que sin embargo acerca a Galicia a la realidad de muchos países de Europa. El conselleiro, de esta forma, explicó que el hecho de que la comunidad tenga la mitad de todos los núcleos de población de España hace que la prestación de los servicios públicos necesite una mayor necesidad de gasto que en ninguno otro territorio. De esta forma, recordó que “el peso del número de centros de salud que tiene Galicia es más del doble que su población, que tiene un 10% más de maestros por alumno o que es la comunidad que más gasta en transporte escolar”.

De esta forma, sobre la posición gallega en el nuevo sistema de financiación, Corgos indicó que debería de ser “un reparto que refleje el coste de los servicios en cada territorio”, garantizando la estabilidad. Así, el conselleiro explicó que las comunidades tienen un peso muy importante en el gasto de las Administraciones Públicas, por lo que la Xunta entiende que debería haber “una redistribución de los recursos en base al coste de las competencias asignadas”.

También debe incluir “una variable que refleje el coste de los servicios en cada territorio, en el que resulta de vital importancia la variable de población ajustada”. El sistema también debe “garantizar la autonomía fiscal”, ya que Galicia “aspira a seguir ejerciendo su autogobierno, que es la mejor garantía de una autonomía financiera efectiva”, explicó Corgos. Más que una ampliación del porcentaje de tributos cedidos reclamó que se haga una “cesión efectiva” del 50 % del IRPF y el IVA ya que la que se hace ahora es equivalente al 35 % por los ajustes con el Fondo de Suficiencia.

Finalmente, aseguró que la Xunta propone “eliminar fondos para simplificar el sistema; transparentar el acuerdo y los resultados del modelo, con una lealtad institucional efectiva y con una capacidad de control efectivo por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera” ( CPFF); la participación de Galicia en la gobernanza de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); y que además, el sistema debe garantizar una financiación estable a lo largo del tiempo.

EL BNG DEMANDA UNA PROPUESTA CON “AMBICIÓN DE PAÍS”

Por su parte, los nacionalistas critican que la Xunta no tenga modelo de financiación e insisten en una propuesta con “ambición de país”. La réplica al conselleiro corrió a cargo de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien criticó que solo quedara claro que el Gobierno de Feijóo no tiene modelo de financiación para Galicia o, cuando menos, no lo explica en sede parlamentaria. Insistió en su intervención en que la posición del BNG es que Galicia tenga el control del 100% de sus recursos a través de un concierto económico, “apostamos por responsabilizarnos del nuestro y defendemos un modelo desde la confianza y con ambición de país, rompiendo con el tópico de que vivimos de la solidaridad del Estado”.

Entre otras propuestas, los nacionalistas abogan por ampliar hasta lo 90% el porcentaje de la cesión del IVA y del IRPF, reclamar el impuesto de sociedades, que tributen en Galicia las empresas que tienen actividad productiva en ella y avanzar en una fiscalidad verde para luchar contra la emergencia climática.

Igualmente, en relación a la cuestión de la distribución de los recursos de un modelo de financiación futura, debe tenerse en cuenta el coste de la prestación del servicio, algo que no se está cumpliendo. De hecho, el peso de la población ajustada de Galicia sobre las CCAA de régimen común “cayó del 7,59% de 1999 hasta un 6,56% de 2020, sin que responda la ninguna lógica puesto que la prestación de servicios como la sanidad, educación o la dependencia son precisamente más costosos” debido al alto nivel de dispersión y a la población muy envejecida.

El nacionalismo gallego defiende un “cambio en la ponderación de criterios como envejecimiento, que debería pasar del actual 8,5% al 15%; la dispersión, que apenas computa un 0,6% y debería aumentarse hasta lo 4,2%,o que se que se incluyan nuevas variables como la de la emigración, por el coste que implica la prestación de servicios a residentes en el exterior, así como las características geográficas y ambientales de un territorio condicionado por 1.200 kilómetros de costa, o el hecho de tener una lengua y cultura propias que debe ser objeto de mejor atención en la financiación para contribuir su plena normalización”, indicó Pontón.

EL PSDEG CRITICA QUE SE REBAJEN IMPUESTOS A LAS RENTAS MÁS ALTAS

En el caso de los socialistas gallegos, su portavoz adjunta, Begoña Rodríguez Rumbo, aseguró en la comisión del Parlamento que la Xunta emplea la autonomía fiscal para rebajarle impuestos a las rentas más altas, reduciendo los recursos de la Administración, en vez de reforzar los servicios públicos, y la acusó de esconder que usan la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para “bajarle apenas un euro a las rentas medias, mientras rebajan 500 euros anuales a las rentas de más de 60.000 euros y suprimen el tramo de más de 100.000”.

Además, Rodríguez Rumbo utilizó los últimos informes de Cáritas e Intermón-Oxfam, que evidencian que la pandemia agravó la dualidad social, incrementando las rentas de los que más tienen y aminorando las de aquellos que menos tienen. Señaló al impacto negativo de la crisis generada por la pandemia en concreto en la “clase trabajadora pobre, que no llega el fin de mes a pesar de tener trabajo, creada durante los gobiernos de Rajoy, y que sigue existiendo también en Galicia”.

Finalmente, la portavoz de los socialistas señaló que el objetivo último es actualizar un sistema de financiación autonómica fundamental para gestionar y “recuperar unos servicios públicos universales, gratuitos y de calidad”. Recordó que mientras la Xunta protesta por la financiación del ciclo del agua, olvida que le está derivando a las administraciones locales competencias de su responsabilidad, como el servicio de ayuda en el hogar, las escuelas infantiles, empleo, industria o el mantenimiento de los centros educativos y de salud.