La espera para resolver las solicitudes de dependencia en Galicia son 365 días

Galicia es una de las comunidades autónomas en las que más largas son las esperas para resolver las solicitudes de dependencia. Más concretamente, el número medio de días que ha tenido que esperar una persona desde la solicitud hasta la resolución de la prestación en el segundo trimestre del año son 365, exactamente un año.

Son datos del IMSERSO, a 30 de junio de 2022 y relativos a cuatro trimestres, que han llevado al grupo de expertos que por encargo del Ministerio de Derechos Sociales ha evaluado el sistema de atención a la dependencia (SAAD) a calificar una vez más la lentitud del proceso como el principal problema que ha afectado al procedimiento de acceso al sistema desde sus inicios.

Los datos evidencian que en Galicia el tiempo de espera hasta la resolución de la prestación es, de media, un año. Con todo, esta cifra es mejor que la del primer trimestre de 2022, cuando el período medio de espera alcanzó los 381, y también que las de 2021, en el que en el cuarto trimestre del año hubo una espera media de 389 días, y en el tercero, 391. En total, en los últimos doce meses, Galicia suma una espera media de 383 días.

La quinta ccaa con peores tiempos. En la totalidad del Estado, Galicia tiene tiempos de espera más reducidos que Canarias, donde alcanzó los 1.080 días; Andalucía, con 544; Murcia, 478; y Extremadura, 389, lo que la sitúa como la quinta en la que más se tarda en emitir la resolución. Cataluña (324 días) y la Comunidad Valenciana (316), están justo después.

Un aspecto positivo a tener en cuenta sobre el sistema de atención a la dependencia en a la autonomía gallega es que, en comparación con el primer trimestre de este año, los tiempos de espera se han reducido mientras que en España han aumentando en un total de 5 comunidades: Canarias (99 días más), Castilla y León (76), Baleares (47), Cantabria (45) y Madrid (31), además de Melilla (27 días).

Según los resultados de la evaluación del SAAD, los expertos apuntan a que estos retrasos son debidos a las rigideces del propio procedimiento, la participación “de demasiados actores mal coordinados”, la insuficiencia de medios humanos y materiales y la falta de oferta suficiente de servicios.

Los servicios y prestaciones no se ajustan suficientemente a las necesidades de los dependientes, tanto por su escasa intensidad y calidad, sino también por la propia limitación del catálogo de prestaciones y servicios, definido hace 16 años, detalla el documento coordinado por Gregorio Rodríguez Cabrero y Vicente Marbán Gallego.

“La cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia”, por lo que se propone introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad.

Dependencia familiar. El 80 % de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones con cuidados informales o servicios contratados de forma particular. “Esta realidad señala con claridad la necesidad de seguir aumentando la cobertura del sistema con la ampliación y reforma del catálogo de prestaciones y un mayor compromiso financiero por parte del sector público”, diagnostican.

Además, los cuidados familiares siguen siendo la columna vertebral: el 69,8 % de las personas en situación de dependencia son atendidas única y exclusivamente por la familia, sin participación de ningún otro recurso del entorno. El 27,3 % de las cuidadoras familiares son hijas y el 24,3 % cónyuges, mayoritariamente esposas.

En España, el gasto de las prestaciones de dependencia alcanzó en 2021 casi 10.000 millones de euros, 8.321 euros al año por dependiente. Esta inversión social beneficia a mediados de 2022 a casi un millón y medio de personas incluidas en el sistema y supone el 0,82 % del PIB, “lejos del objetivo marcado en la memoria económica de la ley, que señalaba el 1 %” y de los estándares de los países más desarrollados de la UE.